Desde hace ya más de un mes los incendios en Corrientes afectan humedales, pastizales, plantaciones y bosques nativos, así como cientos de animales en toda la provincia. Además, se registran focos activos en otras 3 provincias: Misiones, Formosa y Río Negro, según el último reporte de incendios del Ministerio de Ambiente de la Nación.
¿Cuál es la superficie afectada? ¿Con qué presupuesto se contó en 2021? A continuación, 5 datos que tenés que saber sobre el tema.
Según un informe técnico de la Estación Experimental Corrientes del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) -que depende del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca nacional- sobre la evolución de las áreas quemadas, entre el 15 de enero y el 16 de febrero último se incendiaron 785.238 hectáreas en suelo correntino, el equivalente a un 9% de la superficie de toda la provincia y a más de 35 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El estudio determinó, además, que “el ritmo de progresión del fuego entre el 7 y el 16 de febrero fue de casi 30 mil hectáreas diarias”. “En valores absolutos, la cobertura vegetal más afectada son los esteros (y otros bañados) donde se duplicó el área, pasando de 124 mil hectáreas a más de 245 mil”, señala el documento, firmado por los técnicos Griselda Saucedo, Ruth Perucca y Ditmar Kurtz.
“Los bosques cultivados también fueron muy afectados, ya que el área quemada aumentó casi 2 veces y media pasando de 12 mil a más de 31 mil hectáreas”, agrega el estudio.
Por su parte, el Ministerio de Ambiente informó en el último reporte de incendios del 21 de febrero último sólo 302 hectáreas afectadas en Corrientes. Desde el sector de Prensa de la cartera que dirige el ministro Juan Cabandié señalaron que la diferencia entre los 2 reportes se debe a que “solo eso informó oficialmente la provincia ante el SNMF [N. de la R.: Servicio Nacional de Manejo del Fuego]”. En su cuenta de Twitter, el gobernador Gustavo Valdés (ECO) habló de 700 mil hectáreas afectadas.
El dato es preocupante. Aunque se trata de fuentes distintas, para 2021 el Ministerio de Ambiente informó que la superficie afectada en todo el país superó las 331 mil hectáreas. Si el Ministerio confirmara el número analizado por el INTA para Corrientes, esto significaría que a esta altura del año ya se duplicó en una sola provincia lo afectado a nivel nacional en todo 2021.
El Gobierno nacional reintegró el Plan Nacional del Manejo del Fuego a la cartera que dirige Cabandié. Durante la gestión de Cambiemos, el programa estuvo bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación. En 2021 crecieron 4 veces en términos reales los recursos económicos del Fondo Nacional del Manejo del Fuego, según datos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
De acuerdo con la información disponible en el sitio de Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía de la Nación, el SNMF contó en 2021 con $2.696 millones, con una ejecución del 92%.
A pesar de los números presupuestarios, los especialistas destacan la falta de prevención. “Los fondos no son suficientes dada la magnitud de los incendios en varias provincias de manera simultánea, la sequía y las elevadas temperaturas. La prevención resulta escasa, porque, al no existir una rápida respuesta, el fuego se extiende hasta ser inmanejable”, señaló a Chequeado Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
“El gobierno de Corrientes y la Nación deben aumentar significativamente la infraestructura y los brigadistas para el combate a los incendios. Se debe priorizar la conservación de los bosques nativos que pueden aportar al repoblamiento de las zonas afectadas cercanas”, agregó Cruz.
“Si bien el Ministerio de Ambiente ha mejorado la disposición de recursos y de equipamiento para la lucha contra los incendios, todavía es poco abordado el tema de la prevención”, señaló en esta nota Fernando Miñarro, director de Conservación de la Fundación Vida Silvestre.
Además, Miñarro agregó que la prevención, que consideró debería ser una prioridad tanto para el Gobierno nacional como para las autoridades provinciales y municipales, puede traducirse en distintas acciones como “el ordenamiento de donde se instala la población, hacia donde crecen las ciudades; y cómo manejar los bosques en donde se pueden producir incendios para quitar algunos factores de riesgo”.
“También se debe tener en cuenta el control y la fiscalización de los incendios, la sanción en el caso de haber culpables; y la educación para evitar los casos que se produzcan por negligencia”, añadió.
Por su parte, Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), coincidió en esta nota en la necesidad de mayor prevención y consideró que prevalece una visión “emergentista” de la problemática. “Se debe hacer trabajo en el territorio todo el año con la comunidad local, con tareas de educación, prevención y ordenamiento territorial”, agregó en diálogo con este medio.
Las organizaciones civiles reclaman la tipificación de los incendios forestales como un delito penal. Lo mismo demandan para los desmontes, pero denuncian la falta de voluntad política para hacerlo.
“Hoy más que nunca es urgente que el Congreso de la Nación declare como delito penal tanto a los incendios forestales como los desmontes y sancione la Ley de Humedales”, reclamó Cruz.
Di Pangracio se refirió también a los “desafíos de coordinación” que existen entre el Gobierno nacional y las autoridades locales. “Muchas provincias no tienen reglamentada la Ley de Bosques, por lo que la Nación muchas veces no tiene un punto de contacto claro para coordinar medidas de acción”, añadió.
Miñarro también destacó debilidades en la aplicación de la Ley de Bosques Nativos. Indicó que la norma fija presupuestos mínimos anuales que no se cumplen y que disminuyen año a año.
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