El Intendente, Dr. Carlos Fernández mantuvo una reunión con la familia del propietario del terreno donde vecinos se instalaron de manera irregular. Hubo un acuerdo de palabra para que el asentamiento se realice sin inconvenientes hasta que la justicia se expida al respecto. Al existir una denuncia sobre la intrusión, el municipio no tiene la facultad de autorizar la bajada de energía eléctrica ni el servicio de agua potable porque el terreno es privado.

En este sentido, el Jefe comunal indicó que no se desconoce que entre esas familias que usurparon los terrenos hay vecinos que tienen necesidades, pero también no podemos dejar de lado que hay otros que no pertenecen a las zonas inundadas y otros que, incluso, no son de nuestra ciudad sino de los pueblos vecinos, que se aprovechan de la situación.

El acuerdo con la familia del propietario del terreno, fue verbal y no hay donación hasta tanto la situación se resuelva por intermedio de la justicia. Aclaramos que no hay donación al municipio ni a los vecinos porque no existe una escritura pública, hasta el momento. En ese diálogo, el municipio comprometió la colaboración de una máquina retroexcavadora que colabore para la apertura de los caminos que dividan la zona a utilizar.

Se torna sumamente difícil el dialogo con algunos vecinos, “sobre todo porque anteponen intereses e ideas particulares. Hay mucha irritabilidad. Intentamos varias veces hacer un censo, para saber de dónde provienen y la cantidad, pero tuvimos muchos conflictos; corrieron a nuestra gente con machetes y en medio de disturbios que preferimos evitar. No vamos a ponernos a discutir sino a esperar los pasos legales para poder actuar» señaló el alcalde municipal.

Respecto al barrio que el IPRODHA está construyendo, el Intendente señaló que todavía faltan obras elementales como las cloacas, el sistema de agua y el tendido eléctrico. “Esto viene para rato; recién, hace diez días, la empresa trajo los planos para los acoples de la obra de cloacas, que hacen falta, como otras obras y si bien entiendo la situación de enojo con las instituciones porque no cumplen con los plazos estipulados, esta situación no escapa a la situación ni a la realidad del país o de la provincia (en referencia a que mermó el ritmo de obras) pero hay que ser claro con el adjudicatario que ya pagó parte de las casas  y darles seguridad que la van a tener en el tiempo que demande la infraestructura que falta”.

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