Ante el cúmulo de pruebas y testimonios recogidos, la Jefatura de la Policía de Misiones ordenó el relevó del segundo jefe de la Unidad Regional II, comisario mayor Mario Olivera, sospechado de cometer serias irregularidades.
El citado oficial superior fue notificado ayer de su traslado a la jurisdicción de San Vicente. Dicha medida pretende evitar cualquier tipo de interferencia en la instrucción del sumario administrativo en marcha, explicaron fuentes del caso.
Según averiguó El Territorio, se lo investiga por el supuesto cobro de coimas a conductores y transportistas, entre otras irregularidades. En tal sentido, anticiparon que la causa sería elevada a la Justicia de Instrucción Penal.
En tanto, un suboficial que cumplía tareas en la Dirección de Seguridad Vial fue trasladado a San Pedro. El sumario avanza sobre las presuntas responsabilidades que les corresponderían a otros efectivos de la fuerza.
Tal como viene informando este diario, la investigación interna se disparó luego del allanamiento del taller de un armero en Villa Torneus, donde dieron con varias armas, algunas de las cuales fueron identificadas por víctimas de robos perpetrados en las colonias.
En su defensa, el armero aseguró que varias de los elementos secuestrados eran propiedad de policías amigos, lo que luego corroboró con fotografías que prueban una manifiesta relación.
Asimismo, se probó que un efectivo de Seguridad Vial -ahora trasladado- vivió un tiempo en la casa del armero cuando tuvo problemas maritales.
Además, una hija del armero denunció que luego del allanamiento, su padre habría sido intimidado por algunos de los implicados. “El día que le detuvieron, uno de sus amigos que trabaja en la policía caminera le llevó un colchón y nos dijo que mi papá iba a salir enseguida, que estaba todo bien. Él mismo comentó que le dijo a mi papá que tenía que declarar que sólo arreglaba armas, pero que no tenía que nombrar a nadie”, dijo.
Probada la relación con los policías, la situación de estos últimos podría tener derivaciones judiciales puesto que el armero trabajaba en la informalidad absoluta y en su taller se hallaron elementos que fueron robados.
En este punto, fuentes del caso mencionaron que “como mínimo podrían ser imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, que en este caso sería saber que alguien tiene algo ilegal y no actuar, lo que es grave”.
Durante el allanamiento se secuestraron 14 armas de distintos calibres y 124 cartuchos, elementos que fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción Uno. Entre los elementos secuestrados en el taller de Antonio B. (63) se hallaron casquillos percutidos de pistola 9 milímetros, el arma reglamentaria de la Policía.
La presunta conexión de los uniformados con el mundo del hampa comenzó a desatarse a partir del seguimiento de un efectivo que cumplía tareas en Seguridad Vial, quien está sospechado de vender chalecos de la Policía.
Las pesquisas habrían ubicado al suboficial en medio de una transacción en una localidad del Alto Uruguay. Fue así que se trazó un vínculo con el propietario del taller allanado. Ahora, con el sumario en marcha surgen sospechas de la existencia de un aceitado sistema de coimas a conductores y transportistas; venta de armas y hasta fiestas con mujeres en una dependencia oficial.

Fuente:

TERRITORIODIGITAL

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