¿Esta ley favorece al trabajo o al trabajador? No es una pregunta técnica. Es una pregunta política. Y también ética.

 

En el Senado se habló mucho de “modernización”, de “actualización”, de “terminar con la industria del juicio”. Se habló del trabajo en abstracto.

Pero cuando uno lee el texto —porque está escrito, no hay que adivinar nada— lo que encuentra es otra cosa: menos protección frente al despido, más margen para la rotación, más flexibilidad en condiciones que históricamente habían sido conquistas del movimiento obrero.

Fondo de Asistencia Laboral en lugar de indemnización tradicional. Ampliación del período de prueba. Redefiniciones que, en la práctica, abaratan el costo del despido. Eso no es una opinión: es una consecuencia jurídica concreta.

Y acá aparece la discusión central: el empleo no se crea por ley. Se crea por modelo económico. Con esta misma legislación que hoy llaman “antigua” se generaron millones de puestos de trabajo en el 2003 después de la crisis del 2001, pero se hizo en otro contexto económico. Entonces el problema no era la ley.

Era —y es— el rumbo del modelo productivo.

Mientras el Senado debatía derechos laborales, el Ministerio de Economía celebraba una licitación de deuda con tasas altísimas para sostener el esquema financiero. Rollover superior al 120%, tasas cercanas al 40%. La bicicleta funciona. El capital financiero tiene garantizada rentabilidad. El trabajador, no.

Ahora bien, en este escenario hay responsabilidades concretas.

Los tres senadores por Misiones votaron a favor sin introducir una sola objeción de fondo. Sonia Rojas Decut, Carlos Arce y Martín Göerling acompañaron íntegramente la media sanción. No hubo disidencias parciales, no hubo advertencias públicas, no hubo un “acompañamos pero”. Fue un voto cerrado.

En el caso del senador del PRO, es coherente con su espacio político. Está alineado con el gobierno nacional. Es su posición ideológica. Se puede compartir o no, pero es consistente.

El caso de los senadores del Frente Renovador de la Concordia merece otra reflexión.

Porque ellos no representan a un partido nacional con conducción en Buenos Aires. Representan a un espacio provincial que históricamente construyó discurso propio, autonomía política y defensa de intereses misioneros.

Y sin embargo, votaron todo.

Sin marcar diferencias.
Sin explicar públicamente los costos.
Sin advertir sobre el impacto que puede tener en trabajadores misioneros mayores de 40 o 50 años que, si quedan afuera, difícilmente vuelvan en las mismas condiciones.

No se trata de demonizar. Se trata de asumir que fue una decisión política. Y esa decisión, en el esquema del Frente Renovador, no es individual. Responde a una conducción clara. En Misiones nadie ignora que las grandes definiciones estratégicas pasan por Carlos Rovira. Entonces no hay que inventar relatos paralelos ni teorías exóticas. Fue una decisión tomada arriba y ejecutada abajo.

Ahora bien, si la decisión fue acompañar para sostener gobernabilidad, para garantizar fondos, para evitar represalias presupuestarias en un contexto de ajuste nacional, entonces díganlo. Expliquen el costo-beneficio. Argumenten. Defiendan la estrategia.

Lo que no se puede hacer es votar una reforma estructural de derechos laborales y permanecer en silencio, como si fuera un trámite administrativo.

Porque ahí aparece el problema más profundo.

Tal vez alguien quiera justificar este tipo de decisiones diciendo: “Las leyes se cambian con otras leyes”. Es cierto. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas años después. Una norma puede anular otra norma.

Pero entre una ley y su derogación pasan años. Y en esos años hay consecuencias reales. Hay gente despedida. Hay jubilaciones afectadas. Hay trayectorias laborales truncas.

Y acá quiero detenerme en una idea que incomoda: la obediencia.

En 1987 se habló de Obediencia Debida como categoría jurídica. Hoy no estamos ante algo de esa magnitud histórica, pero sí ante otro tipo de obediencia. No es partidaria. No es ideológica. Es una obediencia de supervivencia política.

Una “Obediencia de Vida” hacia quien te puso en la lista, hacia quien garantiza tu lugar, hacia quien define el armado.

El problema es que cuando la obediencia hacia el mentor pesa más que la responsabilidad hacia el electorado, el vínculo democrático se debilita.

El senador no está para agradecer favores internos. Está para representar a su pueblo.

Y cuando llegue el momento electoral, no va a alcanzar con decir “era necesario”. Habrá que explicar por qué era necesario votar sin modificar una coma. Habrá que explicar por qué se priorizó la disciplina interna antes que abrir el debate público.

Todavía falta Diputados. Tal vez se apruebe. Tal vez no. Pero más importante que el resultado inmediato es la conciencia social sobre lo que se está discutiendo.

Porque las leyes no son técnicas neutras. Son decisiones de poder.

Y cuando el eje deja de ser el trabajador y pasa a ser la rentabilidad, cuando el capital tiene garantías y el empleado incertidumbre, cuando el representante vota sin explicar y se ampara en la conducción, entonces ya no estamos discutiendo sólo una reforma laboral.

Estamos discutiendo qué significa representar.

Marcelo Telez

Director | RPD Noticias

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