En la ciudad de Oberá la problemática de la ocupación irregular de terrenos de propiedad del Estado Municipal es un fenómeno creciente desde hace décadas. En la actualidad, la población de ingresos medios y bajos ve cada vez más limitadas sus opciones para acceder a un lote y a una vivienda a través del mercado inmobiliario. En Oberá hay asentamientos irregulares relevados y en su mayoría inscritos en el Registro Nacional de Barrios Populares que están en proceso de integración urbana.
La Concejal Verónica Noguera destacó la importancia de la aprobación de esta normativa considerándola histórica, “este es un camino largo, que no es fácil, conlleva muchísimo trabajo. Un trabajo de campo, un trabajo que se hace directamente con el vecino, porque cada uno también tiene su historia, su situación. Es una tarea compleja, pero en definitiva siempre nos hace bien y nos pone felices porque el fin último es regularizar esa situación y que esas familias cada día comiencen a vivir mejor”.
La normativa aprobada, manifiesta que la regularización de la tierra implica la posibilidad cierta de desarrollar infraestructuras necesarias para la vida diaria y que ayuden al cuidado de la salud de las familias que residen en asentamientos irregulares sobre inmuebles municipales en proceso de integración socio urbana. Es imposible realizar obras de agua potable, cloacas o redes de energía eléctrica en inmuebles que no cuentan con la subdivisión correspondiente y/o mínimamente con la demarcación correcta de calles mediante una mensura.
El objetivo de esta Ordenanza radica en contar con las reglas para implementar programas de urbanización y regularización de aquellos inmuebles contenidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y en otros que, sin estar contenidos en el mentado registro, existen hace décadas en nuestra ciudad.
Como requisito mínimo para la declaración de Barrios en Proceso de Integración Socio Urbana que los mismos estén compuestos por al menos 20 familias residentes con una antigüedad de 8 años o más cada una y sin acceso regular domiciliario a dos o más de los servicios básicos como ser agua potable, energía eléctrica y red cloacal.