El proyecto de modificación para la Ley de Economía del Conocimiento que el gobierno envió recientemente al Congreso, plantea cambios que generan reacciónes en el sector privado. Se destacan la creación de un fondo de financiamiento para las pymes; la promoción del empleo de las mujeres, discapacitados y titulares de planes sociales entre otras novedades. Voces a favor y en contra.
ucho revuelo han generado en estos días los cambios que desde el gobierno nacional se pretenden aplicar a la legislación redactada por el gobierno de Macri sobre la Economía del Conocimiento, que había sido aprobada en mayo del año pasado, pero que fuera suspendida en enero.
El Gobierno elaboró un nuevo proyecto de Ley de Economía del Conocimiento que ingresó el 19 de febrero al Congreso.
Está en juego la modificación al régimen de promoción consagrada en la Ley N° 27.506, que tenía como antecedente inmediato el Régimen de Promoción de la Industria del Software establecido por la Ley N° 25.922 y su modificatoria, que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019.
El proyecto enviado quiere mantener los beneficios impositivos. Pero incorpora topes para las grandes empresas como Mercado Libre, Globant o Accenture, al tiempo que suma ventajas especiales para las pymes.
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¿Qúe es la economía del Conocimiento?
Podemos definirla como el conjunto de actividades que mejoran la producción de bienes y servicios, a partir de la incorporación, aplicación y adopción intensiva de conocimientos derivados de los avances de la ciencia y la tecnología.
Se caracteriza fundamentalmente por el uso intensivo de la tecnología, requiriendo para su desarrollo de capital humano altamente calificado.
Entre las actividades que la componen incluye al desarrollo de software, la biotecnología, las industrias aeroespacial y satelital, centros de exportación de servicios profesionales, investigación y desarrollo, la nanotecnología y nanociencia y la fabricación de bienes 4.0 (inteligencia artificial, robótica, Internet de las cosas, realidad aumentada y virtual) y otras más.
En nuestro país en las últimas dos décadas, la economía del conocimiento, o los servicios basados en el conocimiento (SBC), representaron uno de los sectores más dinámicos. Se convirtieron en el cuarto complejo exportador después del sojero, el cerealero y el automotor. En 2018, las ventas al exterior representaron el 7,4% de las exportaciones totales de bienes y servicios.
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“Con nombre y apellido”
Alberto Briozzo es diputado nacional (MC), autor de las dos leyes que son los pilares de esta industria, una es la que considera al software como asimilable a una actividad industrial, a los efectos de la percepción de beneficios impositivos, crediticios y de cualquier otro tipo (Ley 25.856 – 4 de diciembre de 2003), y la otra es la Ley de Promoción de la Industria del Software (18 de agosto 18 de 2004).
Cuando lo consultamos sobre el nuevo proyecto nos manifestó que “Recientemente ingresó al Congreso la ‘Ley correctiva’ de la Ley de Economía del Conocimiento impulsada durante el gobierno de Macri. Más allá de la necesidad de un análisis exaustivo, resulta interesante la supresión del polémico artículo 5°, hecho en su momento a medida y con nombre y apellido de algunas plataformas”.
En las modificaciones presentadas queda redactado asi: “Queda excluida del régimen establecido en la presente ley la actividad de ‘autodesarrollo’ a efectos de ser computado dentro del porcentaje de facturación exigido para constituir una actividad promovida”.
“En el art 5 de la ley correctiva que se mando anula la cuestión del autodesarrollo, que obviamente está muy bien es algo que veníamos peleando hace rato” expresó Briozzo.
Según la Fundación Sadosky, se entiende al autodesarrollo de software como “el realizado por los sujetos para su uso exclusivo o el de empresas vinculadas a dichos sujetos”.
Ese argumento es el que le permitió a la empresa líder a nivel regional de compra y venta por Internet mantenerse por años con esos beneficios impositivos.
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El caso Mercado Libre
Esta empresa nació, como una de tantas startups previas al efecto Y2K, el 2 de agosto de 1999 en Buenos Aires, en la cochera de un edificio del barrio de Saavedra, precisamente el Panamericana Plaza, propiedad de la familia Galperin.
Allí Marcos Galperin, Hernán Kazah y otros jóvenes universitarios tenían el sueño de crear una plataforma de comercio electrónico para servir de intermediaria en la compra y venta de bienes y servicios entre usuarios. Parece el argumento de una película de Netflix, pero así fueron sus comienzos.
Los exitosos emprendedores siempre contaron con una “ayudita de los amigos”, ya que Galperín había conseguido hacer buenas migas en la escuela de negocios de la Universidad de Stanford, donde se había graduado a fines de los noventa, con John Muse, dueño del Fondo de capital privado Hicks Muse, quien tabién puso en contacto con el JPMorgan, Goldman Sachs, y el Banco Santander Central Hispano entre otros, para financiar el dearrollo de su emprendimiento de base tecnológica.
Marcos, un muchacho de suerte que supo surfear el estallido de la burbuja puntocom, no sólo mantuvo a flote su plataforma sino que pocos años después, el 9 de agosto de 2007, obtiene el MELI, código bursátil con el que opera Mercado Libre, ya que logró que su empresa cotizara desde ese momento en la bolsa electrónica de Nasdaq.
Continuando con la innovación como bandera desde 2018, se produce el avance de ML en el sector financiero con la aparición de Mercado Pago, situación que desató el rechazo de la Asociación Bancaria, ya que denunciaron que en varias oportunidades la empresa estaba en infracción al no otorgar a sus trabajadores las condiciones laborales incluidas en el Convenio Colectivo de Trabajo del sector financiero.
Según el Índice NASDAQ del viernes 28 de febrero de 2020, Mercado Libre tiene una valoración de mercado de 29,747,928,371 dólares.
El crecimiento exponencial de la empresa de Galperín, hace pocos días renunció como CEO pero sigue siendo el dueño de las acciones, no hubiera sido posible de no haberse acogido a los beneficios del Régimen de Promoción de la Industria del Software, la que próximamente será modificada.
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Las grandes quedan afuera
También nos comentó Briozzo que “El art 2, que está muy mal redactado, queda igual, habla un montón del software y al resto de las actividades comprendidas en los sectores simplemente los nombra pero no aclara nada de cada uno de ellos”
“Lo que hace de bueno es ponerle un tope a las grandes empresas, en el sentido que les pone un tope de 3500 empleados, que igual es alto, pero eso antes no estaba” y agrega que “con la ley de Economía del Conocimiento le terminaban pidiendo a las grandes los mismos requisitos que a una pyme de 15 empleados”, resume el exdiputado.
Por su parte Argencon, la cámara que enrola al sector de prestadores de servicios basados en el conocimiento, mostró su “preocupación” por los cambios. Luis Galeazzi, su director ejecutivo, dijo que los cambios propuestos atacan el esquema anterior.
Dijo que si prospera esta modificación los beneficios quedarían “supeditados al cupo fiscal, por lo que no se podrá tener la tranquilidad para los negocios de que no habrá un agravamiento de la carga impositiva”.
Criticó también la intención de crear un comité consultivo que decidirá si una compañía que se dedique a otra de las actividades del sector de la economía del conocimiento puede o no acogerse a los beneficios de la ley.
Si los legisladores le dan luz verde a esos cambios, a muchas empresas se les va a cortar el chorro del que venían aprovechandose a partir de los grises que tenía una ley de más de quince años.
La posibilidad de fomentar el desarrollo y de incluir a estos beneficios a PyMes y cooperativas de trabajo que hacen desarrollo de software va a ampliar la torta para que más sean los que coman y no sólo se queden con las migas.