La Cooperativa Eléctrica Limitada Oberá emitió un comunicado tras la difusión de una publicación periodística que señalaba una presunta pérdida millonaria e inconsistencias internas. Desde la entidad afirmaron que la información fue presentada de manera parcial, incompleta y fuera de contexto.
La Cooperativa Eléctrica Limitada Oberá (CELO) emitió un comunicado público en respuesta a una reciente publicación periodística que difundió acusaciones vinculadas a presuntas irregularidades contables, una supuesta pérdida acumulada de más de 12 mil millones de pesos en cuatro meses y el despido de una auditora interna.
Según la publicación difundida, los señalamientos estarían basados en informes internos atribuidos a profesionales contables, en los que se describen registraciones pendientes, atrasos en la actualización contable, inconsistencias en saldos, falta de registros vinculados a obligaciones fiscales y observaciones sobre la razonabilidad de los resultados del período analizado.
También se mencionó el despido de una auditora interna de la institución, situación que, de acuerdo con esa versión, estaría relacionada con la detección de irregularidades. Además, la publicación hizo referencia a posibles acciones legales iniciadas por la profesional tras su desvinculación.
Frente a esas afirmaciones, la CELO rechazó categóricamente lo difundido en medios digitales y sostuvo que la información fue presentada de manera “maliciosa, parcial e incompleta”. La cooperativa indicó que los datos fueron sacados de contexto a partir de un informe interno y remarcó que no incorporan ingresos correspondientes a meses del período analizado.
Desde la entidad también señalaron que la cifra publicada, tomada de manera aislada, “no constituye un resultado definitivo” ni puede ser analizada por sí sola. En ese sentido, consideraron que presentarla como un resultado definitivo de gestión “es irresponsable” y configura una interpretación sesgada de la realidad.
En el mismo comunicado, la CELO aseguró que la gestión institucional cumple con los controles estatutarios y legales vigentes, así como con sus obligaciones hacia socios, empleados y proveedores.
La situación tomó estado público en un contexto de fuerte sensibilidad comunitaria, debido al rol central que cumple la cooperativa en la prestación de servicios esenciales como energía eléctrica y agua potable en Oberá y localidades de la zona. Hasta el momento, la respuesta oficial de la institución se limita al comunicado difundido públicamente, en el que rechaza las acusaciones y cuestiona la forma en que fueron presentados los datos.
