La intrusión de tierras se volvió en los últimos tiempos uno de los mayores generadores de conflictos y negocios turbios en los municipios misioneros. Si bien desde las administraciones comunales trabajan para encontrar una solución, están preocupados porque la ocupación ilegal de tierras ha crecido de forma alarmante en los últimos tiempos. Esta proliferación a pasos agigantados se evidencia en los datos que se desprenden de los relevamientos realizados en diversas localidades.
En Oberá, estimaciones preliminares sobre una veintena de barrios con espacios verdes tomados indican que son alrededor de 2.000 las familias en situación irregular. La intrusión avanzó en la última década a partir de la migración de centenares de peones rurales desde pueblos vecinos, además del crecimiento poblacional propio en cada zona urbana.
Fuentes de la delegación del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) indicaron que actualmente están en construcción unas 500 viviendas en esa localidad, mientras que la cantidad de inscriptos asciende a 5.000.
De la misma manera, en Eldorado la intrusión continua siendo imparable en diversos sectores de los barrios, sobre todo en la zona oeste. En los últimos meses, más de 100 familias ingresaron a terrenos del barrio Elena, que se suman a las demás ya asentadas en diversas franjas de la ciudad.
En el barrio Santa Rosa, ubicado en el kilómetro 4, más de 60 familias se han asentado ilegalmente, dando lugar a la última ocupación masiva en la zona. Según un censo realizado desde Acción Social municipal, se determinó que al menos 350 familias viven de forma ilegal en dicho barrio.
La usurpación se volvió moneda corriente también en el populoso barrio Malvinas de Montecarlo, donde el año pasado uno de los lotes fue usurpado por unas 20 familias y el municipio tuvo que poner custodia policial para que no se asienten nuevas familias y sigan construyendo casas.
En esa línea, Candelaria no queda exenta, teniendo en cuenta el número de familias que intrusaron el predio que en principio estaba destinado a los relocalizados de la inundación.
Las familias, al enterarse que no les otorgarían los terrenos, comenzaron a invadir el espacio, tanto quienes poseen los papeles de ocupación como muchas otras que se agolparon en el lugar, siendo un total de 150 grupos familiares. Muchas familias aún viven en situaciones precarias, pero otras ya están construyendo casas de material de importantes dimensiones, lo que -según los vecinos- hace pensar que no son personas necesitadas.
La indignación no se hizo esperar, ya que la comunidad que los rodea expresó su impotencia porque «se conectan luz, agua y cable sin que tengan un título de propiedad u ocupación, cuando uno de los requisitos para conectar la luz es tener toda la documentación en orden, y esas conexiones clandestinas producen un peligro de colapso».
En busca de la solución
Tras doce años sin datos oficiales, la actual gestión municipal de Oberá se halla realizando un relevamiento de ocupación irregular en diferentes espacios verdes de esta localidad. Paralelamente, se realizan operativos para impedir nuevas intrusiones.
Según Alfredo Espíndola, director de Asuntos Barriales de la comuna, en diciembre comenzaron a relevar la cantidad de familias asentadas en terrenos municipales y aún no cuentan con todos los datos.
El funcionario precisó que “sólo en Villa Cristen II tenemos 78 familias ubicadas en espacios verdes, mientras que en San José son unas 70, por citar dos de los barrios más nuevos”.
Desde Eldorado, Cecilia Soto, presidenta de la comisión vecinal de Santa Rosa del kilómetro 1 se mostró muy preocupada por los avances, teniendo en cuenta que se realizó el censo oficial del barrio para lograr los trazados de caminos, la instalación de agua potable y la energía eléctrica, y el número cada vez es mayor.
El Ejecutivo municipal se mostró alerta ante la constante invasión de familias que se asientan tanto en lugares privados como fiscales. Para ello continúan trabajando jurídicamente, buscando la posibilidad de lograr la titularización.
“Tenemos que ver de qué manera logramos erradicar nuevamente este avance. Hemos mensurado, hicimos el censo para la conformación del barrio, pero de esta manera no se podrá avanzar”, lamentó Norma Torres, directora de Acción Social de la comuna.
En Montecarlo, la titular de la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad, Kathya Joerg, indicó que “siempre existió el problema de usurpación en los espacios públicos, sobre todo en los lindantes a los arroyos. La necesidad de acceso a la tierra es tan grande que las familias de escasos recursos que no tienen un terreno generan esta situación. Se viene trabajando en la relocalización de las familias, sobre todo en la zonas más inundables, sin condiciones de habitabilidad, pero igual nunca es suficiente”.
Estafas
Una de las cuestiones que molesta a vecinos y autoridades es que muchos intrusos toman tierras para venderlas posteriormente y sacar rédito de eso.
La maniobra consta en hacerse pasar por los propietarios de esos terrenos, que pueden ser públicos o privados.
En abril, una obereña perdió todos sus ahorros al caer en manos de inescrupulosos que se hicieron pasar por propietarios de un terreno de Barrio Norte que resultó ser un espacio verde. Vecinos del lugar alertaron al respecto a la Municipalidad, cuyo personal constató la irregularidad y activó los mecanismos legales para desactivar la intrusión. Desde la comuna precisaron que el año pasado realizaron alrededor de un centenar de denuncias por toma de terrenos municipales.
En Montecarlo se pusieron carteles con apellidos de las familias adjudicadas de viviendas del Iprodha en los respectivos terrenos y son esas propias familias quienes deben resguardar sus espacios para que no sean habitados por ajenos, hasta tanto se inicie la construcción.
Francisco Jara es adjudicatario de una de las viviendas y contó a El Territorio que “después de la intrusión, el municipio nos otorgó el permiso de ocupación del terreno para que lo limpiemos y cuidemos, para que ningún otro pueda entrar”.
“Tuvimos la suerte de ser adjudicados, porque vivimos alquilando y esto es algo nuestro ya, estamos muy contentos y nuestras esperanzas como que se desvanecieron cuando supimos que habían usurpados estos espacios. Pensamos que nuestro sueño otra vez se desmoronó, pero se encontró solución, ahora solo tenemos que cuidar que no se vuelva a usurpar», dijo Jara.
Lo mismo ocurrió en Eldorado, donde Marcos, quien trabaja en la construcción de su casa, expresó molesto que “hay muchos vivos que toman posesión de las tierras para luego venderlas, las sumas rondan entre los 3.000 y los 7.000 pesos”.
El último intento se dio en el barrio San Cayetano, donde la Justicia actuó en forma inmediata y ordenó el desalojo de los intrusos de una propiedad que pertenece al estado provincial.
Territoriodigital
TAPA DEL 26/7/2024
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