Juez restituyó mercadería decomisada a senegaleses

Enorme repudio generó en esta comunidad la situación vivida por ciudadanos senegaleses que se dedican a la venta callejera, quienes la semana pasada sufrieron el decomiso de toda su mercadería por parte de inspectores de la Municipalidad, mientras otros puesteros trabajan sin inconvenientes.
De todas formas, a las pocas horas el titular del Tribunal de Faltas, Francisco Sá, ordenó la restitución de lo secuestrado y no impuso multa.
Entre los considerandos de la medida, el magistrado tuvo en cuenta que se trató de una primera acta de infracción, al tiempo que los intimó a inscribirse en el registro municipal de vendedores ambulantes.
Según la normativa local, todos los trabajadores informales deben estar registrados, aunque no deben abonar ningún tipo de canon para ejercer la actividad.
En consecuencia, los únicos requisitos son la inscripción y la imposibilidad de asentarse en puestos fijos, ya que se los considera vendedores ambulantes.
“El jueves se les tomó la audiencia y se les explicó la situación, no pueden establecerse en puestos fijos y deben estar empadronados. Me explicaron que desconocían que debían registrarse y que hace un año y dos meses que están en Oberá, ya que son refugiados senegaleses”, contó el juez.
Y confirmó: “Di la orden de restituir sus objetos y los intimé a empadronarse, acción que el viernes llevaron adelante”.
Asimismo, Sá mencionó que los extranjeros le comentaron que primero vendían caminando, pero “tuvieron el rechazo de algunas personas por cuestiones racistas, algo que entristece que pase. Fue así que decidieron ubicarse en un puesto fijo”.

Control a medias
Pero la normativa municipal parecería excluir a una serie de puesteros que desde hace años se ubican de manera permanente en los mismos lugares, tanto sobre la avenida José Ingenieros, en la vereda de la ex terminal de ómnibus, como en la esquina de avenida Sarmiento y calle Santa Fe, en pleno microcentro de la ciudad.
Comercializan desde cigarrillos y electrónica -provenientes del Paraguay sin aval aduanero- hasta medicamentos y alhajas.
Consultado respecto a la evidente desigualdad en el trato que recibieron los extranjeros, el juez de Faltas reconoció que “en la vereda de la ex terminal hay varios y también frente a un conocido supermercado”.
“Están a la vista de todos. Pero yo no hago los controles, los hace la Municipalidad, porque es la autoridad de aplicación. El Tribunal de Faltas sólo juzga, no damos órdenes respecto al control”, subrayó.
La situación afectó a tres sujetos de la misma nacionalidad que trabajan en conjunto, quienes llegaron al país como refugiados debido la inestabilidad social y política que caracteriza a Senegal.
Primero se asentaron en Brasil y luego recalaron en Rosario, donde fueron asaltados varias veces, tras lo cual llegaron a Oberá. Con lo que ganan de la venta callejera ayudan a sus familias en África, tal como corroboró el juez interviniente.