Asumió la primera defensora del pueblo de Oberá, Patricia Nittmann, convirtiéndose en un hecho histórico institucional y con marcadas expectativas, algunas de ellas muy cargadas de optimismo. Algunos creen que con la puesta en marcha de la defensoría del pueblo se van a poner coto a las injusticias, pero en verdad las funciones se limitan a la representación de los reclamos ciudadanos cuando algún interés legitimo los esté afectando.
Es una nueva experiencia y una herramienta más. El trabajo de la defensoría del pueblo va a ser proteger los derechos e intereses públicos de los habitantes de la ciudad de Oberá, frente a actos, hechos u omisiones del Gobierno Municipal o empresas de servicios públicos (Ejemplo agua, luz, transporte) que impliquen el ejercicio ilegítimo, defectuoso abusivo, irregular arbitrario, negligente o inoportuno de sus funciones.
Va a tener a cargo la defensa de los intereses difusos o colectivos que no puedan ser ejercidos por personas o grupos de manera individual, para proteger a los habitantes de la ciudad de Oberá de medidas internacionales, nacionales, provinciales y municipales que impacten negativamente en los ciudadanos en su cultura, patrimonio, territorio, calidad de vida, el medio ambiente y los recursos naturales.
Por otro lado, la semana pasada buscando ocultar las diferencias, los concejales aprobaron por unanimidad el organigrama de funcionamiento del concejo deliberante, los concejales que responden al intendente Carlos Fernández, ingresaron al recinto minutos después de haberse iniciado la sesión, hasta último momento estaban buscando consensuar posturas en torno a los costos de implementación del organigrama en cuestión, que crea aéreas administrativas en el ámbito del concejo deliberante que implican mayores erogaciones. Más allá de lo institucional algunos creen que no es el momento económico para su implementación.
Las diferencias de criterios entre el legislativo y el ejecutivo se dan en torno a la cuestión económica y no en torno al funcionamiento institucional. Desde el concejo deliberante, su presidente Ariel Cháves Rossberg y otros concejales, insisten en la idea de la autonomía presupuestaria del concejo deliberativo e institucional que entienden que el nuevo organigrama definirá las misiones y funciones dentro del deliberativo local. En tanto desde el ejecutivo, entienden que tal cual como estaba, el Concejo podría seguir funcionando en forma independiente y sin verse afectada la institucionalidad y sin necesidad de incrementar los gastos, que implicaría la puesta en marcha del organigrama, poniendo de relieve que existen otras necesidades y demandas de los contribuyentes más importantes que el organigrama en cuestión.
En este caso fue evidente que no quisieron llevar la cuestión al plano de la polémica entendiendo que al sumar otro enfrentamiento entre el deliberativo y ejecutivo estarían profundizándose innecesariamente las diferencias, máxime teniendo en cuenta que sigue pendiente de resolución el conflicto con el juez de faltas.
De todas maneras, algunos integrantes del ejecutivo entienden que llegado el momento desde la presidencia deberán pedir un incremento de partidas presupuestarias para este año, o bien incrementar en un porcentaje mayor el presupuesto para el próximo año, con lo cual quedaría expuestas las razones esgrimidas hoy día por el ejecutivo, que entiende que no es el momento económico de incrementar los gastos de funcionamiento del Concejo.
El crecimiento que se ve son los precios
Mientras el gobierno habla que disminuyó la pobreza, que aumentó el empleo, en particular en el sector de la construcción, y se habla del incremento de las ventas de autos cero kilómetro y del alto movimiento turístico de semana santa, la inflación y los aumentos en los precios son las noticias que mas resuenan en la calle y las que más se hacen sentir en los bolsillos de la gente que en su mayoría, no compró un 0 KM, ni tampoco fue de turismo el ultimo feriado largo.
A los aumentos de la luz, agua y el gas en un 40 por ciento, ahora se suma el aumento en los combustibles en el orden del 6 por ciento, que tiene directo impacto en el bolsillo de los trabajadores, porque dicho incremento tiene repercusión directa en la canasta básica de alimentos.
Si bien el gobierno nacional pronosticó una inflación anual del 15 por ciento, porcentaje sobre el cual rondaron los acuerdos salariales, por otro lado el relevamiento de expectativas de mercado que elabora el Banco Central arrojó para el mes de marzo que la inflación esperada de este año será del 20,3%. Esto significa un alza respecto al 19,9% que había dado en febrero. De este modo, las expectativas inflacionarias continúan subiendo: en diciembre último se esperaba una inflación de 17,4% para 2018, y no se sabe que seguirá ocurriendo en los próximos meses.
Seis de cada diez argentinos considera que la situación económica empeoró este año con relación a 2017, teniendo en cuenta los sucesivos tarifazos en los servicios públicos y los altos índices inflacionarios. El sondeo muestra que solo un 36 por ciento de los encuestados en todo el país estima que la situación económica mejoró respecto del año pasado, mientras que el 64 por ciento restante considera que empeoró, lo que implica el peor registro en el último año. Así lo revela una cuenta realizada en marzo y que publica Elcronista.com. Se trata del Monitor del Humor Social y Político que realiza D’Alessio IROL/Berensztein.
Evidentemente se busca desde el gobierno -con complicidad de algunos medios de comunicación- construir la verdad oficial, mientras la realidad en la gente y sus sensaciones, son diferentes a las que pinta el gobierno que encabeza el presidente Mauricio Macri.
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