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En Oberá la discapacidad está en emergencia y se hicieron escuchar

Como a nivel nacional, en Oberá, padres, familiares y profesionales salieron a la calle a solicitar que el Estado tome nota de los pedidos contra el ajuste en discapacidad. Además, los prestadores de servicios sufren el maltrato de las obras sociales.

Es importante mencionar que las personas con discapacidad, tienen derechos adquiridos, pero que están siendo vulnerados por quienes deben controlar que se cumplan, pero además en este estado de crisis económica, lo que perciben no les alcanza y se les complica seguir tratamientos o acompañamiento de profesionales.

La manifestación se llevó en la plaza San Martín, con carteles, dónde expusieron los puntos que reclaman, entre ellos solicitan que los derechos de las personas con discapacidad, que se cumplan con los tratamientos necesarios para fomentar su autonomía y transporte que solicita el médico tratante. Hoy este derecho tan esencial está siendo vulnerado.

Uno de los puntos principales tiene que ver con el aumento para la Pensión no Contributiva para las personas con Discapacidad, que actualmente es de tan solo $16.000. En este aspecto afirman que las personas con discapacidad merecen también un aumento en la pensión teniendo en cuenta el índice inflación del país.

Mientras que los prestadores de servicios, solicitan un aumento de aranceles del 60% acumulativo y cláusula gatillo según inflación para próximos aumentos. Porque el bajo arancel en las prestaciones hace que las prestaciones de las personas con discapacidad peligren.

Pero en este ponto de los prestadores de servicios, requieren que las obras sociales sean responsables y abonen el servicio a mes vencido, no como actualmente pasa que abonan entre 5 o 6 meses de atraso, generando deudas para los prestadores y pérdida en la adquisición, por la desvalorización monetaria.

Hay que destacar que lamentablemente muchas personas con discapacidad en distintos puntos del país no tienen su prestación porque no pagan a los prestadores y las familias tampoco pueden hacerse cargo de esos servicios.

Al no cumplir las obras sociales o prepagas, con prestadores y menos con las personas con discapacidad, las familias quieren que el Estado sancione a las mismas por incumplimiento.

El traslado de las personas es tan importante, que sin ese servicio no pueden ir a las escuelas o consultorios, por ello piden que se aumente el valor del km, tomando como parámetro lo que consiguieron los taxistas: $ 150 pesos, la bajada de bandera de los taxis.

Parecen infinitos los pedidos, pero no lo es, es parte de lo que necesitan para seguir siendo contenidos por profesionales, recibiendo la educación que se merecen y en este aspecto el pedido tiene que ver con las maestras de apoyo que acompañen en las escuelas, y estas sean integraciones parciales que perciban el módulo completo; porque su trabajo y función no termina en la escuela.

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