En noviembre de 2014, la justicia le dio la razón a los cinco choferes de la empresa Capital del Monte y ordenó que de manera inmediata sean reinstalados “en sus puestos de trabajo y en las mismas condiciones laborales en las que se encontraban con anterioridad a la notificación de sus despidos”. También ordenó el cese de todo comportamiento discriminatorio y antisindical.
Pasaron casi dos años, la causa que lleva adelante la abogada Roxana Rivas se quedó sin juez tras una recusación y apelación presentadas por la empresa.
Recusación y apelación de por medio, la empresa Capital del Monte de Oberá logró demorar el cumplimiento de la orden de la jueza laboral, María de las Mercedes Barrientos. Los trabajadores debieron ser reincorporados en noviembre del 2014 tras una resolución que haciendo lugar a un pedido expreso de los trabajadores ordenaba “reinstalar en sus puestos de trabajo y en las mismas condiciones laborales en las que se encontraban con anterioridad a la notificación de sus despidos a Alejandro Sand, Cesar Ramón Ojeda, Wilson Gusmán Olofsson José Ángel Pedrozo, y Cristian Fernando Vallejos”, medida que debió cumplirse en un plazo no mayor a las 24 horas de notificada la empresa “bajo apercibimiento de disponer sanciones conminatorias”.
La jueza también ordenó el cese de “todo comportamiento antisindical que viole o menoscabe los derechos fundamentales de libertad y asociación gremial de los trabajadores demandantes”.
Los choferes fueron despedidos tras exigir mejores condiciones laborales y salariales, todos ellos además forman parte de la conducción provincial de la Unión de Conductores de la República Argentina (UCRA-CTA), sindicato que se conformó en 2013 de denunciar la pasividad de UTA ante el reclamo de los trabajadores.
