El magistrado Francisco Sá explicó alcances y limitaciones de las actas provisionales, clave en la investigación del caso. El escándalo podría derivar en el relevo del jefe de Seguridad Vial de Oberá.

La redacción de actas provisionales que no se ajustan a los parámetros fijados por la Ley Nacional de Tránsito haría pasible de sanción y relevo del cargo a efectivos de la División Seguridad Vial de esta localidad.
Las presuntas irregularidades fueron denunciadas a través de este diario por personal subalterno de la dependencia que aportó documentación al respecto, como ser actas de infracción de varios meses que no fueron remitidas a la Dirección de Tránsito Municipal, ni elevadas al Tribunal de Faltas, único órgano de juzgamiento.
Publicado el informe periodístico, el último jueves la Jefatura de la Policía de Misiones ordenó la instrucción de un sumario administrativo interno para deslindar las responsabilidades del caso.
Ante la gravedad del hecho, El Territorio consultó al juez de Faltas de Oberá, Francisco Sá, quien explicó los alcances y limitaciones de las actas provisionales, al tiempo que señaló que semanas atrás personal de Seguridad Vial de la Policía le comentó que “lo hacían así porque estaban cumpliendo órdenes”.
Al respecto, el magistrado mencionó que si la autoridad de aplicación constata que el vehículo presenta irregularidades en cuanto a la seguridad, se puede labrar un acta provisional y el infractor tiene 72 horas para reparar la irregularidad.
“Pero lo limita a la retención de vehículo, no cuando corresponde retener la licencia. Es decir, sólo se aplica para el caso que corresponda retener el vehículo, como lo indica el artículo 72 inciso C de la ley de tránsito”, remarcó. Asimismo, puntualizó que la norma exceptúa a los transportes de carga y pasajeros.
En consecuencia, a partir de los dichos del propio juez de Faltas y en base a la documentación a la que accedió este medio, en por lo menos dos casos el personal de la División de Seguridad Vial habría violado la ley que debería hacer cumplir.

“Cumpliendo órdenes”
Por ejemplo, el acta 130.903 del 17 de junio pasado corresponde a un camión Fiat que fue retenido por la Policía porque el conductor carecía de licencia de conducir, cédula verde, seguro, constancia de Impuesto al Parque Automotor (IPA) y Revisión Técnico Obligatoria (RTO). La multa se consignó como “provisional por 72 horas”, lo que constituiría una irregularidad por tratarse de un transporte de carga.
En el caso del acta 131.962 del 1 de septiembre, “provisional por 72 horas”, se registró un utilitario Peugeot Partner con falta de RTO. En este caso se retuvo licencia, por lo que no correspondería el carácter provisional.
Sobre las actas confeccionadas por la Policía hace varios meses y que no aún ingresaron al sistema municipal, generando serias suspicacias y sospechas de coimas, el juez de Faltas fue taxativo: “Si no se carga en el sistema, la infracción no existe”.
Explicó que las actas de infracción se remiten a la Dirección de Inspección General de la Municipalidad, donde se cargan al sistema y después pasan al Tribunal de Faltas. “Pero algunas no llegaron y datan de hace varios meses, lo que preocupa y llama la atención”, reconoció el magistrado.
Por otra parte, comentó que a fines del mes pasado mantuvo una reunión con personal de Tránsito de la Municipalidad y Seguridad Vial de la Policía, donde uno de los temas abordados fueron las actas provisionales, ya que si bien la Ley de Tránsito tiene un artículo que habla de las mismas, su alcance es muy limitado y se aplica en los casos donde corresponde la retención de vehículos que no cumplan con las exigencias de seguridad reglamentaria, exceptuando a los transportes de carga y pasajeros.
“Les pregunté por qué se denominaban así, porque son algo nuevo para nosotros, y me dijeron que lo hacían así porque estaban cumpliendo órdenes”, agregó.

Mucha plata
Hasta el momento, según confirmaron fuentes del caso, se constató que al menos una decena de actas de infracción no fueron remitidas por la Policía al Tribunal de Faltas en tiempo y forma, lo que supone alguna irregularidad.
Incluso, mencionaron que en los últimos meses se registraron varias situaciones al menos sugestivas, como ser la demora en la recepción de multas a conductores que se presentaron ante la autoridad de juzgamiento.
“El jefe dio la orden de anular las actas labradas por el personal, siendo que el único que puede determinar es el juez del Tribunal de Faltas, que es la única autoridad de juzgamiento. El propio jefe arregla con los infractores”, denunció personal policial.
De corroborarse las irregularidades detalladas, los responsables podrían ser pasibles a los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho y desfalco al Estado.
Entre los casos que no figuran en el sistema municipal se encuentra el acta 130.942 del 28 de julio. Se trata de un camión Dodge cuyo conductor contaba con un carné que no era acorde a la categoría, carecía de cédula verde, seguro obligatorio, IPA, RTO y falta total de luces traseras.
En consecuencia, la personal de Seguridad Vial retuvo la licencia y el vehículo. Por las faltas enumeradas, el propietario debería abonar una multa de alrededor de cinco mil pesos, pero la infracción nunca fue girada al Tribunal de Faltas.
Más irregularidades
La instrucción del sumario administrativo en la División Seguridad Vial podría derivar en el relevo del titular de la dependencia, comisario mayor Mario Olivera, de corroborarse una serie de serias irregularidades ligadas a la confección de actas provisionales, posibles coimas y cobro de servicios no realizados.
Sobre este último punto, El Territorio accedió a copias de planillas de registro diario de servicios ordinarios de la dependencia, donde consta la presencia del personal de turno.
Dicha documentación se eleva a la superioridad para el pago de los sueldos y tiene peso de declaración jurada. En tanto, según se desprende de datos aportados por el propio personal, en algunos casos la información volcada en dichas planillas no se condice con el libro de guardia, favoreciendo a allegados del jefe con el cobro de horas no trabajadas.
También surgieron dudas en la designación de servicios adicionales, una cuestión recurrente en el ámbito de la Unidad Regional II. Al respecto, personal de la Comisaría de San Martín reclamó por un servicio que se realiza en el predio de los mesiteros de avenida Misiones y Bárbaro. Según explicaron, el mismo está a cargo de un uniformado que realizaría exclusivamente dicha tarea, sin acudir a la guardia.

Fuente:

Territoriodigital

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