La defensa de dos de los policías imputados por el brutal homicidio de Hugo Miguel Wasyluk (38) presentó un recurso de casación solicitando una pericia sobre la autopsia del cadáver, lo que podría derivar en una nueva suspensión del juicio oral y público, cuyo inicio está previsto para el 2 de agosto.
El Tribunal Penal Uno tendrá la misión de resolver la admisibilidad del recurso, que de ser aceptado sería remitido al Superior Tribunal de Justicia (STJ).
En tanto, fuentes del caso mencionaron que ante el rechazo del Tribunal se podría continuar con el proceso y fijar fecha para el debate, pero la decisión está sujeta a la interpretación de los magistrados.
La noche del 26 de abril del 2011, Wasyluk fue encontrado muerto en una celda de la Seccional Primera de estad localidad. Por el hecho están acusados trece policías, entre ellos el médico policial que revisó a la víctima en las horas previas a su deceso.
El citado recurso de casación fue presentado por la defensa de los imputados Pedro De Mattos y Carlos Antonio Gómez, ambos sospechados de “tortura seguida de muerte”.
“Pretenden una pericia sobre la autopsia, cuando tuvieron todo el proceso de instrucción para ofrecer medidas e incluso pueden hacer todas las preguntas a los médicos forenses, Horacio Marín y Flores, que están ofrecidos para el debate. Es más, en su momento ellos mismos ofrecieron la exhibición de las fotografías de la autopsia y ni siquiera fueron a la misma audiencia. Ahora, ante la contundencia de las pruebas, apuntan a demorar lo máximo el proceso”, opinó Rafael Pereyra Pigerl, quien junto a Romeo Schwengber llevan adelante la querella que representa al hijo y a la madre de Wasyluk.
Precisamente, a fin de mayo se realizó una audiencia de exhibición de las tomas de la autopsia del cadáver, donde las partes que asistieron pudieron corroborar la enorme cantidad de lesiones que derivaron en el deceso de la víctima.
“La exhibición de las imágenes era para que las partes y la perito de parte observara, pero no asistieron ni los defensores ni la médica contratada por la defensa. Sólo asistieron los jueces, la fiscal y la querella”, explicó Pereyra Pigerl.

Prueba irrefutable
En aquella ocasión fueron observadas un centenar de tomas fotográficas que integran el CD de la autopsia, tras lo cual dejaron constancia de un sinnúmero de traumas violentos que se reflejaron en las imágenes exhibidas.
En la secuencia dieron cuenta de hematomas con forma de suela de borceguíes sobre el dorso, laceraciones de bastones en el abdomen y marcas de un enrejado en el pecho producto de una enorme presión.
Dichos datos no sólo alumbrarían las responsabilidades de los agresores directos, es decir los uniformados intervinieron en las golpizas, sino también los diferentes roles en la cadena de encubrimiento y la presunta negligencia.
En ese contexto, mencionaron que los más complicados son los tres efectivos que trasladaron al detenido desde Villa Bonita a Oberá, la noche del 25 de abril del 2011.
Por ello, Pedro De Mattos, Carlos Antonio Gómez y Ricardo Javier Rodríguez llegarán a juicio acusados de “tortura seguida de muerte”.
En tanto, otros dos uniformados que cumplían funciones en Villa Bonita habrían tenido una participación secundaria porque observaron los apremios y no actuaron para impedirlos ni tampoco denunciaron los hechos, como es su obligación.
Se trata de Jorge Antonio Heijo y Wilson Ricardo González, acusados de “omisión de denuncia e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
En un tercer nivel de responsabilidades se ubican Miguel Ángel Espíndola, Hugo Ariel Basaraba, Carlos Ariel Lentini, Andrea Rosana Harasimezuk, Alejandro Fabián Núñez, Luis Alberto Silva, Gustavo Javier Fontana y el médico policial José Orlando Morales, imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

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