Cada tanto la política argentina vuelve a repetir un viejo truco: cambiarle el nombre a las cosas para que parezcan otra cosa.

 

Ahora le dicen «Ley de modernización laboral». Suena bien. Ordenado. Necesario. Hasta inevitable.

Pero cuando uno deja de leer los títulos y se mete en el cuerpo del texto, lo que aparece no es modernización, sino una poda sistemática de derechos laborales disfrazada de eficiencia.

El proyecto ingresó al Congreso el jueves 11 de diciembre y desde los considerandos intenta vender una idea seductora: que el régimen laboral argentino está anclado en los años 70, que responde a una lógica industrial vieja, que frena la creación de empleo y espanta inversiones.

La promesa es clara: más trabajo, menos conflicto, reglas simples, seguridad jurídica para todos. Palabras grandes, de esas que funcionan muy bien en powerpoints y en programas de televisión.

El problema empieza cuando se pasa de la introducción a los artículos. Ahí se caen las metáforas y aparecen las certezas.

La ley tiene 26 títulos y 197 artículos. Los primeros modifican la Ley de Contrato de Trabajo. Se puede discutir. Horas extras, formas de pago, componentes salariales, beneficios sociales que dejan de ser salario, negociaciones individuales que reemplazan lo colectivo. Todo eso ya es polémico, pero no es lo más grave.

Lo verdaderamente nuevo —y peligroso— aparece en el Título II: la creación del Fondo de Asistencia Laboral, el famoso FAL. Un nombre amable para una idea vieja. Muy vieja.

El artículo 58 crea el fondo. El 60 explica cómo se financia: con una contribución mensual obligatoria del 3% de las remuneraciones que hoy van al Sistema Integrado Previsional Argentino.

Traducido: ese 3% que los empleadores aportan para sostener las jubilaciones deja de ir al sistema público y pasa a cuentas privadas administradas por terceros, que además invertirán ese dinero y obtendrán rendimientos, intereses y rentas.

¿Nos suena? En los 90 se privatizaron las jubilaciones con las AFJP. Acá no le dicen AFJP, le dicen FAL.

No son administradoras de fondos jubilatorios, son administradoras de fondos para despidos, indemnizaciones o discapacidades. Pero la lógica es la misma: sacar recursos del sistema solidario y llevarlos al negocio financiero.

El resultado es doble. Por un lado, se desfinancia el sistema previsional que paga las jubilaciones de hoy.

Por el otro, se le garantiza al empleador que, si despide, ya tiene el costo cubierto. Menos riesgo, menos costo, más facilidad para echar. Eso no es modernización: es precarización con marketing.

Todo esto viene acompañado de otro anzuelo irresistible para el poder económico: la baja de impuestos. “Te vamos a bajar los impuestos” es una frase que siempre funciona.

Genera consenso empresarial automático. Y así, entre promesas de competitividad y alivio fiscal, se arma un paquete que beneficia casi exclusivamente a las grandes corporaciones.

Nada de esto se da en el vacío. Hay presión política explícita sobre los gobernadores. Si apoyan la ley, hay recursos. Si no, no. El apriete es claro y explica buena parte del silencio o las dudas en el Senado y Diputados.

En provincias como Misiones, la discusión no es menor: se juegan fondos, pero también coherencia política y responsabilidad social.

Misiones tiene tres senadores y siete diputados nacionales. Algunos ya levantaron la mano sin demasiados rodeos. Otros todavía dudan.

La pregunta es simple y brutal: ¿cómo se le explica a una misionera o a un misionero que trabaja, que no llega a fin de mes, que no cruza a Brasil porque no puede, que su estabilidad laboral ahora depende de una cuenta administrada por privados y de la voluntad de su empleador?

Porque de esta trampa no se vuelve.

Así como costó décadas desarmar el sistema de AFJP, desarmar un esquema de fondos privados para despidos va a ser casi imposible. Cuando el negocio se instala, no se va solo.

Claro que el sistema laboral argentino necesita reformas. Claro que existe la llamada industria del juicio.

Claro que hay abogados caranchos que viven de la desgracia ajena, que aparecen en guardias de hospitales y empeoran conflictos que podrían resolverse. Eso existe y negarlo sería hipócrita.

Pero esos no son los únicos caranchos.

Hay otros más grandes, más elegantes, más influyentes. Usan traje, corbata, tienen columnas en televisión y escriben editoriales defendiendo esta ley como si fuera una cruzada moral. Son aves de rapiña de alto vuelo. Y siempre terminan del mismo lado: el de los poderosos.

Y como si algo faltara, casi al final del texto, en el artículo 194, aparece la verdadera muestra de hasta dónde llega el engaño: la derogación del Estatuto del Periodista.

Explíquenme qué tiene que ver eliminar derechos específicos del periodismo con crear empleo o reducir la conflictividad laboral. No tiene nada que ver. Pero está ahí, escondido, como soldado dentro del caballo.

Por eso esta ley no es una modernización. Es un caballo de Troya. No hace falta que sea de madera ni que entre a la ciudad de noche.

Alcanza con un buen nombre, una campaña mediática eficaz y legisladores dispuestos a mirar para otro lado.

Después, cuando el sistema empiece a crujir desde adentro, ya va a ser tarde.

Marcelo Telez

Director RPD Noticias

---