Miguel Ángel Morales es cuadripléjico y graficó los problemas que afronta al trasladarse por las calles de la ciudad. Se siente discriminado por la empresa de transporte urbano.

Para Miguel Ángel Morales (60), el hecho de ser cuadripléjico no resiente en nada su capacidad para reclamar por sus derechos, tanto al acceso al transporte público como la necesaria infraestructura que requiere la ciudad para las personas con discapacidad.
Cabo de Gendarmería Nacional herido en cumplimiento del deber en abril de 1975, desde hace 41 años se moviliza en silla de ruedas y lleva una vida activa, con las limitaciones lógicas que impone su condición.
La semana pasada participó de la Audiencia Pública que trató el pedido de aumento de la tarifa del transporte urbano solicitado por la empresa Capital del Monte.
En la ocasión, Morales lamentó que la prestataria no le brinda el servicio que estipula la ley y se siente discriminado, al tiempo que solicitó la rescisión del contrato de concesión.
“La empresa no dispone de colectivos adaptados para personas con discapacidad y es un claro acto de discriminación hacia mí y todos los ciudadanos de Oberá que estamos en silla de ruedas”, subrayó.
En consecuencia, solicitó la “rescisión del contrato de concesión porque no cumple con las leyes de protección a las personas discapacitadas y ancianos. La empresa cree que está por encima del Ejecutivo, del Concejo Deliberante y de la comunidad y hace lo que quiere”.

Sin rampas
En diálogo con El Territorio, mencionó que la Ley Nacional de Discapacidad establece que desde el 2002 todos los colectivos urbanos deberían estar adaptados para el ascenso y descenso de sillas de ruedas.
“Pero acá compran colectivos usados, con escalones de 20 centímetros que son imposibles de subir para muchos ancianos y discapacitados, y ni hablar de personas que se movilizan con sillas de ruedas”, agregó.
Otra lucha del vecino pasa por el estado de las veredas de la ciudad, la mayoría de las cuales carecen de rampas.
En tanto, mencionó que la mayoría de los comercios y organismos tienen escaleras imposibles de sortear para personas con discapacidad.
Incluso citó que “la rampa de ingreso a la Municipalidad es muy angosta y tiene mucha pendiente, por lo que es un peligro con la silla. El año pasado mandé notas, nunca me contestaron”, lamentó.
Para graficar el grado de indefensión en que se encuentra, mencionó que desde su casa -sobre calle Finlandia- tiene que hacer 25 cuadras por la calle hasta encontrar una vereda en condiciones para transitar con la silla de ruedas.
Y si tiene que hacer un trámite en el escuadrón de Gendarmería, está obligado a movilizarse por el asfalto de avenida Libertad, con el riesgo que ello implica.
“Falta control del municipio para que las veredas estén en condiciones y se respeten las leyes”, remarcó.

Fuente:

Territoriodigital

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