Las internas dentro del gabinete municipal son los comentarios a diario en los pasillos del actual edificio municipal y que también tienen sus repercusiones en el legislativo local. Otro elemento que molestó e incomodó a algunos miembros del gabinete municipal y al sector de la militancia que trabajó políticamente para que Carlos Fernández llegue a la intendencia, fue la designación de la que fuera encargada de prensa del PRO, Alejandra Montero como encargada de trabajar sobre la imagen institucional de la actual gestión municipal.
   En las reacciones adversas algunos se ven defraudados, porque entienden que los cargos se deberían discutir y asignar dentro del grupo político, por lo que también algunos de los funcionarios ven con recelo el cargo de secretario de Coordinación General a cargo de Santiago Marrodán, quien en un acuerdo político con Fernández, desistió de su candidatura a intendente y acordó juntamente con Eduardo Lezica algunos espacios de poder dentro del Ejecutivo Municipal. Acuerdos políticos que no se habrían cumplido a pleno, por lo que se comenta que Lezica no estaría conforme e incluso habría manifestado su molestia por los acuerdos no cumplidos.
  Según allegados a Fernández, a Santiago Marrodán no le tienen confianza política, no lo pierden de vista y no le dan espacio de poder para que adquiera relevancia política, porque más allá de la búsqueda de posicionamientos personales, también interpretan que no solo reporta a Lezica, sino que también recibe instrucciones.
   Uno de los primeros en alejarse del entorno del intendente Carlos Fernández fue Javier Pelinski, uno de los hombres fuertes durante la campaña electoral. Pelinski no oculta su desencanto con la actual gestión municipal puertas adentro de la Renovación.
   Las rencillas internas dentro del gabinete y con el legislativo municipal no son desconocidas por la dirigencia provincial a la que le llegan rápidamente todos los pormenores de lo que sucede a diario.
   En la designación de la encargada de prensa del PRO Alejandra Montero como encargada de la imagen institucional, a algunos les sirvió para agregar argumentos de que Fernández está muy inclinado al PRO. Esto, más allá de que el gobierno provincial mantiene buenas relaciones con el gobierno nacional e incluso acompañó varias leyes en el Congreso Nacional.
   También fue motivo de diálogo entre el intendente Fernández y el Presidente del Concejo Deliberante Ariel Cháves por algunos desencuentros con el vicepresidente José María Vitelli, quien ante cualquier cuestión que se trata en el Concejo Deliberante, siempre argumenta que antes de tomar una decisión primero se debe consultar al intendente, cuestión que resulta incómoda para la mayoría de los concejales y en particular a Ariel Cháves, quien reivindica en todo momento que el legislativo es un poder independiente del ejecutivo y que no es necesario pedir permiso para tratar los temas legislativos.
   La personalidad conciliadora del intendente Carlos Fernández hace que este minimice las rencillas internas y le ponga más entusiasmo a su gestión de gobierno, pero si no corrige o pone límites a las cuestiones internas antes de que se profundicen más, seguramente podrá haber dificultades a futuro.
 
Primer triunfo opositor y contrapunto  
   La sanción de la ley antidespidos por parte del Congreso Nacional es la primera derrota política del gobierno de Mauricio Macri y un triunfo de los partidos de oposición y  sindicatos que impulsaron y defendieron la ley. Y permite el posicionamiento de dirigentes de la oposición que ya se proyectan como candidatos para el próximo año.
   El gobierno nacional adelantó que vetaría la ley ni bien esta fuera sancionada, lo que marcará el primer enfrentamiento fuerte entre gobierno y los partidos opositores.
   Si bien el gobierno del presidente Macri niega que exista una ola de despidos, contradiciendo su negativa, firmó con el sector empresario un convenio para frenar los despidos en el sector privado. Este acuerdo no convenció a los sectores gremiales porque es solo una expresión de voluntad y no serviría como herramienta para frenar los despidos, como sucedió en años anteriores, por lo que avanzaron en la sanción de la ley. Lo cierto es que las consultoras indican que la principal preocupación del 60 por ciento de los argentinos es sobre su situación salarial y estabilidad laboral, teniendo en cuenta que los despidos en el sector privado y público continúan, y fue el Estado Nacional quien dio inicio ni bien asumido con los despidos masivos en la administración pública.
   Pero tampoco convence a los partidos de oposición la descalificación del gobierno nacional de que la ley antidespidos es un cepo laboral, parecido al que existió con el dólar hace poco tiempo atrás, y que esta ley más que beneficiar, perjudicará la creación de nuevas fuentes laborales.
   Esta puja entre el gobierno nacional y la oposición permite también que los dirigentes opositores busquen posicionarse políticamente, ocupando el centro de la escena como es el caso de Sergio Massa, quien busca ser la bisagra entre el gobierno y la oposición y así tener el protagonismo en el debate político nacional.
   El contrapunto se da en el caso del gobierno provincial encabezado por Hugo Passalacqua, quien no solo no produjo despidos en el sector público, sino que además salió a subsidiar las tarifas eléctricas al sector industrial y comercial  ante el tarifazo nacional, de manera tal de evitar despidos por ajustes en los sectores de la actividad económica misionera, mientras gestiona ante el gobierno nacional la reducción de la tarifa eléctrica y el ITC diferenciado para los combustibles para paliar las asimetrías hoy existentes con los países limítrofes.
   Por otro lado, Passalacqua firmó con el ministro del Interior Rogelio Frigerio el acuerdo que permitirá una progresiva recuperación de la coparticipación federal, poniendo fin al recorte del quince por ciento que se destinaba a financiar la Anses y la Afip. Los descuentos irán mermando paulatinamente hasta 2020.
   Se pactó la devolución de 3 puntos del 15 por ciento que se recortaba, pero además se acordó el otorgamiento de 6 puntos de ese mismo 15 por ciento que se efectivizará con financiamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la misma Anses.
   Estos recursos, si bien no alcanzan a paliar los efectos de la devaluación y la inflación, permitirán que ingresen mayores recursos a Rentas Generales, los cuales según se adelantó, serán destinados a las prioridades del gobierno provincial que son obras públicas para el sostenimiento y generación de empleos y también favorecer con ello, el movimiento comercial interno.
   En definitiva, estamos ante dos visiones y concepciones políticas de gobierno diferentes que hacen la diferencia a favor del sector asalariado.
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Categorías: Columnas de Opinión
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