Concejales de esta localidad realizaron una sesión especial para hablar con el intendente Miguel Vargas sobre el escándalo protagonizado por éste en la recepción del BOP Nº 1, en la que impidió el decomiso de bebidas alcohólicas. No hubo sanción para el alcalde, pero se aprobó una moción sobre el préstamo de espacios públicos para eventos y se resolvió difundir la Ordenanza Nº 23/16 en los establecimientos educativos.
La reunión fue llamada a último momento el jueves y solamente se citó al intendente, por lo que los ediles sólo escucharon una campana.
En la sesión se decidió redactar una resolución para sugerir a Vargas que elabore un contrato de préstamo gratuito de espacios públicos como el polideportivo local.
Además, los ediles le solicitaron una amplia difusión en los establecimientos educativos de la Ordenanza 23/16 que establece sanciones por consumos de alcohol en espacios públicos.
Llamativamente, los concejales de Guaraní no mostraron intenciones de sancionar al intendente, pero sí destacaron el “gesto” de pedir disculpas por haber avalado la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la recepción.
Por el contrario, marcaron la falla de la jueza de Paz, Mirian Jacquelin Rosciszewski (presente en el evento y protagonista de un entredicho con el alcalde), por no haber sancionado a Vargas, lo cual les impide tomar medidas contra el mandatario, argumentaron.
“Se escuchó el descargo del intendente, de cómo fueron los hechos y coincidimos que fueron todas las partes culpables, es compartido entre los organizadores, una falta de la Policía por no decomisar”, explicó a El Territorio el vicepresidente del Concejo, Dante Lewtak.
La versión del intendente es que arribó a la recepción durante la cena y que las bebidas alcohólicas ya estaban servidas. “Vargas en forma particular no autorizó el consumo de alcohol y le manifestó a la jueza de Paz que se hacía cargo de una botella por mesa, y cuando viene la Policía con intenciones de clausurar, decide intervenir porque los chicos tienen derecho a la fiesta de egresados”, analizó el concejal.
Coinciden los ediles en que no hubo inconvenientes o disturbios, pero señalaron que quieren velar para que a partir de ahora se empiece a respetar la ordenanza.
Hasta el momento los concejales no convocaron a la jueza Rosciszewski para escuchar su versión y tampoco tuvieron acceso a la exposición policial.
Otro actores del conflicto que hasta el momento no participaron de la polémica son los directivos del BOP. “El principal responsable es el director del colegio que no estuvo presente, acá hay dos leyes que se desoyeron, la ley provincial y la ordenanza que se aprobó este año, está prohibido consumir alcohol en espacios públicos como el polideportivo”, había explicado el concejal del PRO, Héctor Fuglistaler.

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