La concejal ahora en duda oficialista Lilian Vega, cuestionó el contrato de concesión del transporte urbano y señaló que de ser aprobado tal como está seria la estafa del siglo a los obereños, agregando que se criticaba que el servicio estaba en manos de un monopolio local y ahora se está concesionando a un monopolio provincial. Tras cuestionar varios de los puntos del contrato, también tomó distancia política del actual oficialismo al señalar que, desde su grupo político, no están de acuerdo con una serie artículos del contrato que se está estudiando en comisión; esto teniendo en cuenta que tanto Vega, como el intendente Pablo Hassan llegaron por el mismo grupo político. Los concejales tenían treinta días para la aprobación  del mencionado contrato de los cuales ya pasaron más de la mitad.
Con idéntica postura están cuatro concejales, además de Vega; también el concejal renovador Marcelo Sedoff y los concejales del PRO Mara Frontini y Marcelo Gazzo no estarían de acuerdo con varios de los artículos  del contrato enviado por el ejecutivo, porque entienden que se le otorgan muchos beneficios a los concesionarios y han solicitado por nota a varias instituciones a que se pronuncien al respecto, como ser el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas como así también al Círculo de Abogados, entre otros. Los demás concejales han solicitado una serie de aclaraciones al ejecutivo sobre los artículos sobre los cuales tienen dudas.
En principio algunos concejales cuestionan que el llamado a licitación fue por  8 años y prorrogables por otros cuatro años más. Pero el contrato que están tratando es por diez años como máximo, como lo establece la Carta Orgánica Municipal y renovable por otros 10 años si hay conformidad en el servicio y la empresa cumple con el plan de inversiones, según lo establece la Carta Orgánica Municipal en su artículo 78 inc. 3  y el artículo 7 de la  ordenanza 3045. En esto existiría una cuestión planteada por las empresas adjudicatarias por cuestiones técnico contables y económicas, que es el tiempo de amortización de los colectivos, que su tiempo de amortización son de 10 años.
Otro de los puntos en disidencia es que se establece que la tarifa comercial del servicio deberá ser evaluada cada cuatro meses o cuando se advierta un incremento de costos que lo amerite como ser: valores de los salarios, combustibles y el valor de las unidades, por lo que el municipio, señala el contrato, instrumentará los mecanismos necesarios para evitar el retraso del pago respecto a los ajustes por variación de costos en seguridad de la calidad del servicio en beneficio de los usuarios. Es decir que los ajustes se harán tres veces en el año, siempre y cuando no existan variaciones significativas en el costo. Por otro lado se establece que por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, se resolviera no realizar ajuste tarifario que corresponda reglamentariamente se deberá subsidiar al usuario, en beneficio de los mismos, compensando el déficit creado a la concesionaria, en este punto entienden que en realidad el beneficio es para las empresas por medio de subsidios que beneficiarán al usuario en el no incremento del pasaje.
A la polémica se le agregó el boleto gratuito para los jubilados, en donde existen diferentes criterios. Unos entienden que se le debe otorgar únicamente a los que cobran el haber mínimo, cuestión que algunos concejales entienden que es una medida discriminatoria. Los que entienden  que a la empresa se le paga por kilómetro recorridos así no viaje ningún pasajero, no tendría sentido abundar en requisitos y también existen casos en que los jubilados a partir de determinada edad no pueden conducir vehículo alguno por no estar habilitados o por decisión propia. Pero se debería tener presente que será la municipalidad la que recaudará el dinero para pagarle a las empresas, es decir el mayor riesgo lo corre el municipio y no los concesionarios del servicio del transporte urbano de pasajeros.
Se estaría tratando de buscar que la aprobación del contrato de concesión salga por consenso y por unanimidad para que no queden dudas, cosa que por el momento es difícil de lograr.

Cuidar el bolsillo de los misioneros
Desde el gobierno provincial se busca recomponer la caída de los salarios en el ámbito de la administración pública en general con recomposiciones salariales que, en el caso del sector docente, es con aumentos escalonados hasta el mes de septiembre y otras medidas económicas que abarquen a los demás sectores asalariados del sector privado, como lo es el programa Ahora Canasta que busca el reintegro del IVA.  El programa, según lo convenido, devolverá al comprador el 17% que representa el IVA en el alimento. En tanto que para el comercio la participación significará un aporte del 3%. Aporte menor al que por estos días realizan los comercios que participan del programa Ahora Góndola. El tope de reintegro mensual será de $ 4.500 por cuenta y los medios de pago habilitados serán las tarjetas de débito del Banco Macro y las billeteras digitales y tarjetas sociales que se adhieran hasta la puesta en vigencia del programa, y el que tenga dos cuentas y diferentes medios de pago podrá duplicar el ahorro.
Es una medida compensatoria a lo que venía reclamando la provincia por una zona aduanera y que dentro de las leyes contempla que las Pequeñas o Medianas Empresas (Pyme), que están contempladas en el  artículo 10 de la Ley Nacional Pyme, que otorga la posibilidad de que el gobierno nacional de beneficios de este tipo en las economías de frontera. Este beneficio es uno de los que se buscaron lograr para el comercio misionero dentro de los dos intentos fallidos por tener una zona aduanera, el primero vetado por el presidente Alberto Fernández tras la aprobación del Congreso, y el segundo tras caerse la ley de presupuesto que la oposición decidió no acompañar.
Con esta política que comenzó durante la gestión del ex gobernador y actual diputado provincial Hugo Passalacqua, tiene como principal objetivo el de dinamizar la economía de las pequeñas y medianas empresas de Misiones, pero también el de cuidar a los consumidores ante la escalada inflacionaria del país.
El Ahora Canasta incluye casi todos los alimentos más comunes de la mesa familiar, incluidas las carnes. Además, se está estudiando que puedan incluirse artículos de higiene personal como jabón y productos capilares y también de limpieza del hogar como desinfectantes, detergentes, jabón para lavado de ropa y lavandina.
Es una forma de gestionar desde el Estado que la inflación no le quite poder adquisitivo a los misioneros y beneficiar al sector del comercio, para que las ventas no se vean disminuidas.

Artículo visitado 43 veces, 1 visitas hoy


Categorías: Columnas de Opinión

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Back To Top