A pocos días de dejar el cargo de intendente, Carlos Fernández decidió asumir el costo político de algunas resoluciones que seguían pendientes y fueron motivo de reclamos por parte del mismo intendente por la demora en la sanción de la ordenanza, estableciendo el nuevo código fiscal municipal presentado hace más de un año y medio, y seguía en estudio en comisión con la participación de entidades intermedias luego de haberla sometido a audiencia pública.
Aprobarla de la manera que se aprobó no fue la mejor forma, eso queda en claro porque estaba en estudios y más allá que existieran integrantes de la comisión que representando a entidades intermedias buscaron politizar y dilatar la aprobación del código fiscal como se dijo, no es excusa. Desde la CRIPCO entendieron que deberían haber comunicado que tratarían el tema y lo aprobarían y que luego seguirían trabajando en la reforma por la urgencia de implementarlo a partir del próximo año. Evidentemente desde el oficialismo entendieron que si anticiparan que tratarían y aprobarían el código fiscal, la oposición se movilizaría al Concejo Deliberante y probablemente terminaría en un  verdadero escándalo, como ocurrió en la audiencia pública que se transformó en una tribuna electoral. Fernández sabía que pagaría un costo político por aprobar de la forma que se aprobó el código fiscal, pero no podía seguir dilatando la cuestión -que bien lo podría haber hecho-, pero asumió el costo de aprobarlo para que entre en vigencia el próximo año en la gestión del futuro intendente Pablo Hassan, y así lo hicieron, dejando de lado el estigma de funcionarios “buenitos y tiernos”.
El oficialismo luego de varias reuniones se convenció que luego de varios meses de reuniones y que de los más de 240 artículos solo se avanzó en 14 de ellos; les quedó en claro que la idea era demorar la aprobación e implementación del nuevo código fiscal, sin otro fin; y la necesidad de aumentar la recaudación no puede seguir esperando.
La otra cuestión que enfureció a los concejales opositores fue la designación de dos nuevos secretarios en el juzgado de faltas municipal, que es facultad del ejecutivo establecida en la carta orgánica, desde el oficialismo hicieron notar que cuando el ex presidente Mauricio Macri, nombró a jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por decreto, no se enojaron y salieron a respaldar la irregular e inconstitucional designación, y hoy cuestionan de falta de transparencia y de méritos a una decisión que está dentro de las facultades que le otorga al intendente la carta orgánica municipal.
La decisión de los concejales oficialistas le dio letra para que los concejales opositores cuestionaran los dos instrumentos sancionados, asegurando que la ordenanza sancionada perjudicaba e iba en contra los contribuyentes obereños, pero sin enumerar cuales serían los supuestos perjuicios. En ese mismo sentido se expidió la comisión directiva de la CRIPCO, que luego de la sanción de la ordenanza se negó a reunirse con los concejales oficialistas, entendiendo que se rompió el dialogo y la confianza y que desde el Concejo Deliberante se les faltó el respeto.  En el comunicado, la Cámara de Comercio coincide con los argumentos de los concejales y dirigentes de opositores en los cuestionamientos a los legisladores y a la gestión de Fernández, y advierten que los contribuyentes se verían gravemente afectados por la nueva normativa aprobada como título, pero sin detallar en qué se verán perjudicados los contribuyentes, y solicitan que el ejecutivo municipal vete la ordenanza en cuestión.
En  definitiva, los contribuyentes no saben ni cuáles son los beneficios que argumenta el oficialismo y menos los supuestos perjuicios a los contribuyentes que esgrime la oposición, y utilizó la reforma del código fiscal como elemento de campaña electoral, en particular en los ex candidatos a la Defensoría del Pueblo, como se quejara en su momento el presidente del Concejo Deliberante Santiago Marrodan.
El mayor cuestionamiento es que fue incluido en el orden del día y aprobado sobre tablas mientras estaban estudiando la reforma de los 240 artículos y recién habían avanzado al décimo cuarto artículo. Obviamente que sorprendió y nadie se lo esperaba porque el sector opositor siempre ha visto y calificado a los funcionarios de la actual gestión como “tiernitos”, una por la juventud de muchos de los funcionarios y otra por las características propias del intendente Fernández, a quien lo califican de “buenito”, y quien siempre manifestó que busca el camino del diálogo y no el de la confrontación, cuestión que no le dio buenos resultados y tuvo varios conflictos.
Lo cierto es que las  dos cuestiones en discusión y cuestionamientos están contempladas en la carta orgánica municipal y son atribuciones del intendente, guste o no. Lo que es materia de discusión es la forma y los tiempos; discusiones que trascienden del terreno político al público, cada cual con sus argumentos a favor y en contra, dependiendo de qué lado de la biblioteca, vereda o grieta se encuentre.
“Si quieres solucionar un problema, nombra un responsable; si quieres que el problema perdure, nombra una comisión”. Algunos se lo atribuyen a Perón, otros a Napoleón, lo cierto es que cualquiera de los dos estaban cerca de la verdad sobre la siguiente sentencia: Gran verdad la del controvertido militar francés y/o, de Juan D. Perón. De hecho, sobran ejemplos que les dan la razón, ya sea en las instituciones públicas, empresas, asociaciones ciudadanas e incluso en una pacífica comunidad de vecinos.

¿En perjuicio de los contribuyentes o a favor de los evasores?
Existe una alta tasa de morosidad en la ciudad de Oberá, desde el municipio venían reclamando que es del 70%, es decir que un 30% de los contribuyentes financia al restante 70%, lo cual no es justo y entre ellos hay grandes contribuyentes que serían los que más adeudan y le encuentran la vuelta para evadir el pago de las tasas municipales, ya que saben que políticamente es una carga negativa salir a cobrar impuestos o intimar a los contribuyentes para que paguen y hacer política, es decir que tiene un costo anti popular y que ningún político quiere pagar, en este caso Carlos Fernández, tomó la decisión política de aprobar un nuevo código fiscal municipal en remplazo del que está en vigencia y que tiene 40 años de vigencia.
Por otro lado, el recupero de mejoras como la construcción de cordón cuneta empedrado y asfaltado es muy baja, cuando dichas obras aumentan el valor inmobiliario de las propiedades, pero son pocos los que la quieren pagar.
El principal temor es la tercerización del cobro de las tasas y contribuciones como así también el recupero de mejoras; cuestión que han dejado en claro que no se tercerizarán los cobros, pero sí se creará una oficina que se dedicará exclusivamente a tal fin.
En el artículo 136 inciso 23 la carta orgánica municipal establece como obligación, y no como una opción, que el departamento ejecutivo deberá recaudar los tributos, rentas y demás tributos municipales y disponer el cobro judicial de las mismas por la vía legal pertinente.
Los beneficios que según informaron desde el Concejo Deliberante y el ejecutivo son que se seguirá manteniendo el descuento del pago del 10% a los contribuyentes que paguen al contado y estén al día. La exención del 100% de la tasa de comercio durante los 2 primeros años a todos los nuevos y pequeños comercios que inicien su actividad en la ciudad y a partir del tercer y cuarto año la tasa será del 50%, la baja automática de los comercios que no realicen actividad comercial por un año, y se baja de 10 a 5 años la prescripción de las deudas de los contribuyentes.
La norma busca recaudar más cobrándole a los que tienen mayor capacidad contributiva e ingresos; porque no es lo mismo una entidad bancaria, una empresa nacional como Personal u otras empresas nacionales que una tienda, una zapatería o un almacén de barrio, en estos casos se estaría buscando una mayor equidad fiscal, es decir, que pague más el que tiene mayor infraestructura e ingresos. El tema es que esos mayores costos no lo absorberán, sino que como siempre se trasladarán a consumidor final.
En total son más de 27 mil partidas y 5500 comercios activos, de los cuales más de 4 mil con locales y más de 1300 sin local comercial, de los cuales solo paga el 30%, es decir que hay 8100 contribuyentes y cerca de 19 mil que no pagan sus tasas y contribuciones por diferentes motivos, unos porque no quieren y otros porque realmente no pueden. Lo mismo ocurre en el sector de comercio, y en el municipio de acuerdo a las partidas, ubicación, apellidos y nombre de los comercios saben quiénes son los que se hacen los distraídos y no quieren pagar sus tasas y contribuciones.
En definitiva, ¿quiénes son los contribuyentes perjudicados? ¿Los 8 mil que pagan o los 19 mil que no pagan? ¿De qué lado de la vereda o de la grieta están los que se oponen al nuevo código fiscal municipal?

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