Se vuelven a repetir las políticas de la década del 90, la recesión la caída del consumo más pobreza como recetas para bajar el déficit y la inflación. Cuando el estado debería tratar de recaudar más sobre los sectores más poderosos de la economía y no someter a los trabajadores a pagar los costos de la timba financiera. Tasas bancarias altas para inversiones a plazo fijo, contra tasas financieras altas para el financiamiento de las tarjetas de crédito.
Una inflación prevista que superará el 42 por ciento, la recesión anunciada que traerá desocupación, sumado a ello la quita de subsidios a la energía eléctrica que sostenía la tarifa social que en Misiones afectará a unas 120 mil familias y en Oberá a cerca de 5 mil familias, además de la quita de subsidios al transporte, lo que afectará gravemente los ingresos de los sectores que menos poder adquisitivo tienen.
La política de achicamiento y desfinanciamiento del estado afecta a todos los programas, tanto de salud, como de educación o vivienda, transfiriendo responsabilidades a las provincias y a los municipios, que serán los que deberán administras pobreza debido a la falta de recursos, que se hace cada vez más creciente.
Las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI) son mas ajustes, y el gobierno está pidiendo un adelanto de dinero, comprometiendo la economía en forma drástica con la medida del déficit cero y la caída del Producto Bruto Interno. Seguramente el gobierno nacional avanzará sobre varias cuestiones, como ser la reforma laboral y flexibilización de la misma, pondrá en marcha un programa de privatizaciones de empresas públicas, e incluye también a la caja de jubilados, que siempre es deficitaria, y con el cuento de que tienen que cerrar las cuentas del déficit cero para cumplir con las metas del FMI, seguirá quedando afuera del circuito económico la gente de menores recursos.
Para colmo de males hablan de precios cuidados, cuando el beneficio solamente alcanza a los que viven en Capital Federal y no en el interior, medida que fuera criticada por los actuales gobernantes durante el gobierno anterior. Como paliativo a la dura situación, el gobernador Hugo Passalacqua lanzó el programa Ahora Góndola, que permitirá a los misioneros que compren con tarjeta de débito en determinados días del mes, logrando reintegros hasta de un 10 por ciento.
Todo comienza a ser insuficiente, y no alcanza el sueldo para llegar a fin de mes, es la voz que se escucha en la calle, mientras tanto el gobierno nacional sugiere a la gente que se conforme, ya que no puede vivir por encima de sus posibilidades económicas, es decir, que asuma que es pobre y que lo seguirá siendo.
El gobierno nacional reconoció que vendrán tiempos difíciles para el sector asalariado, quienes hoy día viven con angustia, no solo porque no llegan a fin de mes, sino que ahora la mayoría comienza a temer por la pérdida laboral, la que se está dando en todo el país por la caída de la actividad económica en diferentes rubros.
Política de distribución de la riqueza
Se busca justificar el actual modelo político económico con el argumento que de que no queda otro camino, y en verdad esto es una gran mentira, ello depende de cuáles son las prioridades de los gobernantes y las formas de obtener recursos para financiar al Estado. Está claro que las prioridades del actual gobierno pasan por favorecer con sus medidas económicas al capital y al poder financiero, en desmedro de las demás escalas sociales.
Para decirlo de manera sencilla: la administración de la política económica es la de sacarle parte de los recursos a un sector, para beneficiar a otro sector. En el periodo kirchnerista la política económica era vía impuestos, gravámenes, control de cambio, etc., limitar las ganancias de las grandes empresas para financiar diferentes políticas sociales, como lo han sido los subsidios a la energía o transporte, entre otras políticas que recaían en beneficio a todas las esferas sociales. Hoy en día ocurre lo contrario, se le sacan beneficios a las clases sociales intermedias y bajas para transferírselas a los sectores del capital financiero.
Se trata de una pelea sin tiempo entre el capital y el trabajo, en el cual el Estado es el que debe mediar y decidir a qué sector beneficia más: al capital o al trabajo, ya que por sí solo las dos fuerzas en competencia permanente nunca encuentran el equilibrio, y al ser el sector asalariado el más débil, el Estado debería estar al lado del trabajador.
Pero es una decisión que toma cada sector político al hacerse cargo del gobierno, como en el caso de Cambiemos y el presidente Mauricio Macri, que como todos los sondeos de opinión lo demuestran -y la gente lo sabe- gobiernan para los ricos.
