En la pantalla del celular, un viaje barato parece una buena noticia. Un toque, un auto que llega, unos pesos menos que el remis.
Todo rápido, cómodo, moderno. Pero detrás de esa notificación hay algo que no se ve: una familia esperando que ese viaje alcance para comer, para cargar combustible, para pagar el seguro, para estirar un mes que nunca cierra.
La batalla por el transporte urbano en Argentina ya no se discute solo en concejos deliberantes ni en ordenanzas municipales. Se libra en la calle, en los autos, en los bolsillos de miles de choferes que manejan para aplicaciones creyendo que trabajan en libertad, cuando en realidad corren dentro de un sistema que los exprime.
Rosario se convirtió en el símbolo de este modelo desbordado. Con unas 4.000 licencias de taxi habilitadas, circulan alrededor de 30.000 conductores de plataformas. No es competencia: es una avalancha.
Un mercado saturado donde cada nuevo chofer reduce la ganancia del otro, mientras la aplicación sigue cobrando su comisión sin asumir riesgos.
En Posadas, el fenómeno crece con fuerza. Entre 3.000 y 5.000 conductores ya trabajan para apps.
Y en Oberá, más silenciosamente, la historia se repite: tarifas que bajan, costos que suben y jornadas que se estiran para poder sobrevivir. La geografía cambia; la precarización, no.
Las empresas se escudan en la letra chica. Para Uber y sus pares, no hay empleados: hay “socios”, “terceros proveedores”, trabajadores independientes que aceptan términos redactados en oficinas lejanas, bajo leyes extranjeras.
El chofer pone el auto, el tiempo, el desgaste, el riesgo. La plataforma pone el algoritmo… y se queda con la moneda.
Juan Valerdi, economista de la Universidad de La Plata, lo dice sin rodeos «este sistema funciona como un esquema piramidal. Tarifas bajas que no cubren costos reales, sobreoferta de conductores y una rotación constante de personas que entran con esperanza y salen descapitalizadas».
Y agrega «muchos creen que ganan porque cobran todos los días, pero en realidad están gastando su propio capital, quemando su herramienta de trabajo para sostener una ilusión».
El reciente paro de choferes de Uber en Rosario fue una grieta en ese silencio. No fueron mayoría, pero fueron síntoma.
Tarifas congeladas desde hace años, combustible en alza, repuestos imposibles, algoritmos que premian aceptar viajes baratos y castigan al que intenta cuidar su ingreso. Ahora el reclamo se traslada a Posadas. Mañana puede ser Oberá. El malestar avanza más rápido que la regulación.
Desde nuestra ciudad, un conductor lo resumió con una frase que duele: “Detrás de cada notificación hay una familia”. Y ahí aparece la paradoja de estos tiempos.
Celebramos pagar menos un viaje, pero no queremos mirar quién absorbe la diferencia. Defendemos el ahorro individual, pero nos cuesta practicar la solidaridad colectiva.
También está el Estado, siempre señalado como problema y, al mismo tiempo, reclamado como salvación.
Cuando el sistema se vuelve injusto, son los propios trabajadores quienes piden controles, reglas, límites. La pregunta es incómoda, pero inevitable: ¿queremos un mercado sin frenos o un Estado que garantice condiciones dignas?
La tecnología no es el enemigo. El problema aparece cuando la innovación se transforma en una máquina de precarizar, cuando el progreso se apoya en jornadas eternas, ingresos inestables y derechos diluidos.
El viaje barato existe. Pero alguien lo está pagando.
Y casi nunca es la aplicación.