El deceso se produjo por un golpe en la cabeza, no por “muerte súbita”, como suscribió el profesional de la fuerza. Fue imputado por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Ocurrió en febrero.

La Justicia de Instrucción imputó por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” al médico policial que firmó el certificado de defunción de Julio Antonio Lloret (25), fallecido el 27 de febrero pasado en la localidad de Guaraní. El profesional fue notificado de la causa y fijó abogado defensor.
Desde un principio, familiares de la víctima -un humilde changarín analfabeto- manifestaron serias sospechas sobre presuntos apremios y encubrimiento policial en el hecho.
Tras la denuncia radicada en Fiscalía el 2 de marzo por Ricardo Lloret (22), hermano de la víctima, la Justicia actuó con celeridad y a las 48 horas se realizó la exhumación del cadáver en el cementerio de Picada Yapeyú.
El resultado de la autopsia indicó que Lloret sufrió un terrible golpe en la cabeza que le produjo una hemorragia cerebral, descartando de plano el deceso por causas naturales.
El informe forense cita que la víctima padeció “un traumatismo craneoencefálico que produjo una rotura de los vasos sanguíneos y una hemorragia cerebral”.
En consecuencia, la autopsia desestimó de manera contundente la opinión del médico policial Luis Liesenfeld, quien 27 de febrero examinó al occiso y diagnosticó que el deceso se produjo por un “paro cardiorrespiratorio, muerte súbita”, descartando la posibilidad de una muerte violenta.
Ahora, la Justicia deberá determinar si el médico policial subestimó la situación por negligencia o pretendió encubrir algún acto irregular. También deberá explicar por qué no solicitó una autopsia, siendo que en sus últimas horas la víctima se quejó de intensos dolores y llegó a vomitar sangre, según mencionaron sus familiares.
El hecho derivó en el pase a disponibilidad de otros siete policías que cumplían funciones en Guaraní y el destacamento de Villa Industrial, al tiempo que se dispuso la intervención de las dependencias citadas.
Transcurridas algunas semanas los uniformados fueron reubicados en otras dependencias de la zona y siguen ligados a la causa, aunque hasta el momento no se hallaron elementos para imputarlos.
“Hasta el momento no existen pruebas concretas contra los policías y ni se sabe quién o quiénes produjeron las lesiones mortales en la víctima, aunque no hay dudas de que murió por una terrible paliza. Por eso, el más complicado es el doctor Liesenfeld, que deberá explicar por qué consideró que el deceso se produjo por causas naturales cuando el cuerpo presentaba claros signos de maltrato”, explicó una fuente judicial.

Versiones y sospechas
Tal como publicó este diario, en los días posteriores al hecho la Policía fue variando las versiones que podrían justificar las lesiones que presentaba la víctima, como ser que se le cayó un árbol encima, que lo golpeó un colono a quien habría querido robar y, por último, que fue atacado una patota.
El apuro que habrían evidenciado los policías para velar y sepultar el cadáver, como indicaron los familiares, suma otro signo de interrogación en la causa.
“Queríamos velarle en la iglesia, pero los policías de Guaraní nos dijeron que no, que así nomás había que velarle y enterrarle rápido. Cuanto estaba el médico les dijimos para hacer la autopsia, pero nos contestaron que era mucho lío, puro papeleo y que no nos convenía. Dijeron que lo mejor era dejar todo así”, aseguró Ricardo Lloret, en las horas posteriores del deceso.
En tanto, la autopsia confirmó que le faltaban varias piezas dentales, tal como indicaron sus familiares desde un primer momento.
“Contó que eran tres que le pegaron con borceguíes, hasta en la cabeza y la boca, y le sacaron dos dientes a patadas”, agregó el hermano.
En los días posteriores varios vecinos de Guaraní aseguraron que fueron intimidados por la Policía. Incluso, el intendente Daniel García Dos Santos reconoció que las autoridades policiales trataron de convencerlo para que se no involucre en la causa judicial y se desligue del reclamo popular por justicia.
“Me pidieron que cualquier cosa les consulte, que no es conveniente salir a hablar por los medios y que les informe si sabía que la gente tiene intenciones de movilizarse. Pero les contesté que no tengo esa obligación. Yo respondo a la comunidad y a lo que dicta mi conciencia, no a la Policía. En mi forma de ser no está colaborar en un encubrimiento”, subrayó entonces.
Insistió que desde un primer momento la familia de la víctima sospechó de la Policía y que tales dudas están instaladas en la comunidad.
Más casos similares en la provincia

Las implicancias del caso de Antonio Lloret traen a la memoria los decesos de Hugo Miguel Wasyluk (38), en Oberá, y Carlos Raúl Guirula (33), en Posadas.
Por el primer hecho se encuentran procesados trece policías, entre ellos el médico policial José Orlando Morales, imputado por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
De esta forma, de los tres profesionales médicos que se desempeñan bajo la órbita de la Unidad Regional II de Policía, dos se hallan implicados en hechos graves.
Si bien la autopsia practicada sobre el cuerpo de Lloret determinó que el deceso se produjo por un golpe en la cabeza que le originó una hemorragia cerebral, el informe forense también mencionó que la víctima sufrió lesiones en al menos una costilla producto de un “aplastamiento”.
Las lesiones en el cuerpo de la víctima y, sobre todo, el término “aplastamiento” potencian las dudas en torno al accionar de los efectivos de la comisaría de Guaraní apuntados por los familiares del joven fallecido.
Lesiones similares presentaron Wasyluk y Guirula. Ambos casos marcan similitudes en el proceder de los uniformados en cuanto a la detención, reducción y castigo al que fueron sometidas las víctimas.

Fuente:

Territoriodigital

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