Hay decisiones de gobierno que pasan casi desapercibidas, tapadas por incendios mediáticos o tragedias geopolíticas.

Y hay otras que conviene mirar dos veces, aunque la agenda diaria nos empuje a mirar para otro lado.

Lo que ocurrió en los últimos días del año entra en esa categoría peligrosa de reformas silenciosas y profundas: el renacimiento de la SIDE con otro nombre y otras labores, ahora rebautizada Agencia Nacional de Contrainteligencia.

No es un cambio cosmético ni administrativo. Y tampoco es casual que se dé en simultáneo con un conflicto internacional que está cambiando el mapa del poder en nuestra región: el secuestro de Nicolás Maduro, su parodia de enjuiciamiento en Estados Unidos y la tensión creciente entre Washington y el Estado bolivariano.

Mientras todo esto sucede, Argentina mueve piezas en su tablero interno al mismo tiempo.

El decreto 941/2025 –esa joya de fin de año, publicada cuando casi nadie trabaja, ni discute, ni controla– no solo recupera el nombre histórico de SIDE, sino que le devuelve funciones, métodos y herramientas que parecían desterradas de la vida democrática.

Herramientas que, hay que decirlo, durante décadas fueron sinónimo de espionaje político, operaciones, carpetazos y persecución.

Claudio Mardones lo planteó con claridad en Tiempo Argentino: la creación de la Agencia Nacional de Contrainteligencia no es una reforma técnica, sino la construcción acelerada de una policía política con capacidad de detener personas, recolectar información sobre opositores, intervenir en conflictos internos y actuar con un nivel de discrecionalidad que asusta.

Y acá conviene frenar un minuto. Porque nuestra historia ya nos enseñó lo que pasa cuando los servicios de inteligencia se vuelven actores políticos: empiezan a espiar ciudadanos, no enemigos externos. Acumulan poder en la sombra. Y responden menos a la Constitución que al gobierno de turno o a los intereses que los financian.

Muchos repetirán con fe ciega que esto es un avance contra “infiltrados extranjeros”, que se trata de defendernos del terrorismo, del chavismo o del fantasma que toque en ese momento.

Pero sabemos cómo funcionan las excusas.

Cuando se habilita espiar organizaciones sociales, periodistas, opositores o militantes, el límite entre seguridad nacional y persecución se vuelve papel mojado.

No es la primera vez que pasa. La SIDE de la dictadura siguió viva con otro cartel durante décadas.

Nadie, ni Alfonsín, ni Menem, ni De la Rúa, ni Duhalde, ni Néstor Kirchner, se animaron a tocar ese monstruo burocrático que respondía más a sus jefes internos que al Presidente.

Cristina Fernández recién lo hizo después del episodio que marcó una época: la muerte del fiscal Alberto Nisman.

Ese hecho, rodeado de hipótesis, ruido, operaciones y relatos paralelos, cambió la historia política argentina. Y fue aprovechado de manera quirúrgica.

Sin ese estallido mediático, es difícil imaginar a Mauricio Macri ganando en 2015.

No lo digo para abrir una grieta nueva: lo digo porque es un dato político que cualquiera puede observar mirando la línea de tiempo.

En aquel entonces se cambió el nombre, se descabezó la estructura, se intentó reformar. Pero los espías siguieron siendo espías, solo que con otro membrete.

La prueba más brutal está acá nomás, en Misiones: Carlos Carballo, hombre del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, infiltrado, periodista con estrella y premios, terminó preso por crímenes de lesa humanidad.

El mismo personaje que era celebrado por el establishment mediático hoy es un símbolo incómodo de aquello que se prefirió no ver.

Memorias del presente

La pelea interna entre Cristian Ibarra, flamante “Señor 5”, y Sergio Neferlazo terminó en gritos, renuncias, operaciones cruzadas y un decreto urgente para reordenar el tablero.

No es menor que Estados Unidos aparezca en todos los costados de esta historia, asesorando, celebrando o moldeando.

Tampoco es menor que al mismo tiempo se anuncien controles migratorios para impedir el ingreso de cuadros venezolanos o militantes bolivarianos, mientras se vende la idea de una Argentina convertida en retaguardia de la Casa Blanca.

La ANC –nuevo nombre, viejas prácticas– puede detener ciudadanos, seguir opositores, investigar periodistas y coordinar acciones con Fuerzas Armadas en territorio interno.

Eso no es defensa nacional, eso es inteligencia política.

Agustín Rossi lo sintetizó mejor que nadie:
el gobierno dice una cosa y hace exactamente lo contrario.

Habla de transparencia y decide en secreto.
Denuncia el espionaje ilegal y lo habilita por decreto.

Promete achicar estructuras y crea otras más grandes, más caras y más peligrosas.

Hoy escuchamos hablar de Venezuela, de Irán, de Hezbollah, de Palestina y de amenazas externas.

Mañana, cuando el foco se corra, ¿quiénes ocuparán ese lugar?

¿Docentes en huelga? ¿Periodistas incómodos? ¿Movimientos sociales?

¿Cualquiera que no compre el libreto libertario?

No se trata de paranoia. Se trata de memoria.

Una democracia puede discutir economía, comunicación, políticas sociales y comercio exterior.

Puede incluso equivocarse fuerte. Pero cuando toca el sistema de inteligencia para fortalecer el control interno, la conversación deja de ser técnica y pasa a ser moral.

¿Qué país queremos?

¿Uno donde la crítica es un derecho o donde se convierte en sospecha?

La respuesta, como siempre, no la dará un decreto, la dará la sociedad que lo tolere… o no.

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