La iniciativa llegó al Concejo Deliberante como proyecto de ordenanza y busca fijar reglas claras de integridad, transparencia y rendición de cuentas para autoridades, funcionarios y empleados municipales, con el objetivo de prevenir y sancionar prácticas de corrupción.

La Defensoría del Pueblo de Oberá presentó un proyecto de ordenanza para que la ciudad cuente con un Código de Ética Pública aplicable a todo el ámbito del gobierno municipal. El texto plantea la necesidad de consolidar una herramienta institucional que no dependa de coyunturas políticas y que se sostenga como una política de Estado, con cumplimiento efectivo en la práctica diaria de la administración pública local.

Entre los puntos centrales, el proyecto establece que los órganos del gobierno municipal deben promover mecanismos para prevenir, detectar y sancionar la corrupción, reforzando principios como la integridad, la transparencia activa y la obligación de control y rendición de cuentas. También impulsa capacitación, sistemas transparentes de contratación y medidas para prevenir conflictos de intereses, además de la protección a quienes denuncien hechos de corrupción de buena fe.

En materia de obligaciones concretas, incorpora la presentación de declaraciones juradas patrimoniales para un conjunto amplio de cargos (entre ellos intendente, concejales y otras autoridades), con actualización anual y al finalizar funciones, y prevé que la omisión sea considerada falta grave con posibles consecuencias institucionales.

El proyecto además fija prohibiciones vinculadas a prácticas habituales que suelen generar cuestionamientos públicos. Por un lado, plantea que no se deben solicitar ni aceptar regalos, beneficios o promesas, y que determinados obsequios recibidos por la función pasan a ser propiedad del municipio. Por otro, prohíbe expresamente la existencia de “gastos reservados” en el presupuesto municipal y sostiene que toda erogación debe estar sujeta a controles y conocimiento público.

En el plano simbólico e institucional, el texto también apunta a limitar la personalización de la gestión: prohíbe la exhibición de imágenes o retratos de autoridades en ejercicio en oficinas y bienes municipales, y restringe placas recordatorias con nombres de funcionarios en obras públicas financiadas con recursos municipales.

Respecto a la comunicación oficial, dispone que la publicidad institucional debe basarse en pluralismo, transparencia y acceso a información veraz, y prohíbe incorporar nombres, eslóganes o elementos que supongan promoción personal o partidaria.

El proyecto suma, además, herramientas de reacción ante situaciones judiciales: si una autoridad o empleado fuera imputado por un delito cometido en el ejercicio de sus funciones, prevé que el Concejo Deliberante disponga una auditoría contable externa y que el informe se publique en el sitio oficial del municipio y se remita a organismos competentes. También incorpora reglas vinculadas a períodos electorales, como licencias y restricciones a determinados actos de gobierno cerca de comicios.

Desde la Defensoría se remarcó que la presentación se realiza en el marco de sus atribuciones de iniciativa parlamentaria y participación en el Concejo Deliberante, y se expresó la expectativa de que el debate genere consensos amplios para que el Código se sostenga en el tiempo, más allá de los gobiernos de turno.

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