La Defensoría del Pueblo de Oberá lanzó un llamado a los intendentes de la zona centro de Misiones para que, en unidad, impulsen gestiones ante el Gobierno provincial con el objetivo de concretar una obra largamente postergada: el anillado de la línea de transporte de energía eléctrica de 132 kilovoltios (KV). La propuesta apunta a transformar esta demanda histórica en una verdadera política de Estado a nivel municipal.
El pedido específico es que se reactive y priorice la construcción de una línea de 132KV que conecte la estación transformadora San Isidro (en Garupá) con los municipios de Leandro N. Alem y Oberá. Según lo expresado por la Defensoría, la obra debería ser incluida en el Presupuesto Provincial 2026 y mantenerse contemplada en los ejercicios sucesivos hasta su concreción. También se solicita el inicio inmediato de los procesos administrativos correspondientes: licitación, adjudicación y ejecución con partidas presupuestarias iniciales.
La región afectada abarca de forma íntegra a 27 municipios y de manera parcial a otros tantos, alcanzando a más de 240 mil personas. Esto representa más del 19% de la población de Misiones, que desde hace más de una década sufre interrupciones frecuentes y prolongadas en el servicio eléctrico, con consecuencias directas en la vida cotidiana y el desarrollo local.
Entre los fundamentos técnicos y sociales que respaldan el reclamo, se destacan la necesidad de mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico, reducir los cortes de suministro, evitar sobrecargas y aumentar la capacidad de transporte de energía. También se subraya la importancia de fortalecer el sistema interconectado, integrando de forma más eficiente la energía generada por centrales térmicas y fotovoltaicas.
Pero más allá de lo técnico, el documento hace foco en las implicancias sociales y económicas del problema: la energía eléctrica es esencial para garantizar el abastecimiento de agua potable, el funcionamiento de hospitales, CAPS, clínicas, y el desarrollo educativo en todos sus niveles. Asimismo, el déficit energético actúa como freno para inversiones y para el crecimiento de emprendimientos productivos, afectando el desarrollo económico regional.
Desde la Defensoría, remarcan que es momento de dejar de lado gestiones aisladas y avanzar con una voz unificada. En esa línea, solicitan que los intendentes de los municipios comprometidos asuman esta causa común como una prioridad en la agenda pública, gestionando en conjunto ante el Ejecutivo provincial para que la obra no sólo figure en los papeles, sino que finalmente comience a hacerse realidad.
El planteo también propone que se priorice el uso de recursos propios del Estado misionero, permitiendo así una ejecución progresiva de la obra, sin depender exclusivamente de aportes externos.
La energía como base del desarrollo. Esa es, en definitiva, la consigna que recorre el reclamo y que busca volver a poner en discusión una obra que, con el paso del tiempo, dejó de ser un proyecto para convertirse en una necesidad impostergable.
TAPA DEL 23/5/2025
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