Tras constatar que al menos una decena de actas de infracción no fueron remitidas en tiempo y forma al sistema de la Municipalidad para su tratamiento, la Jefatura de la Policía de Misiones tendría argumentos suficientes para ordenar el relevo del jefe de la División Seguridad Vial de esta localidad.
Entre las irregularidades halladas, se destaca la redacción de actas provisionales que no se ajustan a los parámetros fijados por la Ley Nacional de Tránsito. En consecuencia, a mediados de octubre la Jefatura ordenó la instrucción de un sumario administrativo.
Luego de cruzar datos con el sistema informático de la comuna, se confirmó la existencia de actas de infracción de varios meses sin ser elevadas al Tribunal de Faltas, único órgano de juzgamiento de las multas de tránsito en esta jurisdicción.
El caso salió a la luz por las páginas de El Territorio y derivó en la inmediata intervención del jefe de la Dirección de Seguridad Vial de la Policía, comisario general José Mazur, quien ordenó una exhaustiva investigación interna.
Como primera medida, se ordenó el traslado de dos efectivos de Seguridad Vial, un sargento y un cabo, quienes redactaron o tuvieron contacto con algunas actas cuestionadas.
En tanto, fuentes del caso anticiparon que la magnitud del escándalo alcanzaría a la máxima autoridad de la dependencia, puesto que algunos subalternos habrían ratificado que “el propio jefe arregla con los infractores”.
Otro aspecto relevante de la investigación fue el informe remitido por la Dirección de Inspección General de la Municipalidad, en conjunto con el Tribunal de Faltas, respecto a una serie de actas denunciadas que no fueron remitidas por la Policía de Tránsito para el correspondiente tratamiento.
“Hay una decena de multas que no aparecen en el sistema. También es llamativo que un acta del 8 de agosto, que no figuraba en el sistema, fue remitida por la Policía el mismo día en que salió la nota en el diario, más de dos meses después de redactada”, subrayó un alto funcionario municipal.
De corroborarse las irregularidades señaladas, los responsables podrían ser pasibles a los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho y desfalco al Estado.
Pruebas contundentes
Entre los casos que no figuran en el sistema municipal, se encuentra el acta 130.942 del 28 de julio. Se trata de un camión Dodge cuyo conductor contaba con un carné que no era acorde a la categoría, carecía de cédula verde, seguro obligatorio, IPA, RTO y falta total de luces traseras.
En consecuencia, el personal de Seguridad Vial retuvo la licencia y el vehículo. Por las faltas enumeradas, el propietario debería abonar una multa de alrededor de cinco mil pesos, pero la infracción nunca fue girada al Tribunal de Faltas.
También despierta suspicacia la redacción de actas provisionales que no se ajustan a la Ley Nacional de Tránsito, una circunstancia repetida que haría pasible de sanción y relevo del cargo a los responsables de la División Seguridad Vial.
El juez de Faltas de Oberá, Francisco Sá, explicó que si la autoridad de aplicación constata que el vehículo presenta irregularidades en cuanto a la seguridad, se puede labrar un acta provisional y el infractor tiene 72 horas para reparar la irregularidad.
“Pero lo limita a la retención de vehículo, no cuando corresponde retener la licencia. Es decir, sólo se aplica para el caso que corresponda retener el vehículo, como lo indica el artículo 72 inciso C de la Ley de Tránsito”, remarcó. Asimismo, puntualizó que la norma exceptúa a los transportes de carga y pasajeros.
En consecuencia, a partir de los dichos del propio juez de Faltas y en base a la documentación a la que accedió este medio, en por lo menos dos casos el personal de la División de Seguridad Vial habría violado la ley que debería hacer cumplir.
Por ejemplo, el acta 130.903 del 17 de junio pasado corresponde a un camión Fiat que fue retenido por la Policía porque el conductor carecía de licencia de conducir, cédula verde, seguro, constancia de Impuesto al Parque Automotor (IPA) y Revisión Técnico Obligatoria (RTO). La multa se consignó como “provisional por 72 horas”, lo que constituiría una irregularidad por tratarse de un transporte de carga.
En el caso del acta 131.962 del 1 de septiembre, “provisional por 72 horas”, se registró un utilitario Peugeot Partner con falta de RTO. En este caso se retuvo licencia, por lo que no correspondería el carácter provisional.