Los concejales se deberán poner de acuerdo en cual será finalmente el tiempo del contrato de concesión para la prestación del servicio urbano de pasajeros, en principio según se dijo que en el llamado a licitación sería por 8 años y prorrogables por otros cuatro años más. Pero el contrato de concesión es por diez años y renovables por otros 10 años si hay conformidad en el servicio y la empresa cumpla con el plan de inversiones, según lo establece la Carta Orgánica municipal en su artículo 78 inc. 3 y el artículo 7 de la ordenanza 3045.
Lo que inquieta a algunos concejales es que en el contrato se establece que en artículo 15 de la ordenanza antes mencionada establece que el Ejecutivo Municipal podrá disponer de la renovación de la concesión con acuerdo del Concejo Deliberante. Algunos concejales entienden que debería decir aprobación y no acuerdo. Además, algunos entienden que debería ser por 8 años y la posibilidad de renovar por otros cuatro años y no por 10 años renovables por 10 años. En esto existiría una razón también técnico contable y económica que es el tiempo de amortización de los colectivos, que su tiempo de amortización son de 10 años.
Otro de los puntos en discusión es que se establece que la tarifa comercial del servicio deberá ser evaluada cada cuatro meses o cuando advierta un incremento de costos que lo amerite; como ser valores de los salarios, combustibles y el valor de la unidad, por lo que el municipio -señala el contrato- instrumentará los mecanismos necesarios para evitar el retraso del pago respecto a los ajustes por variación de costos en seguridad de la calidad del servicio, en beneficio de los usuarios. Es decir que los ajustes se harán tres veces en el año, siempre y cuando no existan variaciones significativas en el costo.
La concejal Lilian Vega, durante la audiencia pidió tomarse el tiempo de 30 días para resolver los aspectos de la concesión, teniendo en cuenta los pedidos de los usuarios de aumentar las frecuencias y los recorridos, y también los años en los que se otorgará la concesión, solicitó a los demás concejales que no se apruebe nada de la concesión del servicio urbano a las apuradas, y esto llamó la atención.
Por otro lado, el silencio de los propietarios o asesores de la empresa Capital del Monte es llamativo, lo cierto es que están con mucha bronca y por lo bajo se comenta que ellos entienden que esto es una cuestión política y que todo estuvo armado para dejarlos a ellos fuera de la prestación del servicio, cuando en realidad ellos fueron los que rescindieron el contrato y se retiraron de la licitación, incluso el presidente el Concejo Deliberante, Santiago Marrodán, comentó que más allá que la cotización presentada por la empresa obereña era significativamente superior a las demás empresas, decidieron adjudicarle un nodo por ser una empresa local. Y esto es una cuestión que llama la atención, porque se trata de un concurso de precios y, si bien la carta orgánica señala que se deben dar prioridad a las empresas locales cuando las ofertas sean similares, se debe priorizar a las empresas locales.
Una de las cuestiones que se reclamaron en la audiencia pública es que se establezcan penalidades y sanciones a las empresas que no cumplan con el servicio, cuestión que ahora sí estarán contempladas en las ordenanzas, y el Juez de Faltas podrá actuar en consecuencia.
Durante la audiencia hubieron sobrados elogios al llamado a licitación, esperemos que las empresas adjudicatarias cumplan con las expectativas de los usuarios, y no termine siendo una gran decepción.
Que agarren la pala y capacitarlos para el empleo
Muchas veces se escuchó esta frase sin pensar que se deberían repartir más un millón setecientas mil palas y asignarles una función, algo que hacer. Lamentablemente los planes sociales terminan siendo un negocio rentable para algunas agrupaciones sociales, y desvirtuando los objetivos de los mismos y el trabajador en relación de dependencia o el autónomo está cansado de trabajar, que el dinero no le alcance y sin embargo a los planeros, como se los denomina, no trabajan y viven mejor que el que trabaja, y lo único hacen es cortar rutas o calles una vez por semana.
El debate social se trasladó al debate político a partir de las manifestaciones de la actual Vice Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, incluso antes cuando desde el estado nacional tomaron la decisión de no seguir entregando planes y que los mismos deberían ser reconvertidos en trabajo genuino y, para ello era necesario la capacitación en diferentes oficios, cosa que algunas agrupaciones sociales lo hacen y otras no. El enojo de algunas agrupaciones sociales se debe a que se ordenó una auditoría, y aquellas que no estén cumpliendo con lo que se pretende desde el Estado y han convertido a los planes sociales en una caja recaudadora y para beneficio personal, se les sacará el manejo de esos planes sociales y se los darán a los gobiernos provinciales, municipales y entidades intermedias para que cumplan con el fin social de que sean un sostén familiar; pero que a su vez se les brinde capacitación y herramientas como para desarrollar alguna actividad con ayuda y acompañamiento del Estado.
En ese sentido se debe destacar lo que se realiza desde el ámbito provincial y municipal a través de la oficina de empleo, en donde a las personas que tengan un plan social se los asesora y capacita sobre el emprendimiento que quieran emprender con un equipo técnico; para que el mismo sea sustentable y pueda perdurar y crecer con el tiempo, y luego se realiza el seguimiento y apoyo del Estado con el aporte -no solo de elementos y herramientas de trabajo- sino que también con insumos como para que puedan aumentar la producción, mejorarla, aumentar los ingresos, y también generar puestos de trabajo.
Esta transformación es más que necesaria, porque si bien hay una alta tasa de desocupación, no todo el tiempo se puede vivir de los planes sociales; es necesario convertirlos en generadores de trabajo autónomo con algún tipo de emprendimiento, y dejar atrás eso de cobrar un subsidio del Estado sin hacer nada.
TAPA DEL 19/5/2023
