“Todos los días pienso en mi hijo, que tenía apenas 14 años y toda la vida por delante. Él y sus compañeros no van a volver, pero queremos que se haga justicia y que esto no le vuelva pasar a nadie. El tarefero siempre fue explotado y olvidado, y no puede seguir pasando”, comentó Jorge Da Silva Rodríguez, padre de Lucas (14), uno de los ocho fallecidos en la tragedia de Salto Encantado.
Hoy se cumplen tres años del hecho que significó un quiebre en la legislación laboral del sector más vulnerable de la cadena yerbatera, aunque los controles exhiben limitaciones y los reclamos persisten.
La tragedia costó las vidas de Fabián Da Silva (23), Fernando Piñeiro (13) y su papá José Francisco Piñeiro (42); Lucas Da Silva Rodríguez (14), Edgar Ferreira (17), Luis Godoy (33), Miguel Miranda (55) y su hijo Hugo Franco (33).
En diálogo con El Territorio, Da Silva Rodríguez aseguró que su hijo fue a tarefear “porque le presionaron. Había sacado un vale de 150 pesos adelantado y querían que trabaje para pagar. De eso me enteré a los pocos días. Él se fue sin permiso, cosa de gurisada, pero los grandes sabían que era una criatura y le llevaron junto igual”.
Por su parte, Juan Pedro Miranda, hermano de Miguel y tío de Hugo, ambos muertos, lamentó que “las leyes no se cumplen y por eso pasan estas cosas, porque no es la primera vez que mueren compañeros en las rutas”, en alusión al accidente de Aurora, en octubre del 2000, donde murieron cuatro tareferos.
El hombre contó que a las 9 de la mañana de aquel fatídico lunes 17 de junio del 2013, el camión de la tragedia pasó frente a la comisaría de Villa Bonita cargado con tareferos, pero “no hicieron nada, siendo que está prohibido”.
Recordó que su hermano tenía cinco hijos y su sobrino cuatro.

Problemas de freno
Con relación a la causa judicial, se hallaron elementos para imputar al chofer Julio César F. (38) por el delito de “homicidio culposo agravado por accidente de tránsito”.
Por su parte, el contratista Héctor Fabián M. (28), hermano del chofer, fue imputado por el delito de “explotación de menores”, al igual que el empresario Dante L. (40), a cuyo secadero en Colonia Guaraní había sido destinada la materia prima que se pretendía cosechar.
Además del trasladar al personal en la planchada del camión, incluidos una decena de menores, lo que contradice todas las normas vigentes, luego del accidente se supo que el rodado presentaba fallas mecánicas.
Incluso, el propio capataz declaró que el Ford tenía problemas de freno que habrían sido minimizados por el chofer.
“El camión venía frenando mal porque tiraba para un lado. Entonces paramos en un taller, a una cuadra más o menos de la ruta, y ahí ajustaron algunas cosas, según mi hermano. Y nuevamente seguimos”, detalló el imputado.
Al respecto, Da Silva Rodríguez confirmó que “en Villa Bonita todos sabemos para quién trabajaba el chofer. Declaramos en el Juzgado y en el Ministerio de Trabajo, y saltó el mismo nombre. Esperemos que la Justicia investigue a fondo y los responsables paguen, porque se perdieron ocho vidas”.
Habría pruebas y testimonios suficientes para corroborar hechos de explotación laboral y trabajo infantil.
En tanto, a partir del testimonio de sobrevivientes, se confirmó que eran dos los camiones que partieron desde Villa Bonita repletos de tareferos con el mismo destino y similares condiciones de precariedad.
Luego del hecho, el gobierno de la Provincia fijó una pensión para las familias de las víctimas, quienes lamentaron que el pago se viene cumpliendo con intermitencia.

Fuente:

Territoriodigital

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