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Denunciaron a cuatro municipales de Oberá por estafa en cobro de patentes

Un inspector de la DGR detectó “omisiones en el depósito de lo recaudado en concepto del IPA”. El monto de la estafa ronda 1.400.000 pesos. Detalles de una compleja trama.

Dicen que “la ocasión hace al ladrón”, y sobran ejemplos que lo demuestran. Pero también, además de la oportunidad de robar, en algunos casos se requiere cierta planificación y logística para concretar la maniobra fraudulenta. El uso del intelecto para un fin malicioso. Casi una ingeniería del delito.

Todo ello quedó plasmado en la millonaria estafa por la que están siendo investigados cuatro empleados de la Municipalidad de Oberá, expediente penal que se tramita ante la Fiscalía de Instrucción Dos a cargo de Miriam Silke.

El presunto ilícito fue detectado por un inspector de la Dirección General de Rentas (DGR) que halló incongruencias entre los montos recaudados por la Municipalidad en concepto de Impuesto Provincial Automotor (IPA) y los correspondientes depósitos ante el organismo recaudador. Se detectaron “omisiones en el depósito de lo recaudado en concepto del IPA”, cita el expediente.

Con relación al monto de la estafa, fuentes del caso precisaron que rondaría la cifra de 1.400.000 pesos, sin actualizar, ya que la maniobra fue detectada a fines de 2018 y denunciada en 2019. En tanto, debido a las restricciones por la pandemia, recién este año hubo avances en la causa.

Por el hecho fueron implicados Guillermo C., Mariana M., Mauro B. y Diego S. El primero continúa al frente de la Dirección de Inspección General, responsable de Automotor y Patente, donde también se desempeña la única mujer investigada.

En tanto, Mauro B. pasó a otro sector y Diego S. renunció a la Municipalidad a poco de iniciada la investigación.

Asimismo, en paralelo a la causa penal, el Tribunal de Cuentas de la Provincia inició un expediente contencioso administrativo que se halla en etapa de investigación.

Complejo entramado
Según el Código Penal, el delito de estafa contempla una pena máxima de seis años de prisión; mientras que en el ámbito administrativo, en caso de ser hallados culpables, los sospechosos podrían afrontar duras sanciones económicas.

En diálogo con El Territorio, fuentes del caso precisaron que el 14 de diciembre de 2018 la DGR intimó a la Municipalidad de Oberá por “obligaciones fiscales incumplidas y consecuentes diferencias” a favor del organismo provincial.

Es decir, el área de Automotor y Patente de la comuna recaudaba más de lo que finalmente remitía a la DGR.

Vale mencionar que de lo facturado, el 75 por ciento queda para el municipio y el 25 restante va a la Provincia.

Tras analizar la documentación de la DGR, el Ejecutivo local inició un sumario administrativo al personal implicado, lo que permitió descubrir un complejo entramado diseñado con el objetivo de estafar al erario público.

Así, detectaron que a pesar de las especificidades del sistema provincial, en la comuna persistían ciertas prácticas por fuera del protocolo.

En ese sentido explicaron que no es poco común que se detecten errores por datos mal cargados en el sistema del Registro Nacional, lo que según marca y modelo del vehículo, incide en el monto del IPA.

“Por ejemplo, iba un contribuyente y decía quiero pagar mi Corsa, pero en el sistema figuraba una Amarok. Entonces el empleado municipal podía cambiar y poner lo que efectivamente era, siempre con el título del bien a la vista. Pero cuando se pasa al sistema provincial, por el manual de procedimiento el empleado municipal no puede hacer ese cambio. Legalmente, eso sólo lo puede hacer Rentas. Pero en la Municipalidad, por una nota que su momento firmó el anterior Director de Inspección, se facultó a los empleados para hacer eso”, detallaron.

Operaciones de madrugada
Aquella directiva que seguía vigente propició la ingeniería del delito, un punto ciego en el sistema que algunos empleados infieles aprovecharon para delinquir.

“Se dieron cuenta de que una vez que se pagaba, a los dos años se podía modificar. Un caso detectado fue el de un Mercedes 2013 del que modificaron los datos y cargaron como que era un Chevrolet. El Mercedes había pagado 20 mil pesos de patente en el 2016; pero en el 2018, de esos 20 mil pesos, el Corsa pagaba 5 mil, lo que generó un saldo a favor de 15 mil pesos. Así, con las facultades que tenía porque le liberaron el sistema, el empleado podía tomar los 15 mil pesos y mandarlos a la patente cualquier otra persona”, señalaron.

Técnicamente dicha operatoria se denomina proceso de reimputación o compensación, y en la investigación de la DGR se determinó cuándo se hizo el cambio, a qué vehículo se benefició y quiénes son los titulares de los mismos.

“El 99 por ciento de las maniobras las hizo un empleado. También hay tres o cuatro hechas por otro usuario con la clave para entrar al sistema. Uno reconoció que no tenía clave y que sus dos compañeros le prestaban, lo que complicó a los tres. El director del área también fue imputado porque tenía que controlar”, confirmaron.

Se probó que si bien dos de los tres empleados tenían claves, quien no poseía igual accedía al sistema con las de sus compañeros. Además, se podía ingresar al sistema desde cualquier computadora.

Así, se detectaron operaciones en horas de la madrugada y fuera del edificio comunal. Sugestivamente, en medio de la investigación interna uno de los tres empleados renunció.

También se comprobó que la maniobra incluía ciertos artilugios para no generar deudas a las patentes a las cuales les quitaron el saldo a favor, lo que habría despertado el reclamo de contribuyentes.

Testigo clave
Con relación al fin último del plan, que no fue otro que poner plata en el bolsillo de los implicados, se determinó que en general los beneficiarios de las reimputaciones y compensaciones eran grandes empresas.

“Nunca va el presidente o el gerente de la empresa a pagar la patente, como hace el contribuyente por su auto o moto. La empresa manda un gestor, que por ahí decía ‘te dejo todo, te doy la plata, haceme el trámite y dentro de dos días vengo a buscar el libre deuda’.Por el sistema cancelaban las deudas, imprimían los certificados y se firmaban. Una testigo ofrecida en sede penal contó que era vecina de uno de los implicados y le daba todo a él para que le solucione el tema de patente”, aportaron.

Con relación a la operatoria, precisaron que “los involucrados tuvieron que conocer cómo funcionaba el sistema, darse cuenta de que generaban un saldo a favor, tomar la precaución de no reliquidar el impuesto para que la maniobra no salte a la luz y que intervenga un gestor, entre otros aspectos”.

“Hasta que un día la DGR detectó operaciones impagas que figuran en el sistema como pagas pero que no ingresaron a caja”, agregaron.

Por otra parte, desde la comuna explicaron que supeditaron la consecuencia administrativa a lo que surja de la investigación penal, por lo que los implicados siguen trabajando, salvo el que renunció.

 

Coletazos

Detectada la irregularidad y tras los pasos previstos, Rentas comenzó a descontar de la coparticipación el monto adeudado por la Municipalidad en concepto del IPA.

Se trata de un total de 350 mil pesos que representan el porcentaje del 25 por ciento del impuesto que le corresponde a la Provincia, por lo que el monto total de la estafa al erario municipal ascendería a 1.400.000 peros, monto que actualizado rozaría los 3.000.000.

Por ese descuento, el Tribunal de Cuentas de la Provincia inició un juicio de responsabilidad a las autoridades políticas y financieras de la comuna.

Matias Frick, director de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad, explicó: “Ahora estamos en el proceso de defensa del intendente y los contadores, quienes no tenían idea de una operatoria que se hacía desde un domicilio particular con una deslealtad total. Entonces el intendente ni los contadores pueden ser responsables por el delito de un empleado”.

“Tampoco hay omisión de depósito del Estado municipal, porque lo que entró por caja se pagó como corresponde”, subrayó el funcionario ante la consulta de este matutino.

La denuncia penal que disparó la investigación fue radicada en 2019 por la DGR, mientras que la comuna aportó pruebas.

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