comisaria villa bonitaEstaba previsto que el debate oral se realice en dicha sede policial, a pocos metros de la celda donde murió la víctima. La querella mostró su disconformidad, ya que entienden que sería “revictimizar a los deudos”.

Los abogados de la querella que representa a los familiares de Hugo Miguel Wasyluk (38), hallado muerto en una celda de la Seccional Primera el 27 de abril del 2011, rechazaron de plano la posibilidad de que el juicio oral y público se realice en dependencias de la Unidad Regional II de Policía, ya que los trece acusados del crimen pertenecen a la fuerza.
Incluso, el salón de usos múltiples de la UR II es lindero al patio que da a las celdas de la Seccional Primera, por lo que el juicio se llevaría a cabo a sólo metros de donde se produjo el homicidio.
En consecuencia, para los querellantes, “dicha situación sería como revictimizar a los deudos de Wasyluk, que ya sufrieron demasiado y merecen un escenario más acorde a la situación”, opinó Rafael Pereyra Pigerl, quien junto a Romeo Schwengber representan los intereses de la familia de la víctima.
Asimismo, en diálogo con El Territorio anticipó que propondrán como sede del debate las instalaciones del Escuadrón 9 Oberá de Gendarmería Nacional, que dispone de un auditorium que garantizaría las medidas adecuadas a las exigencias de seguridad y espacio que requiere un juicio de tales características, precisaron.
Las autoridades judiciales ya analizan el pedido de la querella y se presume que avalarán el cambio de sede del debate.
En tanto, culminada la instrucción del caso y presentado el requerimiento de elevación a juicio, actualmente las partes se encuentran en la etapa de ofrecimiento de pruebas y estiman que el debate oral y público podría comenzar en junio.
El homicidio de Wasyluk constituye un caso emblemático de la brutalidad policial en la provincia de Misiones, al punto que trece funcionarios -incluido el médico de la fuerza- fueron procesados por los delitos de “tortura seguida de muerte, omisión de denuncia de torturas e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Schwengber, ex integrante del Tribunal Penal Uno, explicó las diferencias entre la figura más conocida del actor civil, que “sólo tiene un rol protagónico a los fines resarcitorios y no puede pedir pena. En cambio, el querellante puede pedir la sanción penal”.
Hasta la incorporación del querellante el ejercicio de la acción penal estaba reservado exclusivamente al Estado a través del ministerio fiscal.
“El querellante estaría controlando al ministerio fiscal y la relevancia que toma en este caso en particular está dada en que dificultaría que se concrete esa impresión que tiene la sociedad sobre ciertos favoritismos para hijos del poder o injerencias políticas”, remarcó.

Trece al banquillo
Desde un primer momento, los más implicados en la muerte de Wasyluk fueron el sargento Pedro De Mattos, del cabo Carlos Antonio Gómez y el agente Ricardo Javier Rodríguez, sobre quienes pesa la carátula de “tortura seguida de muerte”.
Los tres cumplían funciones en la Comisaría de Villa Bonita y fueron quienes redujeron y detuvieron a la víctima la noche del 25 de abril.
Para la Justicia, fueron los responsables de propinarle el mayor castigo a Wasyluk. Los tres fueron liberados en mayo del año 2014 luego de abonar una caución de 50 mil pesos cada uno, puesto que estuvieron detenidos tres años, lapso mayor al que estipula la prisión preventiva. Por ello esperan el juicio en libertad, como los demás implicados.
Según consta en el expediente, luego de varios meses detenido, el agente Rodríguez decidió romper el silencio y contó con detalles cómo golpearon a Wasyluk. Incluso, reconoció que estaba amenazado por sus propios camaradas.
Por el mismo hecho, están procesados Jorge Antonio Heijo y Wilson Ricardo González, acusados del delito de “omisión de denuncia de torturas e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
En tanto, Miguel Ángel Espíndola, Hugo Ariel Basaraba, Carlos Ariel Lentini, Andrea Rosana Harasimezuk, Alejandro Fabián Núñez, Luis Alberto Silva, Gustavo Javier Fontana y el médico policial José Orlando Morales fueron imputados por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
Según consta en la autopsia, la causa de la muerte de Wasyluk fue “un shock hipovolémico y asfixia por aspiración de líquido intestinal”. Sufrió una hemorragia masiva que impidió que su corazón pueda bombear suficiente sangre al cuerpo y sus órganos dejaron de funcionar. A consecuencia de ello aspiró su propia materia fecal.
El cadáver presentaba “múltiples lesiones traumáticas a nivel torácico de tipo compresivas, producidas con gran peso”, ocasionadas por el terrible castigo que sufrió estando esposado.

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