Apuntan a la ex encargada del Centro de Documentación Rápida del barrio Cien Hectáreas, quien ya fue relevada de su cargo.
Tras detectar un desfalco de alrededor de 10 mil pesos, las autoridades del Registro Provincial de las Personas decidieron el relevo del cargo de quien se desempeñaba como responsable del Centro de Documentación Rápida (CDR) del barrio Cien Hectáreas de esta localidad.
La decisión se oficializó a mediados de la semana pasada, cuando la implicada tuvo que entregar el sello de la institución que estaba a su cargo. Paralelamente, se radicó una denuncia penal y se inició la instrucción de un sumario administrativo interno para determinar las responsabilidades del hecho.
Según fuentes del organismo provincial, desde hace alrededor de un año la ex encargada del CDR de Cien Hectáreas comenzó a rendir los fondos de la recaudación de manera intermitente.
Por ello, en principio fue apercibida e intimada por las autoridades a reponer el faltante, aunque la situación persistió en el tiempo y en consecuencia decidieron separarla del cargo.
“En los CDR se hace todo tipo de trámites, desde renovación de DNI a 35 pesos, hasta el pasaporte que cuesta 400. La rendición de los trámites es quincenal, pero la funcionaria separada hacía un año que depositaba cuando quería. Se estima un desfalco de 10 mil pesos”, precisó una fuente del organismo provincial.
En tanto, precisó que las primeras irregularidades fueron detectadas en octubre, instancia en la que funcionaria sospechada fue apercibida e intimada a reponer el faltante.
“Como no pudo hacer frente a la deuda, la semana pasada fue apartada del cargo y en su reemplazo asumió otra persona. La ex encargada del CDR tuvo que entregar el sello y está suspendida. Además del sumario interno, se radicó una denuncia policial con intervención de la Justicia penal”, agregó.
La ex encargada estuvo tres años al frente de la delegación de Cien Hectáreas, por lo que ahora se investigan posibles faltantes retroactivos.
En mayo pasado, la intervención dispuesta por la Dirección del Registro Provincial de las Personas halló serias irregularidades en la delegación de San Vicente, al punto que se vieron en la obligación de incinerar miles de DNI que no fueron entregados en tiempo y forma por las autoridades relevadas del cargo.
El desmanejo era tal que el panchero de la cuadra solía entregar los DNI en el mostrador, lo que marca la falta de control y compromiso que existía en la delegación local. “Como es compinche entraba y atendía a la gente, sin ser empleado ni nada”, comentaron.
10.000
Pesos. Sería el monto detectado como faltante por parte de las autoridades del Registro Provincial de las Personas. Las irregularidades fueron detectadas en octubre, instancia en la que la funcionaria fue apercibida