Con la idea que no se repita la historia, los concejales aprobaron el acuerdo firmado entre la Municipalidad y la Cooperativa Eléctrica. Ahora el acuerdo firmado y aprobado por los ediles deberá ser ratificado ante la justicia, tal cual lo habíamos adelantado la semana pasada.
El acuerdo que implica compensación de deudas y finalización de litigios, se originó en su momento por cuestiones políticas y más que nada por intereses personales, dejando de lado los valores cooperativos y el respeto institucional. Dicho accionar causó daños a ambas instituciones, no solo en la imagen, también en lo económico. En todo este conflicto, por ejemplo, la CELO perdió un juicio a favor del municipio, que si bien se logró un acuerdo sobre el particular, la cooperativa deberá abonar honorarios por tres millones de pesos que podrían ser destinados a otras cuestiones, como la ampliación de la red de agua potable entre otras cuestiones. En definitiva nadie ganó nada, perdimos todos, salvo los abogados, claro está.
Es elogiosa la actitud asumida por el municipio y por la Cooperativa Eléctrica de acordar y dar por finalizado el conflicto para así ocuparse de los temas que en verdad le preocupan a los socios y contribuyentes del municipio, pero será fundamental y necesario que no vuelvan a ocurrir este tipo de enfrentamientos y tratar de evitarlos, porque los que quisieron ser protagonistas, sin dudas lo fueron, pero de un conflicto que debería darles mucha vergüenza.
En su momento el conflicto se originó desde la conducción de la CELO con la idea de dañar la imagen política del entonces intendente Ewaldo Rindfleisch, en el período en que estuvo fuera del oficialismo. Primaron los intereses personales y políticos que enceguecidos por el odio, provocaron que no se midieran las consecuencias económicas ni institucionales, y que no eran desconocidas, pero como el que termina siempre pagando es el socio o el contribuyente, nada importó más que el conflicto con la intención de dañar, pero se causó mucho daño institucional injustificadamente.
Con todo lo sucedido, es fundamental que todos aquellos que asuman algún tipo de responsabilidad institucional recuerden que las instituciones están por encima de los intereses personales y políticos, que lo que están administrando no le es propio y de allí que la responsabilidad que se debe asumir es mucho mayor, porque las culpas las pagan todos.
Y es siempre necesario recordar que los hombres pasan y las instituciones quedan, pero sería más que fundamental que esas instituciones no queden destruidas por disputas personales.
Prudencias con expectativas
Más allá del parate económico y la preocupación de los actuales índices económicos presentes y a futuro, la preocupación de las administraciones es que las cuentas cierren sin mucho déficit y así arrancar el próximo año con mejores perspectivas y con prudentes expectativas.
El próximo año será un año clave para el gobierno nacional porque se someterá a su primera evaluación electoral cuando se elijan diputados y senadores nacionales. El resultado electoral marcará la aprobación o no del rumbo político económico encarado por el gobierno nacional. También será una evaluación para los gobiernos provinciales, entre ellas la que encabeza el gobernador misionero Hugo Passalacqua, quien a pesar de las dificultades económicas, hábilmente fue llevando estos primeros meses de su gestión sin sobresaltos, mostrándose prudente en todo sentido, pero también preocupado y ocupándose de los problemas que fueron surgiendo en este nuevo tiempo económico, y que afectó a varios sectores de la economía misionera, cuya resolución dependen de medidas del gobierno nacional.
Passalacqua siguió en la misma dirección fiscal de no gastar más de lo que se recauda en la provincia y sin tomar deuda, más allá que lo podría haber hecho.
Para ubicarnos en el actual contexto económico a nivel nacional que repercute en la provincia y en los municipios, es preciso repasar algunos indicadores económicos. Los últimos relevamientos inflacionarios arrojaron como resultado que para los hogares asalariados de menores ingresos, la variación acumulada de precios fue del 52 por ciento anual, mientras que para los de mayores ingresos, fue del 41,2 por ciento para el mismo período, lo que indica claramente que la inflación castiga a los sectores de menores ingresos, puesto que las pautas de aumentos salariales rondaron entre un 25 y 30 por ciento.
Para el próximo año el gobierno nacional prevé un 17 por ciento, que seguramente termina siendo superior al proyectado, lo que representa que no puede, no quiere o no sabe cómo controlar los precios. En esa dirección el Ministro de Hacienda del gobierno nacional Alfonso Prat Gay, anticipó que el Presupuesto 2017 contempla una pauta de crecimiento del 3,5 por ciento real para ese período y un déficit fiscal del 4,2 por ciento.
La última medición inflacionaria del mes de agosto dada a conocer del 0,5 refleja una desaceleración de la inflación, producto del enfriamiento de la economía, que por efecto de la pérdida del poder adquisitivo hizo disminuir los niveles de la demanda de bienes y servicios. Y las expectativas inflacionarias para el próximo año se ubican en un 1,5 por ciento mensual.
Las expectativas económicas para el próximo año electoral son muy diferentes, pero seguramente seguirán marcando el camino de la prudencia, pero con la urgencia de que la economía comience a moverse y a generar principalmente empleo y mejores ingresos.
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