La profesora de lengua Zulma Araujo aseguró que no se quedará de brazos cruzados y llevará su caso ante la Justicia. La patrocinará el asesor legal de la Unión Docentes Nueva Argentina de Misiones (Udnam), Javier Olano.
Hace un año, la directora del Cep 18, Cecilia Almirón, sancionó con un apercibimiento a la profesora de lengua, Zulma Araujo, porque la docente compartió en su cuenta de Facebook la frase “Alumno: El sistema escolar quiere que apruebes; yo quiero que aprendas” y contó en su muro: “Siento impotencia, justo hoy en el Cep 18, plantean que con un trabajo práctico hay que aprobar a los alumnos que adeudan las materias; y lo peor que estas cosas son apañadas por la directora y la supervisora que aluden que están bajo un reglamento y lo peor es que hay docentes que con tal de quedar bien, no se animan a decir no”.
El castigo por opinar distinto a los lineamientos de inclusión educativa cueste lo que cueste no se hizo esperar: la directora la acusó de manifestarse en términos despectivos hacia los docentes, directivos, supervisora y su propio lugar de trabajo.
Además, según consta en la disposición interna número 2/2014, la acusó de agraviar a un grupo de docentes; de mala conducta y de inobservancia del Reglamento para los Establecimientos del Nivel Medio donde se prohíbe a los profesores censurar disposiciones de la superioridad.
Consciente de que se estaba afectando su derecho a expresarse (consagrado por la Constitución Nacional), la docente presentó una medida recursiva ante el Consejo General de Educación (CGE) que, después de un año de análisis, ratificó la sanción impuesta por la directora del Cep 18.
Fundamento que inquieta
La cédula de notificación que ratificó la sanción a la profesora está firmada por la secretaria general del CGE, Norma Cuquejo. En ese documento, al que PRIMERA EDICIÓN tuvo acceso, se fundamenta la sanción a la docente en el Reglamento de Profesores (como si este tuviera mayor jerarquía que la Constitución Nacional) y en la “constante participación de la docente en los paros”.
Paradójicamente, Cuquejo admite que “hay un conflicto de intereses” entre el derecho del “empleador a sancionar a un empleado que en sus dichos lesiona la imagen de la empresa” y el derecho del “empleado a opinar sobre los sistemas propios de su trabajo, dentro de su ámbito personal”. Pese a que la funcionara del CGE reconoce que “podría considerarse lesionado su derecho a expresión”, decidió que el derecho del empleador a sancionar a los que opinen en contra de la empresa es superior a la libertad de expresión.
Primera Edición
TAPA DEL 15/11/2024
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