Tras el alegato del querellante que representa los intereses de Carlos “Nano” Knack (27), único sobreviviente de la masacre de Panambí, hoy será el turno del ministerio fiscal y se anticipa que también solicitará la pena máxima para los tres imputados. 
La acusación estará a cargo de los fiscales Miriam Silke y Elías Bys, quienes desde un principio subrogan a Estela Salguero, puesto que la fiscal del Tribunal Penal Uno se inhibió atento a que su sobrina, María Cristina Salguero, actúa como codefensora de los acusados.
Precisamente, el primer fiscal de instrucción que tuvo el expediente fue Bys, cuya tarea fue varias veces cuestionada por los defensores ya que nunca concurrió a la escena del crimen, afirmaron.
En tanto, así como el martes el querellante particular Javier Millán Barredo insistió con que los tres abogados que patrocinan a los imputados trabajan de manera coordinada, durante el desarrollo del debate quedó explicitado que la fiscalía y la querella también son afines.
“Así como en el hecho esta gente actuó coordinadamente, también lo hicieron en el proceso para tratar de invalidar las pruebas”, disparó Millán Barredo en su alegato.
Incluso, llegó a decir que las muestras de solidaridad de los acusados para con los familiares de las víctimas “fue una teatralización en el marco de la estrategia defensiva para mostrarse como víctimas que también buscan justicia”.
En su alegato, el abogado abundó en conjeturas sin demasiado sustento fáctico, como ser presunciones de lo que Cristian Knack (25) habría querido decir en su declaración antes de morir, o la posibilidad de que su madre haya borrado los nombres de los sospechosos de los registros del aserradero por celos de su marido.
Respecto de las características físicas dadas por Cristian y que no concuerdan con la talla del ex prefecturiano Pablo Julio Paz (54), Millán Barredo lanzó una conjetura extrema: “Dijo que el ex prefecturiano era un flaco alto, pero los chicos cuando hablan de una persona dicen flaco o chabón. Por ahí en el momento quiso decir un chabón alto”.
Tampoco mencionó por qué si las víctimas dijeron que fueron cinco los delincuentes, sólo hay tres imputados.
En ese contexto, se prevé que el alegato de la fiscalía tendrá menos fisuras y avanzará en cuestiones que puedan probarse. La décimoprimer audiencia se desarrollará hoy, desde las 8.30, en el SUM de la Unidad Regional II de Policía.

Declaró, murió y no hay registro
Además de Paz, están imputados Juan Ramón Godoy (47) y el chapista Marcial Benicio Alegre (54), para quienes la querella solicitó la pena de prisión perpetua.
La masacre de Panambí se cobró las vidas del empresario maderero Oscar Knack (43), su esposa Graciela Mabel Mojsiuk (42) y sus hijos Bianca (12) y Cristian, quien agonizó por 36 días y antes de morir aportó datos del hecho.
Al respecto, los letrados que representan a los imputados insisten con la nulidad de la declaración de Cristian Knack, puesto que ésta se realizó en el hospital Madariaga de Posadas sin la presencia de autoridades judiciales ni los defensores.
“Ni siquiera tomaron el recaudo de grabar la declaración de un testigo clave que estaba agonizando. Como tampoco hubo funcionarios del Poder Judicial en la escena del hecho”, explicó el codefensor Eduardo Paredes.
Por ello, el lunes la defensa presentó un escrito recusando al Tribunal en desacuerdo por el rechazo de una serie de pruebas que oportunamente fueron planteadas.
“El Tribunal nos rechazó todas las medidas de prueba solicitadas, pero a la fiscal le aceptaron todas”, reclamaron, al tiempo que subrayaron: “La investigación policial develó todo tipo de irregularidades en el levantamiento de huellas y en la cadena de custodia”.
De todas formas, el martes los jueces Francisco Aguirre, Lilia Avendaño y Jorge Erasmo Villalba, integrantes del Tribunal, rechazaron la recusación por extemporánea.
Tampoco hicieron lugar al pedido de citación de un perito de Gendarmería que revise el protocolo de levantamiento de las huellas, lo que solicitado por la defensa.
Cuestionaron que los peritos de la Policía no describieron si los pelos encontrados en un trozo de media fino que habría sido utilizado como máscara fueron arrancados o caídos, ni explicaron cómo fueron levantadas dichas muestras.
“Esto pone en duda la cadena de custodia, que evidentemente fue violada”, remarcó Paredes.
En tal sentido, vale recordar que el propio querellante confirmó que un familiar de las víctimas fue testigo del acto de secuestro de la capucha de media fina -con rastros genéticos de Paz y Godoy-, pero no fue citado a declarar por las partes.
Otro aspecto que reclamaron fue la imposibilidad de contar con el testigo Domingo Leiva, quien fue citado para el debate pero no fue habido, tras lo cual el Tribunal desechó que se insista en encontrarlo.
Según la defensa, Leiva y el comisario Celso Gazano, quien al momento del hecho era el jefe de la Unidad Regional II, podrían aportar datos para avanzar en una segunda hipótesis del caso y eventuales sospechosos.

Fuente:

Territoriodigital

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