Están en la misma situación los empleados públicos como privados, que vienen perdiendo poder adquisitivo desde hace más de cuatro años, por efecto de la inflación. Al fracaso económico del gobierno de Mauricio Macri, se le sumó la pandemia y la caída de la economía a nivel mundial. El actual gobierno que encabeza Alberto Fernández tiene la responsabilidad de lograr recuperar el poder adquisitivo de la gente, poniéndole más dinero en el bolsillo para lograr reactivar el mercado interno, y así poner en movimiento todos los factores que mueven la economía nacional.
En este contexto económico, social y político, el gobierno provincial tuvo que salir de urgencia a resolver el tema salarial de los policías, quienes venían exigiendo aumentos salariales, postergando de esta manera y quedando pendiente de solución las demás demandas salariales en el sector del empleo público, como es el reclamo del sector docente, judicial, de salud pública, todas las demás dependencias de la administración pública provincial.
En el mismo acuerdo se aclara que el aumento es de carácter extraordinario y excepcional, ubicó el sueldo básico de la fuerza policial y de penitenciaria -que pasó de 3.300 a 6.125 pesos para la mínima jerarquía- que pasará a cobrar de bolsillo 44.885,13; mientras que la máxima jerarquía, de comisario general, tendrá un básico de 4.000 y un sueldo 85.432,39. Si bien se evita hablar de aumentos porcentuales, en términos generales los aumentos en el ámbito policial superaron el 50 por ciento.
El aumento logrado por parte de los efectivos de seguridad de la provincia eleva las aspiraciones de todo el sector público provincial que toma como parámetro dicho aumento y de características no negociables. Incluso marca un horizonte salarial a los empleados municipales que ponen como meta alcanzar el porcentaje de aumento logrado por los uniformados, cuestión que seguramente complicará las negociaciones salariales con los demás gremios provinciales.
Estas exigencias salariales obligarían necesariamente al gobierno provincial a realizar una reasignación de recursos, que son escasos, debido a la caída de la recaudación en los ámbitos nacionales, provinciales y municipales, lo que llevará al replanteo en el manejo de los recursos del estado, que involucra los gastos del manejo político, más allá de que el gobierno provincial se viene manejando con austeridad.
Esta situación salarial conflictiva opacó, de alguna manera, la gestión que viene realizando el gobierno provincial ante la nación con el propósito de lograr reducciones impositivas en el IVA, Ganancias y aportes patronales. Los números favorables del cierre de fronteras le permitió en números demostrar al gobierno nacional el gran caudal de fondos que se escurren por las fronteras y que se pierden en los niveles recaudatorios, que se verían compensados e incluso beneficiados con las rebajas impositivas.

El botón rojo
El gobierno nacional sigue con preocupación la evolución de la pandemia que tuvo un crecimiento juntamente con una mayor apertura de la actividad de la economía, si bien la pandemia sigue estando bajo control sanitario, no deja de ser una preocupación para los gobernantes de turno, mientras sectores de la oposición, como es natural, y pasado un tiempo prudencial, buscan capitalizar el descontento social que generó la pandemia en algunos sectores, y en particular, alimentar a los militantes anti cuarentena y anti gobierno, apoyados en algunos medios de comunicación nacional.
El acuerdo con los acreedores por la deuda externa le dio un buen respiro en lo económico y también en lo político, dado que se presionaba en forma antojadiza de que la Argentina entraría en cesación de pagos, lo que generaba incertidumbre e intranquilidad, no solamente en los sectores económicos, sino también en la población en general.
Uno de los cuestionamientos sobre los que se discute tiene que ver con la pretendida reforma judicial, de la cual se habla que tiene muy mala imagen y se la cuestiona desde los ámbitos opositores, que también se oponen a su reforma. En ese sentido, el presidente Alberto Fernández señaló, en torno a la reforma judicial, que “Estoy convencido de que a la Justicia Federal hay que cambiarla, y con esa Reforma Judicial, Macri debería estar celebrando. Garantiza que a él no se lo persiga como él hizo con sus enemigos”, sentenció el mandatario al ser consultado por el proyecto que tanto cuestiona la oposición.
El botón rojo al que hizo alusión el presidente Alberto Fernández va más allá de las cuestiones de pandemia, también son una luz de alarma a los arrebatos mediáticos y declaraciones tremendistas de políticos y formadores de opinión, como la del ex presidente Eduardo Duhalde, quien no solo habló de un posible golpe militar, sino de un probable no llamado a elecciones legislativas el próximo año. Cuestiones que fueron no solo desmentidas por la propia realidad, pero que enciende una luz de alerta y de preocupación de hasta dónde puede llegar el pensamiento opositor, recordando que los golpes militares en la Argentina fueron acompañados por civiles enrolados en partidos políticos y empresariales.

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Categorías: Columnas de Opinión

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