Enormes muestras de solidaridad despertó la difusión del caso de los siete hermanitos en estado de vulnerabilidad que residen en una precaria casilla asentada sobre un espacio verde en Villa Cristen de esta localidad.
Comerciantes, vecinos, jóvenes y organizaciones sin fines de lucro se preocuparon por el estado de los niños y comprometieron asistencia, lo mismo que docentes de la Escuela 288, donde iniciaron una campaña para recolectar donaciones.
La historia motivó un proyecto de comunicación presentado en la Legislatura Provincial. Asimismo, desde la propia Gobernación se contactaron con este medio para conocer en detalle la situación de los menores y canalizar la ayuda de la mejor manera.
En principio, bajaron directivas para que la Municipalidad se haga cargo de la construcción de una vivienda de emergencia para los chicos y su madre, en tanto la Justicia de Familia decidirá los pasos legales a seguir.
Tal como publicó este diario en la víspera, el 11 de junio pasado una docente de la Escuela 288 alertó de la situación a la Línea 137, lo que derivó en una denuncia policial por violencia y abandono contra la progenitora.
Ayer, una asistente social de la Justicia corroboró la situación de extrema vulnerabilidad en que se hallan los menores, tras lo cual se giró las actuaciones a la defensoría para que inicie una acción de protección integral.
“Ahora la situación debe ser abordada por la Municipalidad, la encargada de contener a los niños. Pero si la situación se prolonga más de 180 días se debería decretar el estado de pre adoptabilidad de los menores”, explicaron.

Habló la madre
Entre las posibilidades que se barajan, siempre y cuando la madre no esté en condiciones de sostener la custodia, los menores de doce años podrían ser alojados transitoriamente en el Hogar Mitay.
Los chicos tienen 17, 14, 11, 10 y 9 años, y las nenas 5 y uno. Ayer, en diálogo con El Territorio, Rosa Morel (40) explicó que la situación familiar comenzó a derrumbarse en octubre del año pasado, cuando detuvieron a su concubino.
El sujeto está acusado de violar a la hija mayor de Morel, hecho que se habría producido años atrás, cuando la joven era menor de edad.
“Yo no creo que él abusó de mi hija, que es hijastra de él. Ella ya tiene 21 años, tiene pareja y un hijo, pero el año pasado le denunció al padrastro y está preso desde entonces. Ahí me mudé a Campo Viera con mis hijos, pero no pude pagar el alquiler y volvimos en febrero”, detalló.
La mujer percibe la pensión de madre de siete hijos, monto que asciende a 4500 pesos mensuales. Para instalarse en el terreno que ocupa tuvo que pagar mil pesos, más 500 para que la ayuden a construir la precaria vivienda.
“Yo no puedo trabajar porque mis nenas son chicas. Mi hijo mayor va a tarefear, pero gana poco y no podemos pagar un alquiler. En estos meses fui varias veces a la Municipalidad a pedir un corte de casa, pero me decían que no hay”, aseguró Morel.
Reconoció que tiene problemas de salud por la humedad del lugar donde reside junto a sus siete hijos. Duermen hacinados sobre un par de colchones amontonados, no tienen una sola silla, cocinan sus alimentos a la intemperie y usan el monte como baño.
Morel reconoció que muchas veces deja solos a los varones, pero aseguró que siempre regresa para la noche. Ahora, la Justicia deberá analizar el caso a fondo y decidir el destino de los chicos.

Fuente:

Territoriodigital

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