Los investigadores policiales se mostraron sorprendidos por el grado de profesionalismo que exhibieron los integrantes de una banda, tipo grupo comando, que apenas en cinco días efectuó seis golpes en diferentes puntos de la zona Centro de la provincia. 
Según estimaron desde la propia fuerza en base a los montos denunciados por las víctimas, sumando dichos golpes, los delincuentes se alzaron con un botín que rondaría un millón de pesos.
Incluso ni siquiera se estableció que hayan estado armados. En la mayoría de los casos ingresaron en horario nocturno sin ser vistos por nadie y anularon las alarmas, tras lo cual se llevaron las PC con las grabaciones de las cámaras de seguridad.
En otros dos hechos en perjuicios de secaderos de Campo Viera y Los Helechos sorprendieron por la espalda y redujeron a los serenos, quienes ni siquiera pudieron precisar el número de malvivientes ni si estaban con el rostro cubierto.
En tal sentido, fuentes de la investigación opinaron que se trataría de una banda mixta integrada por profesionales llegados desde otros puntos de la provincia o el país, con respaldo de fuentes locales encargadas de obtener datos internos de las respectivas empresas afectadas.
“Demostraron ser muy tácticos, gente con mucha experiencia que sabe lo que hace. Todos usan guantes porque no se encontraron huellas ajenas, conocen a la perfección los sistemas de alarmas y se llevaron todas las grabaciones de las cámaras. Cuentan con una logística que no es habitual y dieron todos los golpes sobre rutas, con lo que se aseguran una vía de escape rápida”, precisaron.

Los hechos 
La sorprendente seguidilla comenzó en la madrugada del domingo pasado, cuando delincuentes irrumpieron en el depósito de una distribuidora de gaseosas, ubicada sobre avenida Pincen de Oberá, en inmediaciones de la intersección con ruta nacional 14.
Luego accedieron a un depósito de vinos lindero al primero, lo que marca el grado de planificación y recursos.
El martes, en otro hecho hasta ahora sin pistas ni detenidos, irrumpieron en un secadero de Campo Viera, donde los malvivientes redujeron a un empleado de seguridad, ingresaron al sector de administración y forzaron una caja fuerte.
Al otro día, desconocidos violentaron el acceso de un local de venta de autopartes de Guaraní, donde desconectaron las alarmas e hicieron desaparecer las grabaciones de las cámaras de seguridad.
Ya en la madrugada del jueves, accedieron a un comercio de materiales de construcción y ferretería ubicado justo en el límite entre Oberá y Los Helechos, sobre ruta provincial 5.
Además de hacerse de una suma de efectivo, los delincuentes también se llevaron varias amoladoras, elementos de corte y un par de masas, detallaron desde la Unidad Regional II, con jurisdicción en la zona.
Al otro día, y haciendo gala de una osadía propia de curtidos profesionales del rubro, un grupo comando violó la seguridad del secadero de yerba de la familia Vancsik y se hizo de un botín de 200.000 pesos en efectivo.
Los delincuentes forzaron tres cajas fuertes con masas y amoladoras, por lo que se estima que también tendrían relación con el citado atraco a la ferretería.
Un dato no menor indica que el secadero Vancsik también está ubicado sobre ruta 5.

Antecedentes
La seguidilla de hechos de la última semana es inédita en el ámbito local. Para hallar antecedentes similares hay que remontarse a 2016, cuando se registraron varios robos en la zona rural. Los delincuentes iban por dinero y armas, la mayoría de las cuales aparecieron después en el taller de un armero de Villa Torneus, Oberá. Antonio B. estuvo cinco meses detenido por su presunta relación con una banda delictiva. En el allanamiento de su taller surgieron pruebas para ligarlo con al menos dos policías, un comisario mayor y un cabo primero, quienes llevaban armas al taller para repararlas o dejarlas en resguardo, tal como quedó plasmado en el expediente.
En consecuencia, los uniformados fueron sometidos a un sumario administrativo interno y trasladados a otros destinos, mientras en el ámbito penal afrontan cargos por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Ambos continúan en funciones.
En su defensa, desde el principio el sospechoso aseguró que desconocía la procedencia del armamento y argumentó que nunca sospechó que fuera mal habido, justamente porque los propios policías le entregaron gran parte.
Oportunamente, en diálogo con El Territorio una de sus hijas reconoció que lo había alertado sobre las posibles consecuencias de almacenar armas sin permiso, al tiempo que aseguró que “él se confiaba porque los mismos policías le traían armas y pedazos para arreglar y probar”.
“Mi papá es analfabeto y lo usaron. Aparte, si la propia Policía le está trayendo armas, uno piensa que está todo bien. Para colmo, uno de los policías le dijo que diga que arreglaba armas nomás, que no dé nombres de nadie”, agregó.

Sin novedades

El último viernes, las autoridades de la Unidad Regional II desplegaron un amplio operativo en la zona Centro para tratar de dar con los integrantes del grupo comando responsable de los hechos de la última semana, aunque hasta el momento la búsqueda resultó infructuosa. Reconocieron que las pistas son casi nulas y apuntan sus mayores esfuerzos a tratar de dar con la pata local, lo que posibilitaría avanzar sobre el resto de la banda. En tanto, fuentes de la propia fuerza reclamaron mayor equipamiento y recursos, como también acompañamiento de los superiores. “Hay muchas exigencias hacia el personal, muchas presiones y poco respaldo”, apuntaron.

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Por Daniel Villamea

Por Daniel Villamea
Corresponsalía Oberá
Diario El Territorio
Foto: Luciano Ferreira


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