Si hay un tema que se instaló de manera perenne en nuestra sociedad es el de los “planes sociales”. Algo que desde sus orígenes nació como paliativo para la creciente desocupación y el desempleo producto de las privatizaciones de los ‘90, en nuestros días ha derivado prácticamente en un estigma para quienes ¿gozan? de ellos.
Con la nueva normativa aparecen en el horizonte luces y sombras, con pronóstico de éxito reservado.
De un tiempo a esta parte, el tema de los planes sociales se ha instalado en el imaginario social por parte de los principales medios de comunicación con una demonización manifiesta. Lo que en muchos países del mundo está asociado a una política que desde los Estados se aplica para asistir de manera temporal a los sectores más vulnerables que quedaron fuera del mercado laboral formal, en nuestros pagos un sector cada vez más creciente lo visualiza como sinónimo de retraso y de gran mal nacional, entre algunas de las caracterizaciones menos hirientes y agresivas.
Varios comunicadores del prime time de la radio y la televisión, como así también profesionales del rubro panelistas e invitados de todo tipo, hablan sobre los planes y los “planeros” mezclando la AUH con los programas sociales porque “a todos esos vagos los mantenemos con nuestros impuestos”, y ese mensaje se repite hasta el infinito y más allá.
No fue inocente esta tarea de instalar estos conceptos, y para el gobierno actual representa un desafío hacer que en un contexto de crisis económica y desempleo los programas sociales sean una herramienta efectiva, cosa que hasta la fecha no se ha logrado.
La punta del ovillo
Hay que decir, en contra de la creencia popular, que a los planes sociales no los inventó Carlos Menem. Pero sí le corresponde el derecho de autor sobre el que tal vez tuvo más difusión en el tiempo, el plan Trabajar, creado en 1996 y derogado en el 2002, cuyo nombre es aún utilizado para generalizar y bastardear a los programas que le siguieron en el tiempo.
Creado por la resolución 576/05 del Ministerio de Trabajo en el ‘96, el Programa Trabajar I correspondía a un subsidio que tenía una duración de entre 3 y 6 meses por el cual los trabajadores desocupados percibían un monto de $ 200 (recordar el dólar 1 a 1) y se hablaba de una contraprestación donde a través de proyectos de infraestructura económica y social, se contribuyesen al desarrollo de las comunidades.
En ese momento el Ministerio de Trabajo de la Nación entregó entre 100 y 110.000 planes Trabajar, cuya financiación provenía de un préstamo del Banco Mundial, y ya en 1997 fueron más de 206.000 beneficiarios los registrados.
Durante ese año, el entonces gobernador Eduardo Duhalde lanzó en la provincia de Buenos Aires el Plan Barrios Bonaerenses. El resto de los gobernadores siguieron pasos similares y eran programas que se distribuían a través de los intendentes y punteros del PJ.
En el gobierno de la Alianza, el ex presidente De La Rúa no modificó la estructura de ese programa, que ya llevaba en ejecución su tercera versión, el Programa Trabajar 3, donde la población objetivo abarcaba a los mayores de 16 años y se mantenían la asignación de $ 200 y el componente de la contraprestación obligatoria.
En plana crisis de 2001 aparece en escena el Frente Nacional Contra la Pobreza (FRENAPO) y llevó adelante la Consulta Popular por el Seguro de Empleo y Formación de $380 para cada jefa o jefe de hogar desocupado, una Asignación Universal de $60 por mes por cada hija o hijo de hasta 18 años y otra de 150 pesos para los mayores de 65 años que no percibieran jubilación ni pensión. La propuesta del FRENAPO, encabezada por la CTA y acompañada de los Organismos de DD.HH., organizaciones sociales y políticos tan disímiles como el entonces Gobernador de Santa Cruz Néstor Kirchner o la diputada nacional Elisa Carrió, manifestaba taxativamente la necesidad de formar a los desocupados, ergo la contraprestación debía ser la capacitación .
Esa consulta popular se realizó durante cuatro días consecutivos a lo largo del país, finalizando el 17 de diciembre, como antesala de la caída del gobierno radical.
La culpa no es del chancho
El 3 de abril de 2002, a través del decreto N° 565 Eduardo Duhalde le da vida al Programa Jefes de Hogar, que fue el certificado de defunción de los planes Trabajar, y determina que cada titular percibiría una suma mensual de $150 siempre y cuando se acreditaran tres condiciones: no tener trabajo, ser jefe de hogar y tener chicos en edad escolar.
El Plan de Jefas y Jefes, así se lo conoció en la jerga, se extendió a dos millones de beneficiarios con un criterio de asignación universal. Para conseguirlo, ya no fue necesario pertenecer a determinado partido u organización, al menos no en teoría.
Según la Resolución 420/2002 del Ministerio de Trabajo se establecían “los procedimientos de asignación y supervisión del cumplimiento de las actividades que como contraprestación del beneficio dinerario realicen los beneficiarios del Programa”. Dicha norma contenía toda una batería de definiciones, manual de operaciones, detalle de actividades sugeridas y también indicaba la constitución de los Consejos Consultivos, tanto municipales como provinciales. Estaba todo escrito, pero poco fue lo que se hizo.
El Centro de Estudios Legales y Sociales presentó en mayo de 2003 un documento crítico titulado Plan Jefes y Jefas / ¿Derecho social o beneficio sin derechos?, en el que marcaba muchas irregularidades comprobadas en la ejecución del programa donde la discrecionalidad para la asignación de los beneficiarios y la falta de autoridad y coordinación en los Consejos Consultivos como órganos de control de las contraprestaciones eran moneda corriente. Para el CELS, “lejos de la pretensión de consagrar un derecho, el plan se limita a distribuir beneficios asistenciales precarios, que no alcanzan a cubrir las necesidades mínimas de la población en situación de indigencia”.
Modificaciones trascendente se dieron después del 2003, cuando Néstor Kirchner, ya como presidente de la Nación, incorporó al Ministerio de Desarrollo de la Nación como un actor central de referencia en cuanto a la articulación de las políticas sociales y el trabajo.
En la publicación Políticas Sociales del Bicentenario, Un Modelo Nacional y Popular, noviembre de 2010, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la entonces ministra Alicia Kirchner detalla que “de 76 programas sociales vigentes al año 2002, en el año 2003 diseñamos un abordaje en torno a cuatro líneas: 1.- Plan Familias 2.- Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social 3.- Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 4.- Plan Nacional de Recreación y Deporte Social”.
Vale recordar que el secretario de Desarrollo Social de la Nación de ese entonces no era otro que el actual ministro Daniel Arroyo.
La irrupción de la AUH
Fue el 29 de octubre de 2009 cuando la entonces presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, firmó el decreto 1602/09 que disponía un ingreso de 180 pesos mensuales para los menores de 18 años de las familias que no contaran con cobertura social y estuvieran en situación de vulnerabilidad, hasta un límite de cinco hijos por grupo familiar. La asignación además agregaba tres requisitos, acreditar el cumplimiento de los controles sanitarios, del plan de vacunación obligatorio y la concurrencia de los niños y adolescentes a un establecimiento educativo.
El ministerio de Economía de la Nación presentó una nota técnica titulada Asignación Universal por Hijo en Argentina donde describía que “Hacia finales del año 2009 existía aún una brecha considerable en los indicadores de pobreza, indigencia y desigualdad, incluso a pesar del proceso de crecimiento ininterrumpido que tuvo lugar desde 2003, que redundó en una fuerte reducción del desempleo y en una recuperación del poder adquisitivo de la clase trabajadora. En este contexto, el reclamo de un ingreso mínimo para la niñez devino en el Decreto P.E.N. 1602/09 que dio origen a la Asignación Universal por Hijo para la Protección Social”
Para eso la AUH tuvo como objetivo equiparar el ingreso de aquellos niños cuyos padres no estuvieran incorporados al mercado de trabajo formal, ya sea porque se desempeñaran en el sector informal o porque se encontraran desocupados, y que, por esa razón, no recibieran la asignación por hijo estipulada en el régimen contributivo de asignaciones familiares.
Luego en mayo de 2011, las prestaciones se complementaron con el lanzamiento de la Asignación Universal por Embarazo (AUE) para la protección social, que comenzó a otorgarse a las futuras madres que se encontraran en las doce o más semanas de gestación.
Desde la presidencia de Mauricio Macri se realizaron una serie de cambios para la ampliación de la cobertura de la AUH como la eliminación de las restricciones para ser beneficiario a quienes percibían otros planes sociales nacionales o locales. También se incorporó a los hijos de monotributistas y a los de quienes fueran empleados con contratos temporales,
Es por este motivo que no se debe considerar a la Asignación Universal por Hijo como un “plan social”, al que deliberadamente aluden aquellos comunicadores que mencionábamos al inicio de la nota.
Más de medio millón de personas
En mayo del año pasado Cristina Fernández, al presentar Sinceramente en la Feria del Libro de Buenos Aires, expreso que “el gobierno que yo dejé con 207 mil planes sociales hoy tiene 467 mil, casi medio millón, de planes. Muchos más que los que tenía el gobierno de ‘choriplaneros’ y ‘planeros’”, poniendo así una cifra para discutir sobre la mesa.
Hace pocos días el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, dijo que “tenemos hoy 600.000 personas que están bajo planes sociales, que cobran la mitad del salario mínimo”. Ese es el número aproximado de quienes hoy están dentro de lo que se caracteriza como “planeros”.
Comenzamos esta nota describiendo que en 1996 los primeros beneficiarios del Programa Trabajar I eran un poco más de 100.000; casi veinte años después , sobre el final del gobierno kirchnerista, aumentaron a casi 210.000; y pasados los cuatro años de Cambiemos ese número prácticamente se duplicó. Es más que evidente que sin dudas estamos ante un problema de larga data, pero el agravante está en la magnitud al que lo llevó la gestión del ex presidente Macri.
Las expresiones con que se clasifica a este universo de argentinas y argentinos sin trabajo son variadas, y muchas de ellas hasta rozan la xenofobia.
En el fundamento de estos planes y programas sociales siempre estuvo presente, en teoría, el componente de una contraprestación laboral, comunitaria o de capacitación o formación.
A fines de enero el gobierno nacional presentó en la localidad de Moreno el plan Argentina Unida por la Educación y el Trabajo que dice tener como objetivo transformar a los planes sociales en “planes de trabajo”. El presidente Fernández encabezó ese acto y lo acompañaron, además de medio gabinete nacional, dirigentes de la CTEP, la CCC, Barrios de Pie, el Movimiento Evita y el Frente Popular Darío Santillán. En declaraciones el ministro Arroyo expresaba “Hoy arrancamos un poco a las apuradas con el tema de las escuelas, pero lo vamos a extender a cinco actividades: construcción, producción de alimentos, textil, cuidado de personas y reciclados”.
Más dudas que certezas
Nadie tiene por qué dudar de las buenas intenciones del Gobierno, pero dicen que de ellas está lleno el camino que lleva al infierno, y con la velocidad que se trasmite un mensaje en un grupo de whatsapp ya comenzaron a aparecer las primeras dudas.
¿Es a través de las organizaciones sociales que los actuales beneficiarios se tienen que anotar?, ¿los gobiernos provinciales y municipales qué participación van a tener?, son algunas de las preguntas que comienzan a no tener una respuesta concreta.
Si le sumamos a esto que en la página oficial del ministerio de Desarrollo Social presentan al programa como “La reconversión de programas sociales al trabajo y la refacción de escuelas para que los niños y niñas puedan comenzar el calendario escolar en mejores condiciones edilicias se logra a partir de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Economía Social de la Nación, que garantiza el incentivo adicional, y las provincias, que aportan los materiales y herramientas para llevar a cabo las tareas de refacción. Asimismo, la UOCRA llevará adelante el control de asistencia y la supervisión de las obras”, con más razón aumenta la ansiedad ya que estamos a escasos días del inicio del ciclo lectivo.
Esta posibilidad de la reconversión de los planes a través de una contraprestación efectiva en pequeña obra pública como pintar escuelas, para llevarlo después al sector privado con obras públicas de menor escala y en otras actividades, es una oportunidad donde hay mucho en juego como para que sea otra experiencia que se frustre en la mezquindad del clientelismo y la improvisación.
No se deben generar falsas expectativas, como tampoco inventar cooperativas en un día, y hay que animarse a la organización en serio.
La posibilidad de reunir a todos los sectores recuperando la figura de los Consejos Consultivos por ejemplo, sería una buena práctica a la hora de implementar de manera local esta idea del cambio de paradigma sobre los planes sociales.
Existen buenos antecedentes para rescatar y resaltar si de verdad se quiere volver mejores.