La semana pasada los concejales aprobaron por unanimidad el pedido de ampliación del presupuesto solicitado por el ejecutivo municipal por un monto cercano a los 900 millones de pesos, y está previsto que el Concejo Deliberante solicite también la ampliación de su presupuesto al igual que la Defensoría del Pueblo, solicitud presupuestaria que aparentemente sería más del doble que el de la legislatura local, y ahí es donde seguramente surgirán planteos e interrogantes.
El próximo lunes, tal cual lo establece la Carta Orgánica Municipal, el ejecutivo municipal debe presentar antes del 31 de octubre de cada año el presupuesto para el próximo año, o bien solicitar una prórroga para la presentación del mismo. De acuerdo a las estimaciones no superaría el 60 por ciento del actual presupuesto, que podría estar ubicado por encima de los 5000 millones de pesos, siguiendo una pauta provincial. Además con el presupuesto se remitirá la tarifaria, que según trascendidos sería de un aumento que rondaría el 30 por ciento o más. Seguiría el mismo modelo presupuestario de la provincia de Misiones destinado mayoritariamente en la atención social y de la salud, teniendo en cuenta la creación reciente del departamento de atención de la salud y la mayor partida del presupuesto municipal será destinada al pago de sueldos, que sería del 60 por ciento aproximadamente y otro porcentaje no determinado aún a obras de infraestructura.
El Concejo Deliberante solicitaría una ampliación presupuestaria para lo que resta del año de unos 2 millones de pesos, en tanto que la Defensoría del Pueblo estaría solicitando más del doble aproximadamente unos 4,5 millones de pesos; cuestión que en principio llamativa por la cantidad de personal y las erogaciones corrientes del pago de los servicios. Los cálculos aproximados de lo que necesitaría la defensoría para llegar a fin de año seria de 1,8 millones de pesos aproximadamente, y no de la cifra que aparentemente estarían solicitando, cuestión que seguramente la tendrán que argumentar en la solicitud al legislativo local, o bien los concejales deberán solicitar algún tipo de informe o aclaración debido al monto solicitado.
Obviamente se sabe que de alguna manera el presupuesto ejecutado en el presente año se toma como base para el presupuesto del próximo periodo, y además el próximo año es electoral. Más allá de la cuestión electoral se debe tener en cuenta la necesidad de contener los gastos, porque ello termina siempre impactando en los ingresos de los contribuyentes en forma directa.
Veremos como votan los concejales de Juntos por el Cambio, que el año pasado se abstuvieron de votar el presupuesto, incluso el del Defensor del Pueblo, máxime si se tiene en cuenta que Carlos Bernhardt fue electo por el mismo espacio político. En aquella abstención no estaba el concejal Marcelo Gazzo, quien ingresó en reemplazo del diputado Horacio Loreiro, la abstención se había argumentado que se debía a la sanción del nuevo código fiscal que posteriormente, al asumir la intendencia Pablo Hassan, solicitó al concejo deliberante que se deje sin efecto la misma a raíz de la gran polémica que generó la sanción y que sería utilizada como caballito de batalla en año electoral del próximo año.
Otra de las cuestiones que seguramente se verá reflejada en el presupuesto municipal es la que se asignaría para solventar el servicio urbano de pasajeros.

Un buen gesto político
Todos los diputados nacionales por Misiones aprobaron la implementación de zonas aduaneras especiales y un paquete de obras que son necesarias para la provincia. Obviamente que lo hicieron a partir que desde el gobierno provincial se le dio mucho empuje a las cuestiones, incorporadas al presupuesto como banderas de la renovación, y que tuvo una gran difusión periodística y los diputados de Juntos por el Cambio no querían que se les vuelva a enrostrar que volvieron a votar en contra de los intereses de los misioneros como ocurrió anteriormente, además teniendo en cuenta que el próximo año será electoral.
Ahora nuevamente resta esperar que no vuelva a ocurrir como sucedió que luego que se aprobara el presupuesto, el presidente Alberto Fernández vetó el artículo en cuestión, por el reclamo de otras provincias que solicitaban idéntica medida, ahora será el presidente quien decidirá en qué zonas se podrían incorporar el régimen de zona especial aduanera; y que debería ser lo más urgente posible porque existen fuertes versiones de que el gobierno del Paraguay podría establecer como zona aduanera a  Encarnación, con la que se vería afectada seriamente el sector comercial de Posadas y el resto de la provincia. Y es probable que esto suceda porque el gobierno del vecino país sabe el movimiento que genera en la economía encarnacena el dinero que se fuga de Misiones, cuestión que se vio reflejada claramente durante la pandemia por el cierre de las fronteras y del puente que une Posadas con Encarnación.
El gobernador misionero Oscar Herrera Ahuad resaltó que «con firmeza y convicciones aseguramos obras para la construcción de rutas, hospitales, escuelas y la zona especial aduanera», escribió en su cuenta de Twitter. Por la misma vía y con idénticos conceptos se expresaron el conductor político del Frente Renovador misionero, Carlos Rovira, y el vicepresidente primero de la legislatura provincial Hugo Passalacqua.
Distintas posturas tomarán los legisladores nacionales misioneros en cuanto a la aprobación o no del proyecto de presupuesto nacional 2023. Mientras los legisladores del Frente Renovador de la Concordia Social, el FdT y la UCR votaron en general y en particular a favor del Presupuesto Nacional 2023, el Pro y Activar se abstuvieron en general, pero en particular votaron a favor de los intereses misioneros, como ser obras para el norte grande y el artículo que faculta al Ejecutivo Nacional a la creación de zonas francas aduaneras.

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