Moreira consideró que existe falta de respeto al profesional. Foto: Daniel Villamea

El abogado obereño cuestionó limitaciones y demoras en el ámbito penal. “En este momento no existe servicio de justicia porque los juzgados están colapsados”, remarcó.

“Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, citó el abogado obereño Martín Moreira, vocal del Colegio de Abogados de Misiones, parafraseando al filósofo, político y escritor romano Séneca.

En diálogo con El Territorio, el profesional del derecho expresó el malestar de sus colegas y el propio ante lo que calificó como un “excesivo retardo de justicia en Oberá”, lo que “hace insostenible la práctica profesional, al punto que te da ganas de no ejercer el derecho penal”, subrayó.

En este contexto, anticipó que la próxima semana se prevé una reunión virtual donde los profesionales locales expresarán sus inquietudes ante la comisión directiva del Colegio.

De dicho encuentro surgirán los lineamientos para un reclamo formal que luego será elevado al Superior Tribunal de Justicia (STJ) a través de una nota.

“Que el Superior haga lo que tenga que hacer, pero que garantice un servicio de justicia. En este momento no existe servicio de justicia porque los juzgados de Oberá están colapsados.

El Superior tiene que hacer algo en forma urgente porque así no podemos seguir”, remarcó Moreira.

Tal como coinciden otras voces, uno de los inconvenientes del fuero penal radica en la acefalía del Juzgado de Instrucción Uno tras el alejamiento de la jueza Alba Kunzmann de Gauchat, quien hace más de un año inició los trámites de jubilación.

En consecuencia, todas las causas recaen en el juez Horacio Alarcón, titular del Juzgado de Instrucción Uno, o en su defecto subrogan el juez de Instrucción Tres de San Vicente, Gerardo Casco, o la jueza Correccional y de Menores de Oberá, Adriana Denise Zajaczkowski.

Serias falencias

Según opinó Moreira, el Juzgado de Instrucción Uno “está completamente acéfalo”, y puso como ejemplo la demora en la resolución de las órdenes de allanamiento, que muchas veces demoran un mes porque se resuelven en San Vicente.

“Al irse la doctora Gauchat, la resolución de todos los conflictos penales quedaron en manos de un solo juez. Y si el juez Alarcón se toma la licencia que le corresponde dependemos de San Vicente, lo que dilata muchísimo todo, salvo que intervenga la jueza de Menores”, precisó.

Por ello, alertó que “se hace insostenible el retardo de justicia que hay en los juzgados de Oberá, y con la función que tengo en el Colegio de Abogados no paro de recibir llamadas y mensajes de colegas que se quejan. Es imposible trabajar de esta manera”.

Para graficar la demora en las resoluciones judiciales, citó el caso de una mujer que hace seis meses fue denunciada por abuso sexual y aún no fue llamada a indagatoria. O un pronto despacho solicitado en octubre del año pasado aún sin resolución.

“Hay casos de personas que están detenidas hace seis meses sin prisión preventiva. Esa es una detención ilegal. Hoy tampoco hay defensores oficiales, y sé de casos de personas detenidas e incomunicadas durante cinco días. Eso es una barbaridad porque ni siquiera hay intervención del poder judicial, no hay expediente. Eso es una privación ilegítima, es un delito cometido por el propio estado”, alertó.

Y agregó: “Acá no estamos hablando de los intereses económicos de las personas, de algo tangible; hablamos de la libertad y de la vida de las personas. Y al no haber una pronta respuesta del poder judicial, esa persona se ve destruida social, familiar y anímicamente”.

Estructura colapsada

Compenetrado con el reclamo por retardo de justicia, el vocal del Colegio de Abogados citó el caso de una persona que denunció el robo de maquinaria y elementos de trabajo por alrededor de 500 mil pesos.

“El mismo damnificado encontró las cosas, sacó fotos del lugar y avisó a la Policía, pero la orden de allanamiento se libró 18 horas después de la denuncia. Obviamente que cuando fueron a allanar, las cosas ya no estaban. La justicia penal de Oberá no puede seguir funcionando tan mal como está”, reclamó.

Moreira consideró que “existe con un serio problema de falta de respeto al profesional. Nosotros en el ejercicio de la función estamos equiparados al magistrado. Sin embargo, como decía un colega, da la sensación de que estamos diez escalones abajo del personal de maestranza, sin desmerecer el trabajo que hacen. Pero así nos sentimos”.

En tanto, si bien indicó que los profesionales del medio entienden que las restricciones por la pandemia de Covid-19 condicionan el normal rendimiento de los organismos en general, la situación en el ámbito judicial sólo genera complicaciones para el desarrollo de la profesión.

“Hacen esperar a los colegas, no los atienden o los hacen ir de vuelta. Les dicen que los expedientes no están y para vincular al Siged tardan una semana. Así es imposible trabajar”, lamentó.

Como contrapartida, mencionó que la semana pasada viajó a Puerto Rico para aceptar un cargo e inmediatamente lo vincularon, lo que no ocurre en Oberá.

“Argumentan que hay poco personal, que están doblegados los turnos. Entiendo que hay un solo juez, pero necesitamos que el poder judicial presione por su lado. El cliente formula denuncia para tener una protección del estado que no llega. Después nos rasgamos las vestiduras con los delitos de género, pero no hay un andamiaje que funcione correctamente ni tutelan a ninguna víctima”, remarcó.

 

Reclamo al Tribunal Penal
En dialogo con este matutino, Martín Moreira subrayó la responsabilidad que le compete al Tribunal Penal de Oberá en el necesario ordenamiento de la Justicia penal.

“El doctor Alarcón hace lo que puede y sabemos hubo casos de Covid que resintieron la cantidad de personal, pero mejorar esto también depende del Tribunal Penal, que es el órgano superior de la jurisdicción. El retardo de Justicia se traduce en la falta de Justicia para las personas, tanto para la víctima como para el imputado que derecho a defensa. Y el Tribunal debe velar por el cumplimiento de Justicia”, remarcó.

También cuestionó que el Tribunal “no tenga otra sala. Si pasa algo como lo que pasó con el caso Lovera-Aguirre nos quedamos sin jueces en Oberá y tienen que entender jueces civilistas o tienen que venir jueces de otras jurisdicciones a entender en la causa”. “El Tribunal pasó a entender en las causas del juzgado de Alem. Es decir se agranda la jurisdicción, pero se mantiene la estructura que ya presentaba falencias. Además, como se viene reclamando desde hace rato, por la cantidad de causas que hay en la segunda circunscripción, mínimamente necesitamos un juzgado de instrucción más”, agregó el letrado.

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Daniel Villamea
Por Daniel Villamea
interior@elterritorio.com.ar
Territoriodigital

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