Hoy la mayoría de los argentinos está viviendo y sintiendo en cuero propio lo que es la verdadera grieta social, que es la económica y que es muy distinta a esa grieta social, instalada mediáticamente, que sirvió políticamente para dividir y enfrentar a los argentinos en kirchneristas y antikirchneristas.
   En un duro documento la iglesia advirtió que la inequidad social es creciente en la Argentina, y reclamó que el ajuste no lo deben pagar los más pobres. Además, el documento advierte que más del 60 por ciento de la población no cobra más de 15 mil pesos, cuando según los datos del Indec, para no ser pobre el ingreso mínimo debe alcanzar casi los 19 mil pesos. Esta grieta que preocupa y angustia a muchos argentinos era esperada y es festejada por una parte de la sociedad, que con aire de satisfacción replica a los índices de pobreza argumentando que ahora deberán agarrar la pala.
   La pobreza alcanza al 48,1 porciento de los niños en Argentina. De ese valor se desprenden varios indicadores que marcan la carencia que están viviendo los menores en nuestro país. En el caso de la alimentación, mientras un 17,6 porciento tiene déficit en sus comidas, un 8 porciento pasó hambre durante 2017, según el último informe de Barómetro de Deuda Social de la Infancia de la UCA, que además indica que aumenta de manera constante la asistencia a comedores infantiles.  Según los datos dados a conocer por las consultoras, más del 50 por ciento de los encuestados teme perder el empleo, mientras que el 61 por ciento admite tener dificultades para llegar a fin de mes. Y las expectativas presentes y futuras en términos económicos de la población es negativa en un más de un 60 por ciento.
   Es seguramente que por estos datos, el gobierno nacional que encabeza el presidente Mauricio Macri, comenzó a dejar de lado el discurso optimista y optó por uno que no esté tan disociado de la realidad social. Reconocen que se vienen tiempos duros en la economía, reconociendo que habrá más recesión, inflación y ajustes. Es por ello que buscan cerrar un acuerdo con los gobernadores en torno a los recortes presupuestarios, sin que estos terminen complicando la gobernabilidad dada hasta el momento por los legisladores nacionales y senadores al gobierno de Cambiemos, que sigue naufragando en materia económica.
   Tras el acuerdo con el Fondo Monetario internacional -que se presentó como una panacea- y los buenos augurios de que la Argentina haya sido calificada como un mercado emergente, estos hechos no calmaron la voracidad del capital financiero.
   La verdadera grieta social es la pobreza que crece día a día, a consecuencia de un modelo político económico que prioriza las demandas y exigencias del capital financiero y no las necesidades sociales y de los trabajadores.
Haciendo números para llegar a fin de año
   Gobernar en tiempos de vacas flacas es el verdadero desafío de hoy día, y con vistas al futuro que tiene la dirigencia política, la de tratar de hacer mucho con pocos recursos; brindando la contención social necesaria, que se compromete a mantener el empleo, brindar los servicios y en un nivel aceptable seguir con la obra pública.
   Cuando observamos lo que ocurre a nivel nacional y la comparamos con lo que ocurre en la provincia, se notan claramente las diferencias en la administración política. Si bien -al igual que la mayoría de los argentinos- los misioneros están pasando por idéntica situación económica, incluso con el agravante que una gran parte del dinero se escurre hacia los países de frontera en particular hacia el Paraguay, por la diferencia cambiaria.
   Dentro de muchas particularidades se puede observar que la gestión que encabeza el gobernador Hugo Passalacqua, quien mas allá de su gestión austera, no ha producido despidos en la administración pública provincial y no ha recurrido a endeudamiento alguno y se mantiene en la línea de administrar la provincia con los recursos propios y los provenientes de los fondos coparticipables. Se siguen ejecutando las obras públicas, y los sueldos públicos se pagan sin inconvenientes. En este contexto difícil y de mucha incertidumbre económica, el gobierno provincial anunció un incremento salarial para el sector activo y pasivo que alcanzará el 20 por ciento anual, que sumado por el 15,5 por ciento que se otorgó en marzo último y otro 4,5 por ciento que será dividido en dos cuotas, una en julio y otra en septiembre, que si bien no es lo que pretenden los empleados públicos, recomponen en algo el poder adquisitivo, en cierta medida.
   Esta decisión del gobierno provincial seguramente serán las exigencias que pasarán a tener los intendentes municipales, dado que los porcentajes otorgados por el gobierno provincial siempre son los parámetros dentro de los cuales se manejan las comunas. Veremos en qué medida los municipios podrán acompañar este incremento salarial, y de qué manera ajustarán sus presupuestos para no llegar con sobresaltos a fin de año, y con las cuentas en rojo.
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Categorías: Columnas de Opinión

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