Así lo resolvieron en reunión del Consejo de Administración el pasado 5 de octubre aunque recién trascendió durante mediados de esta semana. Se comunicaron los argumentos de dicha decisión al Ministerio de Acción Cooperativa, Mutuales, Comercio e Integración, para que tome conocimiento de los fundamentos que son varios, entre ellos la fiscalización y auditoria que lleva adelante desde hace unos meses la contadora Midori Kariyama designada por dicho ministerio, y otro de los argumentos la muy delicada situación económica y financiera de la cooperativa eléctrica obereña. Algunos sostienen que uno de los problemas es el sindicato que no colabora y no se ajusta a la actual situación.
Uno de los argumentos más fuertes es la llamada auditoria resuelta por el ministerio en su momento a la cual algunos hablan que en realidad se trata de una intervención con el nombre de fiscalización, puesto que la contadora Kariyama participa de las reuniones del Consejo, si bien no tiene voto si tiene voz, pero es la que da el ok o no de lo que se decide; por ende es fácil de interpretar que esta suspensión en el llamado a elecciones distritales de delegados tiene el visto bueno del ministerio competente.
La CELO, al igual que las demás cooperativas eléctricas, está atravesando por un duro momento económico prestando servicios deficitarios a diario que se van acumulando año a año y reflejado en los balances, con el agravante que se hizo trascender en su momento mostrando los sueldos que perciben algunos empleados y que se comentan que en el caso la cooperativa de Oberá es el único lugar en el cual el Sindicato de Luz y Fuerza no colabora en la cuestión económica y financiera como si lo estarían haciendo en otras cooperativas. Los que realizan esta observación y crítica a la vez, señalan que algunos de los delegados del sindicato formaron parte de administraciones anteriores, es decir estaban sentados en los lados del mostrador y se habrían asignado determinados «beneficios salariales y adicionales» y que hoy día no están dispuestos a resignarlos, más allá que los mismos vengan de arreglos pre electorales, tomados en anteriores administraciones, y que hoy día lo toman como derechos adquiridos, según se hizo trascender.
El déficit de la CELO hoy día es de dos mil millones de pesos, antes de la intervención era de dos mil quinientos millones. La cooperativa sigue siendo deficitaria, no solo por el atraso tarifario que padecen las distribuidoras, en el caso de Oberá, según algunas fuentes, el tema salarial y los famosos adicionales y horas extras acordadas con algunos miembros del sindicato, son una de las mayores dificultades que atraviesa la institución y que se ven reflejadas en la fiscalización del ministerio, es por ello que en el desmanejos de los que se habla, está el tema de los adicionales que estarían cobrando algunos empleadosde la CELO.
Durante la intervención llamada fiscalización hubieron avances significativos; se lograron liberar las cuentas bancarias y liberada la recaudación de las cajas de la cooperativa, además se retomaron relaciones formales con las diferentes instituciones que representan al movimiento cooperativo como ser FECEM, Miscoopgas y FeMiCAP. Se mejoraron las relaciones con EMSA y existe un mejor diálogo con el gobierno provincial, y en esto, se comenta, que  hay dos nombres que han sido claves por su experiencia en el ámbito cooperativo y político.
El tiempo de postergación será largo y seguramente superará el tiempo electoral del próximo año, al parecer la idea es la de conformar un Consejo de Administración con referentes de todas las municipalidades del área de concesión de la cooperativa, entendiendo que el municipio de Oberá será la cabecera. Las negociaciones serán entre el gobierno provincial y la FECEM, es por ello que la CELO volvió a asociarse a la institución que actúa en carácter gremial de las cooperativas eléctricas de Misiones. Aparentemente la idea es que los futuros consejeros y en particular la presidencia y otros cargos deberán ser colegiados, y no tener relación directa ni indirecta con el sindicato de Luz y Fuerza, con el cual casi todas las listas que se presentaron siempre acordaron electoralmente para poder acceder al poder.

Presupuesto social para un año electoral
Siempre los municipios esperan que se trate y se apruebe el presupuesto provincial para observar no solo el porcentaje de incremento, sino también para saber la asignación de las partidas de manera tal de ir en sintonía y en la misma dirección en términos políticos y de gestión de gobierno, sabiendo que se viene un año electoral, y lo recomendable es terminar y empezar bien el año electoral de alguna manera holgados y sin muchos sobresaltos.
No es extraño que la asignación de los recursos de alguna manera tenga una mirada electoral, pero en el caso de Misiones siempre se puso prioridad a las cuestiones que tiene que ver con educación, salud, seguridad, vivienda, asistencia a pequeños y medianos productores, emprendedores y Pymes, es por ello que se habla de un presupuesto equilibrado, porque contempla la asignación de los recursos con una mirada social y económica.
El presupuesto provincial 2023, aprobado por unanimidad, es nuevamente la primera provincia en tener definida la asignación de las partidas el cálculo de recursos y gastos elaborado por el ejecutivo provincial que supera los 608 mil millones, los objetivos se mantienen en cuanto a priorizar la inversión social, como educación y salud, en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y mejorar la economía, además de contemplarse obras para todos los municipios y hacer previsiones, como estimar fondos para cubrir el costo del boleto gratuito para estudiantes. Además se aprobó en la misma sesión el presupuesto de gastos para el poder Legislativo, que para el año que viene calculó gastos por $ 5.328.959.000.
El diputado provincial Hugo Passalacqua, tras destacar los aspectos de la asignación de los recursos de forma anticipada, también recordó que se hace por 17 años consecutivos,  destacando que es un presupuesto equilibrado, cumplible y que apunta a la equidad social. De esta manera, la Cámara de Representantes aprobó el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial, Administración Central y Organismos Descentralizados, para el ejercicio 2023. El proyecto aprobado, difiere del presentado en agosto pasado por el gobernador Oscar Herrera Ahuad, debido al avance del proceso inflacionario del país.
En el caso de Oberá, el poder ejecutivo si bien todavía no remitió el presupuesto para el próximo año para que sea tratado por los concejales; si envió un pedido de ampliación del presupuesto para los meses que restan del año por casi novecientos mil pesos, al presupuesto aprobado el año pasado y que comprendía un ajuste inflacionario del 39 por ciento, muy por debajo de la inflación anual. Es decir que el municipio de Oberá en total ejecutará este año un presupuesto de más de tres millones cien, gran parte de la ampliación será destinada al pago a los empleados municipales de un  bono de siete mil pesos y hacer frente al incremento salarial del 17 por ciento y el pago del aguinaldo, entre otras cuestiones.

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