chicosilla“No nos mostraron ninguna orden de desalojo», remarcó la mamá, Mirta Maidana.

El sábado a la mañana los vecinos de Villa Gunther fueron testigos del desalojo de una humilde familia que horas antes se había instalado en una vivienda de material deshabitada.
Los supuestos dueños irrumpieron de manera violenta en la casa y contaron con apoyo de personal policial, aunque los uniformados no habrían exhibido la respectiva orden de desalojo, reclamó Mirta Maidana.
“Yo tengo cinco hijos, un nene de 12 años que es paralítico y el más chico un bebé de 8 meses. No tenemos comodidades y hace años estamos gestionando una casa mejor, pero no tenemos respuestas. Después hicieron las viviendas y supuestamente nos iba a tocar una, pero metieron a gente de otro lado y nos parece injusto”, opinó la mujer.
Al respecto, explicó que el viernes a la noche decidieron ingresar a una de las viviendas que fueron construidas con fondos gestionados por la comuna para reubicar a familias del mismo barrio.
“Vimos que hace meses la casa está desocupada y nos metimos, pero el sábado a la mañana vino el supuesto dueño y nos tiraron todas las cosas. Lo que no entendemos es por qué actuó la Policía, siendo que no nos mostraron ninguna orden de desalojo”, se quejó Maidana.
Comentó que su hijo Ángel (12) padece distrofia muscular, enfermedad que afecta los músculos y genera insuficiencia cardíaca. No existe cura y el tratamiento retrasa la evolución del mal.
Otro aspecto que reclaman los especialistas es la cuestión habitacional de la familia, que reside en una precaria casa de madera.
Al respecto, su papá Miguel Ángel comentó que trabaja de albañil y viven con lo justo.
“Fui haciendo la casa como pude. Todavía no tiene cielorraso, hay humedad y tenemos baño afuera, por eso Ángel hace sus necesidades en un tacho”, detalló.
Según el hombre, desde hace diez años están inscriptos en el Iprodha para una vivienda, pero tampoco fueron beneficiados.
A mediados del año pasado, vecinos de Villa Gunther denunciaron irregularidades en la adjudicación de 20 viviendas que originalmente fueron construidas para reubicar a los habitantes del lugar, aunque habrían sido entregadas a personas ajenas al barrio. Aseguraron que las casas fueron asignadas a personal municipal.
En mayo del 2010, el Concejo Deliberante obereño aprobó por unanimidad la compra de tres hectáreas de tierras en el barrio, con el objetivo de destinarlas a más de medio centenar de familias asentadas irregularmente en el lugar desde hace años.

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