Luego de las observaciones que realizaron desde la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, la Jefatura de la Policía de Misiones ordenó la clausura de los calabozos de la Seccional Primera y el traslado de los detenidos a otras dependencias de esta localidad.
La medida fue consensuada con el Ministerio de Gobierno, que avaló el reclamo por las precarias condiciones en que se hallaban las personas alojadas en la céntrica comisaría. El hacinamiento al que eran sometidos los detenidos fue varias veces denunciado por familiares y abogados, aunque la situación persistió por muchos años.
La capacidad de las celdas se veía ampliamente superada y era motivo de constantes roces y peleas entre los reos. Incluso, en la última década se registraron varias fugas, lo que puso en evidencia las limitaciones de un edificio construido en la década del 30.
Asimismo, al estar enclavada en pleno centro de la ciudad, cada fuga ponía en riesgo a los vecinos de la zona, ya que el portón del patio da a la avenida José Ingenieros.
En tanto, fuentes de la fuerza anticiparon que existe un proyecto que contempla importantes remodelaciones edilicias, habida cuenta a las necesidades actuales, al tiempo que no volverían a alojar detenidos en la dependencia.
Si bien las autoridades de la Unidad Regional II manejaron el tema con hermetismo, este diario averiguó que la reciente visita de integrantes de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura motorizó la decisión de cerrar los históricos calabozos de la primera comisaría de la zona Centro.
El 25 de octubre pasado, representantes del organismo visitaron las instalaciones de la Seccional Primera y calificaron las celdas como “inhumanas y degradantes”.
En la ocasión, la licenciada Amelia Báez lamentó el estado en que se hallaban los detenidos y las condiciones de los calabozos.
“De ninguna manera son las condiciones normales y están hacinados. Pero el cambio debe partir de una política de estado, por eso vamos a elevar informes y hacer el seguimiento”, enumeró entonces.
Posteriormente, los integrantes de la comisión mantuvieron reuniones con la cúpula de la Policía de Misiones y del Ministerio de Gobierno, organismos que se mostraron comprometidos con el reclamo y tomaron la iniciativa de clausura los cuestionados calabozos.
Historia nefasta
A lo largo de su historia, las celdas de la Seccional Primera fueron escenario de terribles hechos que derivaron en denuncias por abusos sexuales, apremios y torturas.
El homicidio de Hugo Miguel Wasyluk (38) constituye un caso emblemático de la brutalidad institucional, al punto que trece policías irán a juicio como imputados. El 26 de abril del 2011, Wasyluk fue encontrado muerto en una celda de dicha dependencia.
Ese mismo año, el chileno Maximiliano Sepúlveda (37) denunció que fue víctima de violación en la Seccional Primera con complicidad de policías que facilitaron el acceso a su celda de otro detenido. El caso tuvo amplia repercusión en medios nacionales y del vecino país. Días después, desconocidos balearon su casa.
Según Sepúlveda, el 15 de abril concurrió a un boliche junto a su hermano y un amigo. En un momento, cuando los demás fueron al baño, policías de la custodia del lugar lo detuvieron porque supuestamente le había volcado cerveza a una chica.
Pero el denunciante dijo que los policías ya los tenían en la mira por ser homosexual. Ya en la comisaría, los efectivos lo agredieron y lo insultaron, lamentó. El hombre contó que cuando ingresó la celda estaba vacía y luego un policía hizo ingresar a otro detenido que lo sometió sexualmente.
El último hecho fue denunciado a principios de noviembre por Orilde Da Cruz, quien aseguró que su hijo, Axel De Lima (36), fue sometido a crueles sesiones de golpes y torturas en la misma dependencia.
Según la mujer, los problemas del sujeto habrían comenzado cuando se negó a robar para la propia Policía.
“Antes de que lo lleven preso, mi hijo contó que los de la Brigada de Oberá le fueron a hablar para que robe para ellos, pero le contestó que no iba a hacer eso. No estuvo de acuerdo y ahí le dijeron que iban a juntar un montón de causas por robos y le iban a culpar a él”, aseguró.
Caso Acaraguá
Desde la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, confirmaron ayer que intervendrán en el caso de Dian Walter Gruhn (15), el menor que denunció que fue secuestrado, torturado y amenazado de muerte de por efectivos policiales de la Comisaría de Alba Posse.
El caso se conoció el domingo por El Territorio e inmediatamente la Jefatura de la Policía intervino la dependencia y separó del cargo a los policías implicados. Asimismo, se ordenó la instrucción de un sumario administrativo interno para deslindar las responsabilidades del caso.
Gruhn aseguró que el miércoles de la semana pasada fue demorado por tres policías de civil que lo detuvieron camino a su trabajo en la zona urbana de Colonia Acaraguá, donde reside.
Contó que lo golpearon y amenazaron con un cuchillo, lo esposaron y lo trasladaron en una camioneta particular hasta una zona de malezas, donde lo torturaron hasta que se desmayó para que confiese un hecho que no cometió. “Me decían que me iban a ahogar en el río Uruguay. Yo en serio pensé que me mataban, porque me amenazaron y me pegaron mucho”, relató.
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