Es por la contratación del asesor contable contratado por el presidente del concejo deliberante Ariel Cháves, según el contrato es por dos meses por los cuales percibirá 60 mil pesos. Varios concejales se enteraron por los cuestionamientos de los dirigentes de UPCN. Y a varios de ellos no le cayó bien enterarse por los medios, ni el monto que deberá pagar el concejo al asesor, puesto que cobrara el doble que un concejal, cuya dieta es de menos de 15 pesos mensuales.
Luego de firmar el acta acuerdo entre el ejecutivo municipal y los gremios de ATE y UPCN, en el cual se acordó el blanqueo del 50 por ciento de los mil pesos cobrados en negro para diciembre y el restante para febrero, además el otorgamiento de un bono de fin de año de mil pesos, entre otras cuestiones; tanto el referente de ATE Víctor Paredes, como Domingo Paniagua de UPCN, coincidieron en que si bien no están del todo conformes con el acuerdo logrado con el intendente Carlos Fernández, sí reconocieron el esfuerzo que hace el municipio en el blanqueo de parte del sueldo y en particular del bono de fin de año, que por primera vez cobrarán los empleados municipales de Oberá.
Casi al final de la conferencia de prensa, Paniagua reprochó la designación del contador Hugo Benjamín Kupczyszyn, como asesor contable del concejo deliberante, en particular el titular del gremio cuestionó que por dicha tarea se le abonara 30 mil pesos mensuales y sin la exigencia de cumplir horario de trabajo como a cualquier otro empleado. Además Paniagua consideró que es un gasto innecesario y que con los 60 mil pesos que se deberán abonar en concepto de honorarios profesionales, ese dinero se podría destinar al pago del bono de fin de año. También el dirigente de UPCN, reclamó que presentaron una nota solicitando al concejo deliberante una reunión y que hasta el día de la fecha, ni siquiera fue contestada.
Si bien los concejales estaban al tanto del nombramiento del asesor contable, desconocían el monto del contrato, cuestión que no cayó bien en varios de ellos, como al concejal del PRO Horacio Loreiro, quien al ser consultado minutos después sobre el particular, negó la existencia del contrato y del monto, por lo que luego un tanto disgustado se le escuchó decir que el costo político lo deberá pagar Cháves, y no todo los concejales.
Si bien es necesario que los concejales cuenten con un asesor contable y que es facultad del presidente nombrarlo, lo que está en discusión es el monto de los honorarios y el desconocimiento de los demás concejales sobre el particular. Incluso algunos de ellos consideraron que se debería haber llamado a concurso, más allá que es comprensible que el presidente del concejo quiera tener a un profesional de su confianza en el cargo.
De la eficiencia prometida a la deficiencia comprobada
Muchos seguramente recordarán a los integrantes de la lista blanca, hoy administradores de la CELO, criticar y cuestionar fuertemente el déficit que arrojaba mensual y anualmente la cooperativa eléctrica, incluso la asociaban con hechos de corrupción. También por aquel entonces, se les escuchaba sugerir que un gerente que tiene uno o dos balances que arrojen pérdida debería renunciar o lo deberían despedir.
Pero en fin, los actuales administradores no solo siguieron incrementando el pasivo que hoy día supera los 300 millones de pesos, sino que también pretenden cerrar o privatizar algunos servicios, como es el caso de la venta de gas, incluso se habla que tienen la idea de transferir el predio del parque termal a la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza (FATLyF), como parte de la abultada deuda que mantiene la CELO con la entidad gremial.
Desde esta columna habíamos anticipado tiempo atrás, el pensamiento que tenían algunos consejeros del cierre o concesión de algunos de los servicios que brinda la cooperativa a sus socios, cuestión que negaron y desmintieron en su momento. Los motivos por los cuales los actuales administradores de la cooperativa pretenden cerrar el servicio de gas es porque arroja pérdidas, y aquí cabría preguntarnos ¿de quien es la responsabilidad de las pérdidas?, ¿del personal o de los actuales administradores? La respuesta es más que obvia, por cierto.
Además se debe tener en cuenta que los propios trabajadores aportaron sugerencias para que el sector sea rentable, pero no fueron escuchados. Si bien las autoridades de la CELO se comprometieron a mantener la fuente laboral, reubicándolos en otros sectores, lo cierto es que los socios en vez de tener mayores servicios estarían perdiendo uno.
El servicio del gas es un problema claramente de administración, es por ello que los empleados del sector solicitaron poder explicar en la asamblea del próximo 30 de noviembre, los problemas y cuáles son las alternativas de solución para que sea rentable y no se cierre el expendio de gas.
Lo realmente grave y preocupante es que se quiera transferir el predio del parque termal, porque no solo le costó mucho dinero a la cooperativa, sino que se hizo con la idea de la utilización del recurso natural para proveer de agua a los obereños y para la explotación turística, en donde la provincia aportó importantes recursos que podrían pasar a manos de una entidad gremial, que seguramente tendrá otros objetivos e interés. Esto sin dimensionar que se estaría dejando en manos privadas un recurso tan valioso como el agua que proviene del Acuífero Guaraní, y el único parque termal de la provincia en manos de un sindicato, cuando la idea es que sea manejado por entidades públicas de la ciudad.