Cansados de esperar y de escuchar sólo promesas, las 17 familias decidieron trasladarse a reclamar frente a la sede comunal quemando gomas y golpeando tambores para ser atendidos por el intendente José Marquez Da Silva.
“Hace 40 días de la última vez que nos mintió el intendente, queremos la autorización para tener agua y luz”, explicó una de las vecinas a El Territorio.
Viven en casas de madera, construidas por el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) en la gestión de la ex intendente Ana Aguirre, y con letrinas como sanitarios. Aproximadamente hay 40 niños en edad escolar.
La necesidad de agua hace que se surtan de un arroyo, “buscamos para todo el agua del arroyo: para tomar, cocinar, lavar ropa y la casa”, comentó una madre y lamentó: “Hay veces que pasamos a oscuras porque no tenemos para comprar velas y es muy oscura la noche”.
Los manifestantes aclararon que si no obtienen respuestas, no descartan que se trasladen a la ruta 103 para cortar el tránsito hasta lograr tener los servicios básicos.
“Quien autoriza es el Iprodha”
Para el intendente, la traba para brindar la autorización está en el Iprodha. “Desde enero estamos gestionando ante la entidad provincial, pero la respuesta es que el Iprodha tiene que venir a realizar el estudio socioambiental a todas las familias”, explicó Márquez Da Silva.
Ante toda esta situación, el alcalde se sinceró y reconoció que hay un litigio judicial sobre la usurpación de las viviendas en época electoral y ese sería el problema para entregar los permisos.
Afirmó, sin embargo, que se compromete nuevamente a seguir intentando gestionar para que se destrabe el conflicto con los vecinos.