Las dos premisas suenan lindas, pero a la segunda se torna razonable y comprensible, pero es una nueva mentira. Varios países lo han intentado por imposición y con supervisión del FMI, y no solo que no lo han logrado, sino que sus economías se fueron agravando con el paso de los años… Como está sucediendo en la Argentina, que desde el 2015, la economía año a año va dañando la situación de los argentinos, y la culpa la siguen teniendo los gobiernos anteriores, según los argumentos del actual gobierno nacional.
   La mayoría de los estados son deficitarios, porque deben cumplir con funciones fundamentales como ser: salud, educación, seguridad, atender la cuestión social como el caso de las jubilaciones. ¿Alguien se puede imaginar que la salud pública, la educación o la seguridad podrían arrojar réditos económicos? Algún distraído podría pensar que si.
   El objetivo del Gobierno en su último año de gestión, será alcanzar la meta de equilibrio fiscal primario y para lograrlo reducirá partidas para educación, vivienda, obras de infraestructura y desarrollo urbano, como ser cloacas y agua potable. La plata será para pagar la deuda externa contraída por el gobierno que encabeza el presidente Mauricio Macri.  El compromiso del Gobierno, establecido en el presupuesto, es con el FMI, que es la única partida que le ganará a la inflación en el próximo año, que es la del pago de deuda. Así, se estima que para el 2019 la deuda pública representará el 87 por ciento del PBI. El ajuste fiscal del año entrante se hará mitad y mitad, entre baja de gasto y suba de impuestos a empresas, trabajadores, por bienes personales, entre otros.
   Los mayores recortes son en áreas sensibles como la salud, la lucha contra la violencia contra la mujer y las drogas, y Ciencia y Tecnología, educación, etc. No es casual que el gobierno quiera desfinanciar estar aéreas que son sensibles, porque le servirán de argumento para avanzar en la privatización de empresas públicas, tal cual ocurrió en la década del 90, donde se privatizaron empresas como YPF y las jubilaciones, con el argumento que serían para mejorar la salud, educación y mejorar la situación de los jubilados, pero nada de eso pasó, por el contrario empeoró.
   De hecho ya pasó con la farsa del fútbol para todos, se dijo que ese dinero sería para destinarlo a hospitales, escuelas y viviendas sociales. ¿Cuántas se construyeron con ese dinero? Muy pocas, para no decir nada. Solo fue el buen argumento para devolverle al grupo Clarín un millonario negocio.
   El ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, sostuvo orgulloso que «Nunca se había hecho un ajuste de semejante magnitud sin que caiga el gobierno”. Y esto solo se puede lograr con la manipulación cultural y mediática; haciéndole creer a la gente que todo lo anterior estuvo mal, que ahora se están haciendo bien las cosas, pero se deben pagar los costos de haber estado mejor en años anteriores… que vamos a pasar muy mal los próximos meses, pero que es necesario que así sea, para nuestro bien… ¿Y usted le cree?
Indemnización por la inflación
   El bono de fin de año dispuesto por el Gobierno nacional, denominado Compensación Extraordinaria No Remunerativa, es un claro reconocimiento de la pérdida del poder adquisitivo del sector asalariado, que juntamente con el aguinaldo, en la mayoría de los casos le permitirá a los trabajadores ponerse al día con las deudas  que vienen de arrastre, en particular en los servicios públicos y tarjetas de crédito;  pero que debería ser acorde a la inflación, es decir, un doble aguinaldo como mínimo.
   En promedio el sector asalariado tuvo una pérdida de lo que va del año del 7 por ciento del poder adquisitivo, y del 11 por ciento desde el 2015; lo que provocó este año una caída en la actividad económica significativa, y que se agravará el próximo año, de acuerdo a lo admitido por el propio gobierno nacional.
   Es una compensación de 5 mil pesos pagaderos en dos cuotas para los sectores privados y estatales, lo que muchas empresas, PyMES y comercios dudan que puedan cumplir con el decreto presidencial, mas allá de reconocer la urgente necesidad que tenga el sector asalariado de una recomposición de sus haberes. Atento a la alta pérdida del poder adquisitivo por efecto de la política económica inflacionaria del gobierno nacional que direcciona la economía para favorecer al sector financiero dejando de lado al sector productivo y al mercado interno; pagando elevadísimas tasas de intereses a los depósitos a plazo fijos y a las inversiones en bonos del estado, a costa del bolsillo de los sectores asalariados.
   En muchos casos, el bono de fin año obligará a gran cantidad de trabajadores a pagar ganancias, al superar la cifra mínima de 39 mil quinientos pesos, que sumado con el aguinaldo, el estado se quedará con un porcentaje a su favor, perjudicando una vez más al trabajador.
   En el caso de la provincia de Misiones, el Gobernador Hugo Passalacqua, por iniciativa propia y a sabiendas de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del estado misionero, decidió otorgar un monto superior al decidido por el gobierno nacional, el que se abonará con recursos provinciales.  Los empleados públicos misioneros percibirán un bono especial por las fiestas de fin de año por un total de 5.500 pesos, incluidos los mil pesos que se pagaron en octubre, otros mil que se pagarán en noviembre y dos mil que se harán efectivos en diciembre. Ahora, el gobernador Hugo Passalacqua ordenó que la cifra ya anunciada se amplíe con 1.500 pesos que se abonarán en dos tramos: 500 pesos el 29 de diciembre y 1.000 pesos el 5 de enero.
   Las cifras señaladas se acreditarán en las cuentas de todos los empleados públicos de la Provincia: docentes, policías, enfermeros, jubilados, pensionados y retirados; pero no se incluye en el beneficio a los ministros, presidentes de entes del Estado, Gobernador y Vicegobernador.
   Sin dudas es un bono que ayudará al sector asalariado a permitirle pasar las fiestas sin muchas angustias que se generan por las carencias en las fiestas de fin de año; a sabiendas que se viene un año muy duro, de acuerdo a los ajustes del presupuesto nacional y lo que anticipan varias consultoras privadas.
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