La tasa de  crecimiento poblacional va generando cada vez más inconvenientes que impactan en lo social, el crecimiento poblacional genera una gran demanda de necesidades básicas por parte de la población, que arrancan desde la necesidad de conseguir empleo, vivienda y la accesibilidad a los servicios básicos de agua y luz. Es una problemática que va creciendo año a año y de la cual la política y los gobiernos deberían haber comenzado a trabajar hace varios años atrás y cuando más se demore en la búsqueda de soluciones más graves serán los problemas. Porque las necesidades son cada vez más grandes e infinitas mientras los recursos son cada vez limitados, y en ello va la política económica que se implementa desde el Estado, quien es en definitiva que tiene que salir a hacer frente a las demandas sociales y para ello necesita recursos económicos.
   Con una nueva de toma de tierras en un espacio público como la reserva de Mbotaby, la comuna se debate entre el interés particular de los ocupantes, que quieren esas tierras para construir sus viviendas y el interés general de que esos espacios sean usados como reserva natural o de esparcimiento, que también son necesarios.
   Si bien el tema esta judicializado, los integrantes del poder judicial entienden que lo deben resolver los gobernantes y no la justicia. Pero siempre existen intereses encontrados en la comunidad; unos reclaman inversiones en infraestructura, mientras otros tierras y  viviendas para vivir, y en este conflicto de intereses, es la política la que tiene que resolver rápidamente. En el Concejo Deliberante está demorada la creación de un banco de tierra, proyecto que fuera presentado el año pasado, y que hoy día necesita una resolución prioritaria, y para ello se deben poner de acuerdo los poderes Ejecutivo y Legislativo.
   También existen ordenanzas, la Carta Orgánica, y leyes que deben ser contempladas y acatadas, para permanecer como una sociedad ordenada mas allá de la dinámica que tiene que tener las normas vigentes, y tampoco se puede andar corriendo los límites,  cada vez mas asiduamente, según el interés de cada sector de la comunidad.
Aumentos: de la bronca a la burla
   Las medidas económicas del gobierno nacional irritan a la mayoría de los argentinos, mientras que los argumentos para justificar los aumentos, la inflación y la caída en el consumo por parte del presidente Mauricio Macri y de sus funcionarios terminan siendo ridiculizadas en las redes sociales.
   Se deben reconocer los buenos resultados en la estrategia comunicacional, tras justificar los abusivos aumentos en las tarifas de luz, gas y agua potable, Macri logró que la atención y la opinión pública ponga los ojos en los gobernadores e intendentes al pedirles que estos disminuyan los gravámenes que existen sobre los servicios públicos, trasladándoles la responsabilidad de los aumentos a provincias y municipios para que sean esto los que bajen los costos de los servicios. Por ejemplo, se habla y se opina sobre el descuento que anunció el Gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, que será del 5 por ciento, y algunos entienden que es un porcentaje mínimo, y se olvidan de las responsabilidades del gobierno de Cambiemos; que fue el que aumentó considerablemente las tarifas eléctricas y del gas. Se pasó de cuestionar al gobierno nacional, a cuestionar a los gobernadores e intendentes que no tienen responsabilidades sobre los aumentos, y tampoco pueden hacer mucho. Y en definitiva los usuarios; los gobiernos provinciales y los municipios tendrán que financiar los grandes aumentos en el sector energético; siempre a favor de las multinacionales, en las cuales algunos funcionarios del actual gobierno macrista, que el que no tienen acciones, tiene parientes o amigos; como es el caso puntual del Secretario de Energía, Juan José Aranguren, ex gerente de Shell y accionista.
   Esta semana el presidente Macri grabó un discurso en el cual solicitaba a los argentinos que consuman menos electricidad y gas; y así pagar menos por los servicios en cuestión, subrayando que todos los aumentos en el consumo provocan la suba de los precios, y estos a su vez  generan inflación, buscando responsabilizar de alguna manera a los consumidores de los aumentos de tarifas en los servicios y su impacto inflacionario; cuando es una clara responsabilidad del gobierno nacional.
   El gobierno no se quedó ahí, luego de aumentar las tarifas, le tiró el problema a los gobiernos provinciales y municipales,  solicitándoles que reduzcan o eliminen impuestos que favorezcan a los usuarios de los servicios públicos, mientras el gobierno nacional sigue manteniendo el IVA en el 21 por ciento a los consumidores finales y del 27 al sector comercial -siempre hablando del sector energético-. Es decir: no hace ningún esfuerzo y le tira el problema a las provincias y a los municipios, para que estos resignen ingresos a favor de las grandes multinacionales, mientras el estado nacional no absorbe ningún costo. Y además traslada el costo político de sus decisiones económicas a las provincias y municipios.
   En diputados, el arco opositor logró unificar un proyecto a pesar del bloque que realizaron los diputados de Cambiemos. Se trata del proyecto de ley “De razonabilidad en las tarifas de servicios públicos”, elaborado entre el massismo y el bloque de los gobernadores, Argentina Federal. Expresa que en caso que el Poder Ejecutivo haya incrementado o decida incrementar las tarifas por causas objetivas y justificadas, dicho aumento no podrá exceder el del promedio de los salarios para los usuarios residenciales, ni el índice del IPC mayorista para las Pymes”, entre sus fundamentos. La iniciativa cuenta con 17 artículos, entre los que se destaca la baja del IVA y una indexación por el índice salarial, pero que además atiende la realidad de distintos sectores, y fija parámetros para un esquema de “tarifas justas, razonables y susceptibles de ser aplicadas bajo criterios de justicia y equidad distributiva”.
   Un párrafo aparte merece el voto del diputado nacional de Cambiemos de la provincia de Misiones Luis Pastori, quien votó en contra de la implementación del ITC diferenciado en los combustibles a favor de la provincia al que él representa. ¿Representa a intereses de los misioneros o a los intereses del presidente Macri?… es la pregunta que queda flotando en el ambiente.
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Categorías: Columnas de Opinión

Un comentario en “Lo tiene que resolver la política

  1. Eduardo Gómez

    Honestamente, y leo el diario todos los días, es la primera vez que leo su columna de opinión y me ha sorprendido gratamente su respetuosa y objetiva perspectiva sobre un tema tan delicado como lo es el de resolver los problemas que directa o indirectamente nos afectan a quienes vivimos en este bendito suelo argentino. Le agradezco ser la voz de quienes estamos de a pie

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