Un gobierno poco confiable es peligroso
Los intendentes pasarán a ser meros recaudadores y pagadores de sueldos, así lo describen los intendentes municipales a partir de la decisión del gobierno de Cambiemos que encabeza el presidente Mauricio Macri, luego de decir por decreto sacarle a las provincias y a los municipios el fondo solidario de la soja, como medida para detener el déficit fiscal, mientras siguen subsidiando la timba financiera, combinada entre las tasas altas de intereses, el dólar y las lebacs.
Incumpliendo con el pacto fiscal firmado con los gobernadores en noviembre del año pasado, en donde el gobierno de Cambiemos se comprometió con los mandatarios provinciales de no tocar los fondos provenientes de la soja y asegurándoles a los gobernadores de que la inflación prevista para el presente año sería del 10 por ciento anual. Lejos quedaron esas promesas y el pacto fiscal firmado a la fuerza por los gobernadores, lo que vuelve a ratificar que el gobierno de Macri, mas allá de la incapacidad de poder manejar la economía, es un gobierno poco creíble, que no solo no cumplió con las promesas de campaña, sino que también miente y engaña a los gobernadores, quienes le aseguraron la gobernabilidad acompañando con los votos de diputados y senadores, no solo la aprobación del presupuesto sino también otras leyes que el ejecutivo nacional entendía que eran necesarias para llevar adelante su plan político económico.
Con el recorte del fondo solidario de la soja el gobierno provincial dejara de percibir más de 600 millones pesos anuales, que afectará a los municipios en la ejecución de obras públicas y adquisición de equipamiento vial. A ello debe sumarse que desde nación ya venían recortadas las partidas del fondo nacional de la vivienda, y que para el próximo año, según lo anunciado y decidido por el gobierno nacional, no enviarán fondos para la construcción de viviendas, medidas que se traducirán directamente en desempleo en el sector de la construcción.
En ese sentido los intendentes han firmado un petitorio que presentaron al gobernador Hugo Passalacqua, para que interceda ante el gobierno nacional buscando que se deje sin efecto la medida que afecta seriamente a las comunas. Por caso el municipio de Oberá dejará de percibir alrededor de unos 15 millones de pesos anuales, con los cuales se financiaban varias obras que seguramente quedarán inconclusas, y las proyectadas, probablemente no se realizarán.
Se sospecha que la medida de desfinanciar a los municipios es un método de extorsión a los intendentes, para que se alineen políticamente y electoralmente con el gobierno de Cambiemos, a cambio de obtener fondos para la financiación de la obra pública; cuestión que no sería extraña, teniendo en cuenta la forma en que se maneja políticamente el actual gobierno nacional, utilizando el ajuste y la justicia como extorsión política y cuya credibilidad día a día se va derrumbando, siendo un gobierno poco confiable, no solo para los gobernados, sino que también para los gobernadores e intendentes.
Que queden todos presos
Pareciera ser que con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus ex funcionarios encarcelados se solucionarían los problemas económicos del país, se detendrían los aumentos en combustibles, en los alimentos, en el dólar… que se lograría parar la inflación y el país no se seguiría endeudando externamente y se reactivaría la economía. Claro que esto no se lograría con todos los ex kirchneristas presos, pero por lo menos con toda esta cuestión de los cuadernos, los empresarios arrepentidos, el gobierno nacional logró que la furia de gran parte de los argentinos que pesaba sobre el actual gobierno se concentre en los supuestos hechos de corrupción.
Sería bueno que terminen condenados y presos todos los funcionarios y empresarios que tengan algo que ver con la corrupción que se denuncia. Pero es seguro que los empresarios “arrepentidos” no purgarán ningún tipo de condena y seguirán con las obras adjudicadas por el gobierno nacional, es decir no pierden nada. Se debería seguir el ejemplo del Brasil, en donde los empresarios involucrados en los hechos de corrupción, no pudieron seguir lucrando con el Estado.
Algunos analistas interpretan que ante la desesperación del gobierno nacional por la caída en las encuestas y al ver que no pueden revertir la situación, están utilizando la estrategia mediática y comunicacional, con la complicidad de parte del poder judicial nacional, en potenciar el tema de la corrupción contra los ex funcionarios kirchneristas, de manera tal que la bronca e indignación salgan del foco económico que sigue teniendo en jaque al presidente Macri, y se concentren en los temas de corrupción.
Es muy probable que la ex presidenta termine detenida, pero será en el tiempo político que le convenga al gobierno de Cambiemos, y según los tiempos electorales. Nótese que en el peor momento del gobierno nacional y cuando la ex presidenta comenzaba a subir en las encuestas, aparecieron los cuadernos y los empresarios arrepentidos. Los allanamientos se realizaron por la noche, en los horarios televisivos de mayor audiencia y se transmitieron en vivo, todo ello deja un margen de suspicacia.
Incluso en una insólita medida, el gobierno nacional propone una recompensa para recuperar el dinero la corrupción que se está investigando, mientras tanto sigue durmiendo en el sueño de los justos la causa de los aportantes truchos a la campaña de Cambiemos, que en definitiva hasta el momento no pudieron justificar la cuestión, es decir de dónde sacaron el dinero de la campaña electoral.
Sería muy saludable que se investigue todo y que terminen condenados y presos sea quien sea, incluso los empresarios a quienes hoy se los pretende presentar como pobres víctimas, cuando en verdad son cómplices.
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